Por Fausto Fernández Ponte
“El debate entre el PRI y el PAN es una ´pelea arreglada´”.
Andrés Manuel López Obrador.
Andrés Manuel López Obrador.
I
En éste día se cumplirán 103 años de la represión violenta del poder político porfiita del Estado mexicano en agravio de los mineros huelguistas de Cananea, cuyas demandas salariales de entonces no eran distintas a las que plantean hoy.
Esa represión fue el detonante, en la cronología histórica, del movimiento social, político y armado que conocemos como la Revolución Mexicana, proceso de vena épica y fibra epopéyica que cohesionó a la sociedad durante generaciones.
Ese chispazo de 1906 incendió al país. Y aunque ese incendió culminó en 1917, según los historiadores orgánicos de generaciones posteriores, adheridos filosóficamente al nuevo Estado mexicano pseudos-revolucionario y a su largueza crematística.
Empero, ese proceso –la Revolución Mexicana— fue solamente una etapa o un hito en el aun interminable “continuum” de las luchas históricas del pueblo de México por reivindicar derechos y desasirse de yugos y opresiones propias y ajenas.
Después de 1917 –la culminación, únicamente, de una etapa-- , con la promulgación de la Carta Magna que, parchada e irreconocible hoy, nos rige aun, el movimiento revolucionario cayó en latencia hipnótica, epidural, secuela de la simulación.
Y es que, a partir de 1917, se simuló la instauración de un Estado revolucionario, sostenido por afinidades materiales, cohesionantes, entre el poder político emergente, en ascenso, y de cuño nuevo, y los antiguos potestatarios enemigos, ya amigos.
Ambas fuerzas –las del naciente poder político del Estado presuntamente revolucionario y las atávicas hasta entonces enemigas-- se cohesionaron en torno a la base económica, ajena tanto entonces como hoy al interés social.
II
Y socios y cómplices, por añadidura. El nuevo poder político del Estado se entreveró con los poderes atávicos, surgiendo, así, potestades fácticas nuevas. Éstas devinieron, generaciones más tarde, en el control de dicho poder político del Estado.
Y así estamos hoy. El poder político del Estado mexicano ha sido controlado por personeros de laya ideológica-político identificada por la expresión antisocial de las aversiones de clase –la “clase política” privilegiada— de aquellos.
Los contrarrevolucionarios que ordenaron la represión de los mineros de Cananea en 1906 se mimetizaron con los revolucionario, pero desde 1940 exhibieron, ya sin tapujos ni pudores, su cobre verdadero. Pero simulaban ser revolucionarios.
Incluso, fundaron un partido político denominado, precisamente, “Revolucionario Institucional”. La simulación en el ejercicio del poder político del Estado pseudo-revolucionario accedió a estadios de perverso virtuosismo y filigrana sin parangón.
El virtuosismo y la filigranería ha ido cesando desde 1940, sustituida por una tosca, palurda y cerril rusticidad, de zafia brutalidad, prevaleciente hoy, bajo siglas partidistas distintas, pero convergentes en el fondo. Hasta el 2000, el PRI; desde entonces, el PAN. .
Simular fue combinada con la aplicación de prácticas represivas en agravio de los descontentos y las discrepancias y disidencias e incluso insurgencias sociales reivindicadoras, civiles o político-militares: hay muchos presos políticos, desaparecidos.
La represión del Estado –monopolista de la violencia legal-- se practica con varias modalidades y estilos, en un espectro que va desde la cooptación hasta la violación de derechos humanos representados en el secuestro, la tortura y el encarcelamiento ilegal.
III
No en vano el Estado mexicano es conocido en el mundo como uno de los más violadores de derechos humanos, atributo nada edificante cincelado por otros logros prolijamente fehacientes: el mayor torturador y el más secuestrador ¡en el mundo!
Más no sólo eso, caro leyente. También es célebre –tristemente— el Estado mexicano por su forma de organización política (o modelo político) nominalmente una democracia, pero sustentada sobre prácticas antidemocráticas muy documentadas.
¡Qué honor! Pero pocos son los mexicanos conscientes de esas peculiaridades aberrantes del Estado, cuyo poder político ha trocado la filigranería y el barroco para simular y se desempeña grotesca, groseramente, burdo.
Esto nos lleva a Cananea. La represión que hizo arder la yesca en 1906 continúa imparable, más espectacular y dramática que hace un siglo, lo cual induce a pensar que la Revolución Mexicana no cambió la cosas y, por ello, fracasó; se desvirtuó. Abortó.
Si el estado de cosas injusto, desigual e inicuo continúa inmutable e imbatible un siglo después de haber motivado un proceso revolucionario --de transformación-- es algo para preocuparse. En el fondo, estamos igual que en 1906 y, tal vez, que en 1806.
Lo que se ha metamorfoseado es la forma; es decir, mutaciones en los estilos de opresión y represión, aunque el paisaje físico y demográfico es otro.
Más allá de esos matices superficiales, en todo el país los problemas de los mexicanos son exactamente de la misma naturaleza causal de hace siglos. Los mineros de Cananea padecen la opresión que sufrieron sus abuelos; sólo ha cambiado el calendario.
ffponte@gmail.com
www.faustofernandezponte.com
Glosario:
Crematística: interés pecuniario de una actividad
Epidural: dicho de un tipo de anestesia.
Epopéyica: de epopeya. Conjunto de tradiciones literarias épicas de un pueblo.
Latencia: de latente.
Yesca: materia muy seca, preparada de suerte que cualquier chispa prenda en ella.
El epicentro del conflicto minero
Miguel Concha
El próximo lunes se cumplen 103 años de la represión patronal y gubernamental contra la primera huelga de la historia de México, la de los mineros de Cananea, en el régimen porfirista. Por distintas razones es considerada por los historiadores como la chispa que incendió la revolución social de 1910. En un documentado análisis de coyuntura publicado en febrero de 2007, desde la perspectiva de los derechos humanos, y cuyo título es A cien años de Cananea: el protagonismo minero bajo el acoso del Estado mexicano, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) afirma que a diez décadas de distancia los trabajadores mineros no dejan de reivindicar sus derechos y de movilizarse en su defensa, porque la actividad minera ancestral en la vida económico-laboral del país, no deja de enriquecer a unos pocos propietarios, que lejos de compartir las ganancias desprecian a los trabajadores que las multiplican; y porque el poder empresarial sigue manteniendo como principal aliado al poder político.
En el 12 Informe de Violaciones a los Derechos Humanos Laborales en México, de 2008, que el Cereal presentó hace unas semanas, expresa que la creciente preocupación por el deterioro de las condiciones de vida y de organización de los trabajadores mineros que paradójicamente revelaban “situaciones cada vez más inseguras, precarias e injustas” en un ciclo de “signos alentadores para la minería mexicana” fue lo que llevó a elaborar con urgencia aquel informe sobre las violaciones a los derechos humanos laborales de los trabajadores de ese sector durante 2006. Expresa, sin embargo, que 2008 confirmó algunas de esas preocupaciones y el entorno en que se dan. Entre ellas menciona la prolongación de la conflictividad obrero-patronal focalizada, y afirma que la huelga en Cananea se convirtió en el epicentro del conflicto minero. Todo mundo recuerda que el 30 de julio de 2007 los mineros declararon la huelga por violaciones graves al contrato colectivo de trabajo, y que la empresa Grupo México nominalmente de Germán Larrea obtuvo sin problemas en cuatro ocasiones laudos consecutivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), que declaraban inexistente el movimiento, así como que en todas esas ocasiones la justicia federal amparó a los trabajadores.
Se sabe igualmente que el 5 de marzo de este año la empresa obtuvo de la Secretaría de Economía una inspección, según los trabajadores amañada, a cargo de la Dirección General de Minas, para verificar las condiciones de la mina. En un solo día, el 20 de marzo, esa dependencia produjo una resolución, la notificó a la empresa y ésta presentó una demanda ante la JFCA, la cual la admitió y fijó para el 14 de abril una audiencia. Como escribió Arnaldo Córdova en estas mismas páginas el 26 de abril, “los mineros dieron demostraciones a la prensa que quiso asistir de que la maquinaria y las instalaciones de la mina estaban en perfectas condiciones de funcionamiento, y que la ‘inspección’ era una farsa”. Pasada la medianoche del 26, la JFCA falló una vez más en favor del Grupo México, dando ahora por concluidas las relaciones laborales con los mil 200 trabajadores de la mina, quienes, por cierto, se encuentran en paro desde hace casi 22 meses, sentenciando a la empresa a indemnizarlos con tres meses de salario, más la prima de antigüedad, consistente en 12 días de salario por cada año de servicios prestados.
Como en las anteriores ocasiones, el 27 de abril se informó que el juez segundo de distrito en materia laboral en el Distrito Federal falló en favor de los mineros de Cananea, y con base en dos amparos determinó conceder la “suspensión definitiva” contra el laudo que pretendía dar por terminadas las relaciones laborales y contractuales entre la empresa minera Cananea y los trabajadores, por lo que éstos no deberán ser desalojados de las instalaciones y podrán continuar su huelga legal. Queda pendiente para los próximos días en un tercer colegiado la resolución de otro amparo en contra de la anulación del contrato colectivo, pero no deja de llamar la atención el hecho de que el 15 de mayo el apoderado legal del sindicato haya informado a la prensa que la JFCA había notificado “la pérdida del expediente que integra el proceso legal derivado del conflicto en la mina de Cananea, Sonora”, lo que consideró como “otra estrategia para retardar el proceso”.
Todo esto pone en evidencia la falta de implementación en el país de medidas estructurales para garantizar el respeto y la protección de los derechos laborales como derechos humanos, así como la puesta congruente al día de las autoridades, instituciones y legislación del trabajo para alcanzar una mediación justa entre los factores de la producción, en congruencia con los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos aprobados por México. Pone sobre todo en evidencia la importancia de la resistencia obrera para no admitir medidas regresivas en los cambios a la legislación laboral, y la necesidad de crear un instituto con personalidad jurídica y patrimonio propios, con independencia y autonomía para llevar el registro de organizaciones y contratos colectivos, así como la integración de la justicia laboral en el Poder Judicial.
Entretanto, el gobierno mexicano ha sido cuestionado por múltiples organismos internacionales de derechos humanos y de trabajadores, intergubernamentales y no gubernamentales, por su saña contra de los mineros. La lista es larga y sigue creciendo.
Esa represión fue el detonante, en la cronología histórica, del movimiento social, político y armado que conocemos como la Revolución Mexicana, proceso de vena épica y fibra epopéyica que cohesionó a la sociedad durante generaciones.
Ese chispazo de 1906 incendió al país. Y aunque ese incendió culminó en 1917, según los historiadores orgánicos de generaciones posteriores, adheridos filosóficamente al nuevo Estado mexicano pseudos-revolucionario y a su largueza crematística.
Empero, ese proceso –la Revolución Mexicana— fue solamente una etapa o un hito en el aun interminable “continuum” de las luchas históricas del pueblo de México por reivindicar derechos y desasirse de yugos y opresiones propias y ajenas.
Después de 1917 –la culminación, únicamente, de una etapa-- , con la promulgación de la Carta Magna que, parchada e irreconocible hoy, nos rige aun, el movimiento revolucionario cayó en latencia hipnótica, epidural, secuela de la simulación.
Y es que, a partir de 1917, se simuló la instauración de un Estado revolucionario, sostenido por afinidades materiales, cohesionantes, entre el poder político emergente, en ascenso, y de cuño nuevo, y los antiguos potestatarios enemigos, ya amigos.
Ambas fuerzas –las del naciente poder político del Estado presuntamente revolucionario y las atávicas hasta entonces enemigas-- se cohesionaron en torno a la base económica, ajena tanto entonces como hoy al interés social.
II
Y socios y cómplices, por añadidura. El nuevo poder político del Estado se entreveró con los poderes atávicos, surgiendo, así, potestades fácticas nuevas. Éstas devinieron, generaciones más tarde, en el control de dicho poder político del Estado.
Y así estamos hoy. El poder político del Estado mexicano ha sido controlado por personeros de laya ideológica-político identificada por la expresión antisocial de las aversiones de clase –la “clase política” privilegiada— de aquellos.
Los contrarrevolucionarios que ordenaron la represión de los mineros de Cananea en 1906 se mimetizaron con los revolucionario, pero desde 1940 exhibieron, ya sin tapujos ni pudores, su cobre verdadero. Pero simulaban ser revolucionarios.
Incluso, fundaron un partido político denominado, precisamente, “Revolucionario Institucional”. La simulación en el ejercicio del poder político del Estado pseudo-revolucionario accedió a estadios de perverso virtuosismo y filigrana sin parangón.
El virtuosismo y la filigranería ha ido cesando desde 1940, sustituida por una tosca, palurda y cerril rusticidad, de zafia brutalidad, prevaleciente hoy, bajo siglas partidistas distintas, pero convergentes en el fondo. Hasta el 2000, el PRI; desde entonces, el PAN. .
Simular fue combinada con la aplicación de prácticas represivas en agravio de los descontentos y las discrepancias y disidencias e incluso insurgencias sociales reivindicadoras, civiles o político-militares: hay muchos presos políticos, desaparecidos.
La represión del Estado –monopolista de la violencia legal-- se practica con varias modalidades y estilos, en un espectro que va desde la cooptación hasta la violación de derechos humanos representados en el secuestro, la tortura y el encarcelamiento ilegal.
III
No en vano el Estado mexicano es conocido en el mundo como uno de los más violadores de derechos humanos, atributo nada edificante cincelado por otros logros prolijamente fehacientes: el mayor torturador y el más secuestrador ¡en el mundo!
Más no sólo eso, caro leyente. También es célebre –tristemente— el Estado mexicano por su forma de organización política (o modelo político) nominalmente una democracia, pero sustentada sobre prácticas antidemocráticas muy documentadas.
¡Qué honor! Pero pocos son los mexicanos conscientes de esas peculiaridades aberrantes del Estado, cuyo poder político ha trocado la filigranería y el barroco para simular y se desempeña grotesca, groseramente, burdo.
Esto nos lleva a Cananea. La represión que hizo arder la yesca en 1906 continúa imparable, más espectacular y dramática que hace un siglo, lo cual induce a pensar que la Revolución Mexicana no cambió la cosas y, por ello, fracasó; se desvirtuó. Abortó.
Si el estado de cosas injusto, desigual e inicuo continúa inmutable e imbatible un siglo después de haber motivado un proceso revolucionario --de transformación-- es algo para preocuparse. En el fondo, estamos igual que en 1906 y, tal vez, que en 1806.
Lo que se ha metamorfoseado es la forma; es decir, mutaciones en los estilos de opresión y represión, aunque el paisaje físico y demográfico es otro.
Más allá de esos matices superficiales, en todo el país los problemas de los mexicanos son exactamente de la misma naturaleza causal de hace siglos. Los mineros de Cananea padecen la opresión que sufrieron sus abuelos; sólo ha cambiado el calendario.
ffponte@gmail.com
www.faustofernandezponte.com
Glosario:
Crematística: interés pecuniario de una actividad
Epidural: dicho de un tipo de anestesia.
Epopéyica: de epopeya. Conjunto de tradiciones literarias épicas de un pueblo.
Latencia: de latente.
Yesca: materia muy seca, preparada de suerte que cualquier chispa prenda en ella.
El epicentro del conflicto minero
Miguel Concha
El próximo lunes se cumplen 103 años de la represión patronal y gubernamental contra la primera huelga de la historia de México, la de los mineros de Cananea, en el régimen porfirista. Por distintas razones es considerada por los historiadores como la chispa que incendió la revolución social de 1910. En un documentado análisis de coyuntura publicado en febrero de 2007, desde la perspectiva de los derechos humanos, y cuyo título es A cien años de Cananea: el protagonismo minero bajo el acoso del Estado mexicano, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) afirma que a diez décadas de distancia los trabajadores mineros no dejan de reivindicar sus derechos y de movilizarse en su defensa, porque la actividad minera ancestral en la vida económico-laboral del país, no deja de enriquecer a unos pocos propietarios, que lejos de compartir las ganancias desprecian a los trabajadores que las multiplican; y porque el poder empresarial sigue manteniendo como principal aliado al poder político.
En el 12 Informe de Violaciones a los Derechos Humanos Laborales en México, de 2008, que el Cereal presentó hace unas semanas, expresa que la creciente preocupación por el deterioro de las condiciones de vida y de organización de los trabajadores mineros que paradójicamente revelaban “situaciones cada vez más inseguras, precarias e injustas” en un ciclo de “signos alentadores para la minería mexicana” fue lo que llevó a elaborar con urgencia aquel informe sobre las violaciones a los derechos humanos laborales de los trabajadores de ese sector durante 2006. Expresa, sin embargo, que 2008 confirmó algunas de esas preocupaciones y el entorno en que se dan. Entre ellas menciona la prolongación de la conflictividad obrero-patronal focalizada, y afirma que la huelga en Cananea se convirtió en el epicentro del conflicto minero. Todo mundo recuerda que el 30 de julio de 2007 los mineros declararon la huelga por violaciones graves al contrato colectivo de trabajo, y que la empresa Grupo México nominalmente de Germán Larrea obtuvo sin problemas en cuatro ocasiones laudos consecutivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), que declaraban inexistente el movimiento, así como que en todas esas ocasiones la justicia federal amparó a los trabajadores.
Se sabe igualmente que el 5 de marzo de este año la empresa obtuvo de la Secretaría de Economía una inspección, según los trabajadores amañada, a cargo de la Dirección General de Minas, para verificar las condiciones de la mina. En un solo día, el 20 de marzo, esa dependencia produjo una resolución, la notificó a la empresa y ésta presentó una demanda ante la JFCA, la cual la admitió y fijó para el 14 de abril una audiencia. Como escribió Arnaldo Córdova en estas mismas páginas el 26 de abril, “los mineros dieron demostraciones a la prensa que quiso asistir de que la maquinaria y las instalaciones de la mina estaban en perfectas condiciones de funcionamiento, y que la ‘inspección’ era una farsa”. Pasada la medianoche del 26, la JFCA falló una vez más en favor del Grupo México, dando ahora por concluidas las relaciones laborales con los mil 200 trabajadores de la mina, quienes, por cierto, se encuentran en paro desde hace casi 22 meses, sentenciando a la empresa a indemnizarlos con tres meses de salario, más la prima de antigüedad, consistente en 12 días de salario por cada año de servicios prestados.
Como en las anteriores ocasiones, el 27 de abril se informó que el juez segundo de distrito en materia laboral en el Distrito Federal falló en favor de los mineros de Cananea, y con base en dos amparos determinó conceder la “suspensión definitiva” contra el laudo que pretendía dar por terminadas las relaciones laborales y contractuales entre la empresa minera Cananea y los trabajadores, por lo que éstos no deberán ser desalojados de las instalaciones y podrán continuar su huelga legal. Queda pendiente para los próximos días en un tercer colegiado la resolución de otro amparo en contra de la anulación del contrato colectivo, pero no deja de llamar la atención el hecho de que el 15 de mayo el apoderado legal del sindicato haya informado a la prensa que la JFCA había notificado “la pérdida del expediente que integra el proceso legal derivado del conflicto en la mina de Cananea, Sonora”, lo que consideró como “otra estrategia para retardar el proceso”.
Todo esto pone en evidencia la falta de implementación en el país de medidas estructurales para garantizar el respeto y la protección de los derechos laborales como derechos humanos, así como la puesta congruente al día de las autoridades, instituciones y legislación del trabajo para alcanzar una mediación justa entre los factores de la producción, en congruencia con los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos aprobados por México. Pone sobre todo en evidencia la importancia de la resistencia obrera para no admitir medidas regresivas en los cambios a la legislación laboral, y la necesidad de crear un instituto con personalidad jurídica y patrimonio propios, con independencia y autonomía para llevar el registro de organizaciones y contratos colectivos, así como la integración de la justicia laboral en el Poder Judicial.
Entretanto, el gobierno mexicano ha sido cuestionado por múltiples organismos internacionales de derechos humanos y de trabajadores, intergubernamentales y no gubernamentales, por su saña contra de los mineros. La lista es larga y sigue creciendo.
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