El rostro del poder y de las complicidades
Calderodes: el golpe de Iztapalapa
Jaime Avilés
Iztapalapa garantiza de antemano que las elecciones nacionales del 5 de julio no serán libres. Pase lo que pase, la última palabra la dirá María del Carmen Alanís, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a quien Desfiladero le dedica esta entrega para que los (e)lectores sepan cómo llegó a ese cargo y a quiénes sirve.
Hija de Agustín Alanís Fuentes, ex procurador de justicia del Distrito Federal (1976-1982), señalado como corresponsable de los crímenes cometidos por el Estado mexicano durante la guerra sucia de los setenta, María del Carmen Alanís Figueroa fue, desde niña, amiga de Margarita Zavala Gómez del Campo (sí, la prima de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, implicada en la muerte de 46 niños sonorenses, que sigue en libertad).
Por Margarita, Maricarmen conoció a Felipe Calderodes –así le dicen desde que su “gobierno” solapa a los causantes de la matanza de niños en la guardería ABC–, a Germán Martínez –tapadera de los hijos de Marta Sahagún en la Contraloría y presidente del PAN–, y a César Nava, ex abogado general de Pemex y autor de un magno fraude en Coatzacoalcos, Veracruz, reiteradamente documentado por esta columna. En aquel tiempo, cuando todos formaban parte de una alegre palomilla, Felipe era líder juvenil del PAN y, al término de su gestión, promovió la candidatura de Margarita para que lo sucediera en el cargo, pero fracasó.
Licenciada en derecho por la UNAM (se graduó con la tesis Comportamiento electoral mexicano 1812-1990), Maricarmen es maestra en “gobierno comparado” por la London School of Economics. Por palancas de su padre, trabajó en la Secretaría de Gobernación con José Fernando Franco González, hoy ministro de la Suprema Corta, y promovida por éste, realizó diversas funciones académicas en el TEPJF.
En 1999 llega al Instituto Federal Electoral. El 27 de enero de ese año, con el respaldo de los consejeros filopanistas Juan Molinar Horcasitas y Alonso Lujambio (hoy secretarios de Comunicaciones y Educación en el gabinete calderódico), es nombrada directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, puesto que conserva hasta febrero de 2004. Un mes después, el nuevo titular del IFE, Luis Carlos Ugalde, amigo íntimo de Calderón y de Margarita, la designa secretaria ejecutiva.
Pero el 30 de septiembre de 2005 se pelea con Ugalde y renuncia al IFE, y con el reiterado apoyo de Germán Martínez y el visto bueno de los sectores del PRI que representa Manlio Fabio Beltrones, asciende a magistrada del tribunal electoral, presidido en ese momento por Flavio Galván Rivera. Un año más tarde, faltaba más, avala la resolución de septiembre de 2006 que declara “sucia pero válida” la elección presidencial. En ese momento le paga a Margarita y a Felipe los favores de una vida completa.
El 6 de agosto de 2007, sorprendido en la compra fraudulenta de un edificio, Galván Rivera renuncia a la presidencia del tribunal y entonces, por supuesto, Margarita, Germán y Beltrones colocan en su lugar a Maricarmen. Como presidenta del TEPJF, la señora Alanís tiene una gran ventaja que le permite “persuadir” a sus compañeros magistrados y hacerlos votar en el sentido que les indique: ella es la que maneja el presupuesto, la que autoriza el flujo del dinero. ¿Quién se opondría a sus designios, sabiendo que correría el riesgo de quedarse sin recursos y perder privilegios?
Todo lo anterior ayuda a entender con claridad lo que acaban de hacer la señora Alanís y sus colegas en Iztapalapa, incurriendo en conductas que bien pueden clasificarse como delictivas. Iztapalapa es la delegación más grande y más poblada del Distrito Federal: viven allí más de un millón 200 mil habitantes y, desde que el PRD le arrebató el poder al PRI en 1997, ha estado controlada por los hermanos René Arce y Víctor Hugo Círigo, quienes mediante mecanismos clientelares –apoyan a los pobres a cambio de votos– han reproducido el antiguo cacicazgo priísta.
Su dominio empezó a deteriorarse, sin embargo, a finales de 2006, a raíz de la maniobra en que la diputada Ruth Zavaleta –estrechamente vinculada a Círigo y Arce– cedió su lugar en el presídium de la Cámara de Diputados, que estaba tomada por los legisladores del Frente Amplio Progresista, para que lo ocupara Beltrones y Calderón pudiera colarse a través de una rendija para entrar a rendir protesta como titular del Ejecutivo. Ese fue el principio de una alianza entre los perredistas de la corriente de Jesús Ortega, Jesús Zambrano y Carlos Navarrete –a la que pertenecen Arce, Círigo y Zavaleta–, los priístas de Beltrones y el PAN.
En las recientes elecciones internas organizadas por el PRD para definir su candidatura al gobierno de Iztapalapa, Arce y Círigo pagaron un elevado costo político por darle la espalda al movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Clara Brugada, simpatizante y ex colaboradora de López Obrador en el gobierno de la ciudad, obtuvo 99 mil 890 votos. Su contrincante, Silvia Oliva, esposa de René Arce, cosechó 94 mil 560. Silvia estaba en la lona, pero el viernes de la semana pasada acudieron a rescatarla Margarita Zavala, Germán Martínez y el mismísimo Calderodes en la persona de Maricarmen Alanís y demás magistrados del TEPJF.
Estos revisaron los resultados y anularon las actas del número necesario de casillas, incluso de muchas que nadie había impugnado, para quitarle a Brugada 5 mil 500 votos y otorgarle a Oliva una mínima, ridícula e irrevocable ventaja, tipo haiga sido como haiga sido. Peor: antes de emitir su fallo, el tribunal esperó a que salieran de la imprenta las boletas de la contienda, en las cuales quedó estampado el nombre de Clara Brugada como candidata del PRD. La decisión responde, como es obvio, a un cálculo perverso para confundir a los votantes, sobre todo a los más iletrados, pero también para preparar una manipulación fraudulenta. Al actuar de este modo, la señora Alanís despojó a la elección de Iztapalapa del principio de certeza, violando la ley con alevosía y premeditación. Eso la convierte en delincuente electoral y en acreedora a sanciones que la inhabilitarían para seguir al frente del tribunal.
Pero la batalla no ha concluido. En Iztapalapa hay al menos 200 mil brigadistas del “gobierno legítimo” que han empezado a visitar casa por casa –y López Obrador los secundará en esa tarea hoy, mañana, el lunes y el martes– a fin de explicarle a la gente lo que se tiene que hacer, si es que desea revertir la estrategia de Calderodes. Quienes estén en favor de que gane Clara Brugada no deben votar por Clara Brugada sino por el candidato del PT, Rafael Acosta. No es tan difícil. Si éste resulta electo, de inmediato pondrá su cargo a disposición de Marcelo Ebrard para que el jefe del Gobierno del Distrito Federal designe en su lugar a Clara Brugada. En Argentina, en 1973, el dentista Héctor Cámpora, que había estado asilado en México, ganó las elecciones presidenciales y le entregó el poder a Perón (con resultados catastróficos para la inmensa nación sudamericana, pero no por culpa de Cámpora sino del decrépito gobernante justicialista).
Vamos a ver si la resistencia civil pacífica es capaz de derrotar esta nueva variante del ascenso del fascismo, auspiciada por la máxima “autoridad” electoral. Pero hay que estar muy atentos. El golpe de Iztapalapa anticipa que habrá fraudes en otros lugares de la capital y del país. No debe descartarse que Calderodes intente provocar un conflicto político para después culpar a López Obrador, en agosto o en septiembre, del ya esperado agravamiento de la crisis económica. Ante esta perspectiva, ¿quiénes anularán su voto?
jamastu@gmail.com
Iztapalapa garantiza de antemano que las elecciones nacionales del 5 de julio no serán libres. Pase lo que pase, la última palabra la dirá María del Carmen Alanís, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a quien Desfiladero le dedica esta entrega para que los (e)lectores sepan cómo llegó a ese cargo y a quiénes sirve.
Hija de Agustín Alanís Fuentes, ex procurador de justicia del Distrito Federal (1976-1982), señalado como corresponsable de los crímenes cometidos por el Estado mexicano durante la guerra sucia de los setenta, María del Carmen Alanís Figueroa fue, desde niña, amiga de Margarita Zavala Gómez del Campo (sí, la prima de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, implicada en la muerte de 46 niños sonorenses, que sigue en libertad).
Por Margarita, Maricarmen conoció a Felipe Calderodes –así le dicen desde que su “gobierno” solapa a los causantes de la matanza de niños en la guardería ABC–, a Germán Martínez –tapadera de los hijos de Marta Sahagún en la Contraloría y presidente del PAN–, y a César Nava, ex abogado general de Pemex y autor de un magno fraude en Coatzacoalcos, Veracruz, reiteradamente documentado por esta columna. En aquel tiempo, cuando todos formaban parte de una alegre palomilla, Felipe era líder juvenil del PAN y, al término de su gestión, promovió la candidatura de Margarita para que lo sucediera en el cargo, pero fracasó.
Licenciada en derecho por la UNAM (se graduó con la tesis Comportamiento electoral mexicano 1812-1990), Maricarmen es maestra en “gobierno comparado” por la London School of Economics. Por palancas de su padre, trabajó en la Secretaría de Gobernación con José Fernando Franco González, hoy ministro de la Suprema Corta, y promovida por éste, realizó diversas funciones académicas en el TEPJF.
En 1999 llega al Instituto Federal Electoral. El 27 de enero de ese año, con el respaldo de los consejeros filopanistas Juan Molinar Horcasitas y Alonso Lujambio (hoy secretarios de Comunicaciones y Educación en el gabinete calderódico), es nombrada directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, puesto que conserva hasta febrero de 2004. Un mes después, el nuevo titular del IFE, Luis Carlos Ugalde, amigo íntimo de Calderón y de Margarita, la designa secretaria ejecutiva.
Pero el 30 de septiembre de 2005 se pelea con Ugalde y renuncia al IFE, y con el reiterado apoyo de Germán Martínez y el visto bueno de los sectores del PRI que representa Manlio Fabio Beltrones, asciende a magistrada del tribunal electoral, presidido en ese momento por Flavio Galván Rivera. Un año más tarde, faltaba más, avala la resolución de septiembre de 2006 que declara “sucia pero válida” la elección presidencial. En ese momento le paga a Margarita y a Felipe los favores de una vida completa.
El 6 de agosto de 2007, sorprendido en la compra fraudulenta de un edificio, Galván Rivera renuncia a la presidencia del tribunal y entonces, por supuesto, Margarita, Germán y Beltrones colocan en su lugar a Maricarmen. Como presidenta del TEPJF, la señora Alanís tiene una gran ventaja que le permite “persuadir” a sus compañeros magistrados y hacerlos votar en el sentido que les indique: ella es la que maneja el presupuesto, la que autoriza el flujo del dinero. ¿Quién se opondría a sus designios, sabiendo que correría el riesgo de quedarse sin recursos y perder privilegios?
Todo lo anterior ayuda a entender con claridad lo que acaban de hacer la señora Alanís y sus colegas en Iztapalapa, incurriendo en conductas que bien pueden clasificarse como delictivas. Iztapalapa es la delegación más grande y más poblada del Distrito Federal: viven allí más de un millón 200 mil habitantes y, desde que el PRD le arrebató el poder al PRI en 1997, ha estado controlada por los hermanos René Arce y Víctor Hugo Círigo, quienes mediante mecanismos clientelares –apoyan a los pobres a cambio de votos– han reproducido el antiguo cacicazgo priísta.
Su dominio empezó a deteriorarse, sin embargo, a finales de 2006, a raíz de la maniobra en que la diputada Ruth Zavaleta –estrechamente vinculada a Círigo y Arce– cedió su lugar en el presídium de la Cámara de Diputados, que estaba tomada por los legisladores del Frente Amplio Progresista, para que lo ocupara Beltrones y Calderón pudiera colarse a través de una rendija para entrar a rendir protesta como titular del Ejecutivo. Ese fue el principio de una alianza entre los perredistas de la corriente de Jesús Ortega, Jesús Zambrano y Carlos Navarrete –a la que pertenecen Arce, Círigo y Zavaleta–, los priístas de Beltrones y el PAN.
En las recientes elecciones internas organizadas por el PRD para definir su candidatura al gobierno de Iztapalapa, Arce y Círigo pagaron un elevado costo político por darle la espalda al movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Clara Brugada, simpatizante y ex colaboradora de López Obrador en el gobierno de la ciudad, obtuvo 99 mil 890 votos. Su contrincante, Silvia Oliva, esposa de René Arce, cosechó 94 mil 560. Silvia estaba en la lona, pero el viernes de la semana pasada acudieron a rescatarla Margarita Zavala, Germán Martínez y el mismísimo Calderodes en la persona de Maricarmen Alanís y demás magistrados del TEPJF.
Estos revisaron los resultados y anularon las actas del número necesario de casillas, incluso de muchas que nadie había impugnado, para quitarle a Brugada 5 mil 500 votos y otorgarle a Oliva una mínima, ridícula e irrevocable ventaja, tipo haiga sido como haiga sido. Peor: antes de emitir su fallo, el tribunal esperó a que salieran de la imprenta las boletas de la contienda, en las cuales quedó estampado el nombre de Clara Brugada como candidata del PRD. La decisión responde, como es obvio, a un cálculo perverso para confundir a los votantes, sobre todo a los más iletrados, pero también para preparar una manipulación fraudulenta. Al actuar de este modo, la señora Alanís despojó a la elección de Iztapalapa del principio de certeza, violando la ley con alevosía y premeditación. Eso la convierte en delincuente electoral y en acreedora a sanciones que la inhabilitarían para seguir al frente del tribunal.
Pero la batalla no ha concluido. En Iztapalapa hay al menos 200 mil brigadistas del “gobierno legítimo” que han empezado a visitar casa por casa –y López Obrador los secundará en esa tarea hoy, mañana, el lunes y el martes– a fin de explicarle a la gente lo que se tiene que hacer, si es que desea revertir la estrategia de Calderodes. Quienes estén en favor de que gane Clara Brugada no deben votar por Clara Brugada sino por el candidato del PT, Rafael Acosta. No es tan difícil. Si éste resulta electo, de inmediato pondrá su cargo a disposición de Marcelo Ebrard para que el jefe del Gobierno del Distrito Federal designe en su lugar a Clara Brugada. En Argentina, en 1973, el dentista Héctor Cámpora, que había estado asilado en México, ganó las elecciones presidenciales y le entregó el poder a Perón (con resultados catastróficos para la inmensa nación sudamericana, pero no por culpa de Cámpora sino del decrépito gobernante justicialista).
Vamos a ver si la resistencia civil pacífica es capaz de derrotar esta nueva variante del ascenso del fascismo, auspiciada por la máxima “autoridad” electoral. Pero hay que estar muy atentos. El golpe de Iztapalapa anticipa que habrá fraudes en otros lugares de la capital y del país. No debe descartarse que Calderodes intente provocar un conflicto político para después culpar a López Obrador, en agosto o en septiembre, del ya esperado agravamiento de la crisis económica. Ante esta perspectiva, ¿quiénes anularán su voto?
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