Libertad de sufragio

PLAZA PÚBLICA/ El Siglo de Torreón

Por: MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

La proclama de Madero en su propósito de modificar el sistema político porfriano puso el acento en la efectividad del sufragio. Es decir, en su utilidad, en que sirviera para que los ciudadanos eligieran verdaderamente a sus gobernantes. La efectividad del voto lleva implícita la libertad de los gobernados para emitirlo en el sentido que les parezca preferible.
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La libertad del voto en México supone, en primer lugar, la opción de emitir el sufragio o no hacerlo. Si bien tanto la Constitución como el código electoral son deliberadamente ambiguos al definir esa capacidad ciudadana como un derecho (prerrogativa es la denominación constitucional) y una obligación, es claro que todo el desarrollo de las normas y la doctrina al respecto concluyen en que se trata de un derecho público subjetivo. Por lo tanto el territorio en que se puede ejercerlo es muy dilatado, tanto que implica la posibilidad de no usarlo, de abstenerse. Con tono admonitorio es posible reprochar a los abstencionistas deliberados su decisión de no aproximarse a las urnas, pero no se les puede imputar el que falten a una obligación ni es posible imponérseles ninguna sanción (no prevista en parte alguna de la legislación).

Los ciudadanos que acuden a la urna son libres para escoger el sentido de su voto. Pueden escoger anularlo (lo cual es posible, si así se desea, dejando sin marcar la papeleta, en lo que erróneamente se llama votar en blanco pues la boleta es muy colorida), o pueden inscribir un nombre en la línea reservada a los candidatos no registrados) o escoger entre las opciones partidarias. En las elecciones federales se presentan ocho partidos y en algunas entidades donde se renuevan los poderes puede encontrarse alguno más. La gama es, así, muy amplia, y toda está garantizada por la libertad de sufragar que implica, hay que repetirlo, la de no hacerlo.

Sobre esa base habría que desechar el tono de reprimenda y aun ofensivo e insultante que asestan a quienes piensan lo contrario los proponentes y proselitistas de anular el voto (en cualquiera de su modalidades) o los que están convencidos de la necesidad y utilidad de escoger entre partidos y candidatos. La intensa campaña que se ha provocado en torno a ese tema puede ser más productiva, más rendidora para la convivencia democrática si se elimina o cuando menos se atenúa el tufo rijoso de que se ha impregnado el debate paralelo al que debían establecer los partidos para asegurarse la preferencia pública.

Quienes quieren expresar su rechazo al sistema partidario o a la conducta de los partidos, midiéndolos todos con el mismo rasero, metiéndolos todos en el mismo costal hacen bien en calcular los modos y las consecuencias prácticas del voto nulo. Debe considerarse qué entiende como tal el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con sintaxis deplorable el numeral dos del artículo 274 del Cofipe dice que "son votos nulos

El voto por candidatos no registrados se asienta en el acta en lugar separado. De ese modo, tal tipo de sufragio ofrece una ventaja a quienes quieren una misión del sufragio que sea elocuente, que conlleve un mensaje a los partidos. En cambio los votos anulados de manera deliberada se suman sin distinción a los votos nulos por impericia del emisor, que suman un porcentaje apreciable en toda elección en términos variables, que oscilan entre el dos y el cuatro por ciento regularmente. Habrá quienes piensen que es mejor así, para que el número de sufragios anulados voluntariamente aparezca abultado, a efecto de dar mayor contundencia al recado de rechazo que la mayor parte de los impulsores de la anulación del voto quieren lanzar a los políticos profesionales. Pero al mismo tiempo, si la cifra de anulaciones es la ordinaria se perderá el efecto de protesta que se busca dar a esa forma de inutilización del sufragio

La anulación tiene consecuencias para el reparto de asientos en la legislatura y para el financiamiento público que pueden ser contrarias al propósito de la tendencia anulatoria, porque si la invalidación deliberada tiene éxito y hace disminuir la votación efectiva, los partidos obtendrán sus canonjías con menor número de votos

De igual modo que no tacho a nadie que escoja a partidos y candidatos diferentes de los que escojo yo, tampoco reprocho nada a los abstencionistas o anuladores. Por mi parte haré un esfuerzo y tomaré alguna o algunas de las opciones partidarias, en función de los candidatos. Creo en la pertinencia de retomar el sentido original de la representación política, en que los votados reciben un mandato de los votantes, de cuyo ejercicio deben dar cuenta. Entiendo el voto no como la extensión de una carta blanca, sino como un compromiso exigible.