ILEGALIDAD Y ESTADIO-CANTINA

Claudio Tapia

Un ejemplo reciente, de fomento a la cultura de la ilegalidad, que nadie advierte ni condena, nos lo brindan nuestras autoridades con el desaseado manejo de la intentona de construir un Estadio-Cantina en el Parque La Pastora y su zona de amortiguamiento ambiental.
          Al reactivar el compromiso heredado del gobierno anterior, las autoridades estatales informaron a la opinión pública que el ambicioso proyecto mercantil, disfrazado de “Gran Proyecto Ecológico”, provenía de  la empresa cervecera, y que la única y final decisión de llevarlo a cabo en La Pastora, correspondía sólo a ésta.
En consecuencia, las autoridades se limitarían a apoyar el interés público definido y decidido por el presidente de una sociedad anónima creada para lucrar y, renunciando a su deber político y legal, permitirían que el interés colectivo quedara sometido al poder fáctico empresarial. Las ovejas  protegidas por el lobo. Si le va bien a la cervecera le va bien a Nuevo León.
          Ante la arbitrariedad, la reacción de la naciente sociedad civil nuevoleonesa, informada, solidaria y dispuesta a intervenir en las decisiones que afectan la vida pública (legítima expresión del interés público), se dejó sentir.
El colectivo ciudadano organizado para defender el Parque, se movilizó y canalizó su coraje a diversas acciones que van de la obtención de información, difusión,  denuncia y presión, a la movilización en los espacios públicos.
Luego de que la Profepa clausurara el terreno donde se pretende construir el Estadio-Cantina, por violaciones a las leyes ambientales federales
denunciadas por los ciudadanos, la sorprendida cervecera  anunció que, por ese hecho y por una serie de actos ajenos a su control que ponen en entredicho la continuidad de su participación en el proyecto, se retiraba del mismo.
Cualquiera en sus cabales habría concluido que al desistir el “único interesado en el proyecto”, el desencuentro entre gobierno y ciudadanos quedaba resuelto. Las autoridades estatales se liberaban de presiones para privatizar el espacio público; la cervecera se reconciliaba con la sociedad a la que se debe, y la ciudadanía quedaba satisfecha con el rescate de su Parque. Final feliz.
 Pero no. El gozo se fue al pozo. Otra vez a resistir, a defender los espacios públicos, los ecosistemas, y las Áreas Naturales Protegidas, de la voracidad de los no-ciudadanos nacidos del matrimonio político-empresarial.
Los socios emboscados, los que impunemente dilapidan los bienes de la comunidad estando obligados a preservarlos, salieron al rescate, no del parque público ni de la debida aplicación de la ley, sino del ambicioso negocio privado solventado con recursos públicos.
Casi toda la clase política estatal salió en pandilla a linchar al osado delegado federal, que en ejercicio de sus facultades legales se atrevió a aplicar la ley ambiental. Sin atreverse a negar que las acciones que motivaron la clausura sí se realizaron, alegaron que la sanción prevista en la ley para esos casos les parece inadecuada e inoportuna, vista la transcendencia del proyecto e importancia de los personajes involucrados. La ley no se debe aplicar a los importantes y menos si el asunto vale mucho dinero. Un ejemplo de igualdad ante la ley.
La orquestada ofensiva gubernamental para lograr que se lleve a cabo el jugoso negocio, acompañada por la desbalanceada información  de los medios de difusión que, cooptados, administran la ignorancia, revivió el conflicto y exhibió el desprecio de las autoridades por la ley cuando no coincide con sus caprichos o intereses.
 El descomunal ataque al delegado federal que impidió el pretendido cambio de uso del suelo de un espacio público por no ajustarse a los procedimientos legales, y que, en consecuencia, frenó los afanes para desvirtuar su vocación, no abona en nada el fortalecimiento de la cultura de la legalidad. Lo peor es que quienes piden la destitución del funcionario, son los responsables de hacer cumplir las leyes relativas al desarrollo social y urbano, la seguridad y la conservación ambiental. Qué podemos esperar.
Debemos superar la tragedia de vivir en una sociedad en la que los que detentan el poder económico y político se burlan de la ley sin sufrir las consecuencias. Llegó la hora de decirle no a la arbitrariedad. Tenemos que apostar por el imperio de la ley. La cultura de la legalidad garantiza la paz social e individual.
Los que amamos a La Pastora no vamos a permitir el despojo. No, sin que paguen el precio político y social de la ilegalidad.
claudiotapia@prodigy.net.mx