Friday, February 19, 2010

Irrumpe el Ejército y paramilitares en la sierra de Petatlán

Irrumpe el Ejército y paramilitares en la sierra de Petatlán y dejan herido a un vecino, denuncian

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Un convoy con efctivos del Ejército mexicano, acompañados por un grupo de civiles al mando de Misael Orozco Cerna, El Chirris, a quien campesinos identificaron como gente de Rogaciano Alba Álvarez, irrumpió ayer en terrenos de labor de la comunidad La Morena, ubicada en la Sierra de Petatlán.
Los militares incursionaron aproximadamente a la una y media de la tarde de ayer y según la denuncia de campesinos del lugar, llegaron disparando sus armas lo que provocó que una menor de edad resultara lesionada.
Vía telefónica, el campesino ecologista Javier Torres Cruz denunció los hechos la tarde de ayer y dijo que los soldados llegaron disparando a las casas y a la gente que se encontraba trabajando en las tierras de labor en las inmediaciones de La Morena; agregó que posteriormente continuaron su marcha hacia las localidades de Rancho Nuevo y La Prodigia, en donde también dejaron una estela de terror entre los habitantes de esas localidades.
Javier Torres y algunos de sus familiares, quienes han sido permanentemente hostigados por el Ejército alcanzaron a huir hacia el monte.
Entre la confusión se denunció la muerte de dos niñas y que una más se encontraba herida, así como la desaparición de cuatro adultos: Anselmo y Adolfo Torres Rosas, el primero abuelo y el segundo tío de Javier Torres Cruz, así como Isaías Torres Quiroz y otra persona de nombre Hubert, sin embargo posteriormente se informó que estos regresaron a sus casas y sólo se confirmó que Isaías se encontraba herido.
Luego de la irrupción violenta de los militares, Javier Torres Cruz sostuvo comunicación vía telefónica en dos ocasiones con la organización no gubernamental Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), la primera vez a las 2 de la tarde y la segunda a las cinco; en la segunda comunicación aseguró que todavía escuchaba disparos esporádicos en algunos cerros aledaños de donde se encontraban escondidos.
Indicó que ello le hacía suponer que los militares podrían estar incursionando en otras comunidades vecinas.
El dirigente campesino denunció, asimismo, que vía radio un jefe militar que no se identificó estableció comunicación con él y que le advirtió que iban a ir por él.
Ante esta situación, el director del Tadeco, Javier Monrroy señaló que existe el temor de que en cualquier momento los militares avancen en busca de Torres Cruz y del resto de su familia.
“Las mujeres y los niños se encuentran en la comunidad de La Morena con el temor de que en el transcurso de la tarde o noche, incursionen los militares en la comunidad”, dijo el director del colectivo.
Señaló que la esposa de Javier Torres Cruz, Adela Mojica Villa, tiene un embarazo de 5 meses.
“La situación en esa parte de la Sierra es muy tensa y todo hace suponer que esta incursión pretende inhibir a Javier Torres y a su tío Isaías, ahora herido para que desistan de continuar sus denuncias en contra de Rogaciano Alba Álvarez para que responda por la autoría intelectual del asesinato de Digna Ochoa, así como de otros homicidios, despojos y atentados contra campesinos guerrerenses”, dijo Monrroy.
Recordó que desde el 21 de diciembre del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordó el otorgamiento de medidas cautelares para Javier Torres Cruz, las cuales fueron reclamadas por él mismo el 7 de agosto del 2009 ante el titular del Ministerio Público de Azueta, quien se presentó a la comunidad de La Morena para tomarle su declaración ministerial sobre la Averiguación Previa AZUE/PETA/111/2008.
Sin embargo denunció que hasta ahora esas medidas cautelares que pidió la CIDH no han sido otorgadas “de manera dolosa”.
Ante esta nueva incursión del Ejército a la comunidad de La Morena y localidades vecinas, Tadeco demandó un alto al hostigamiento a la familia Torres de La Morena y el “otorgamiento inmediato de las medidas cautelares solicitadas por Javier Torres Cruz”.
Demandó, también, castigo a los agresores, “en especial a quienes hirieron a Isaías Torres Quirós y que se les haga responsables de su integridad física y moral”.
También exigió la integración de la averiguación previa que se le sigue a Rogaciano Alba Álvarez por delitos contra la salud, así como dar trámite a la denuncia presentada por Javier Torres Cruz e Isaías Torres Rosas por la autoría intelectual del asesinato de Digna Ochoa.
El Tadeco exige que se investigue a los militares “que atentaron directamente contra los derechos fundamentales de los habitantes de las comunidades de La Morena, Rancho Nuevo, La Prodigia y las que puedan resultar de esta incursión militar”. Exigió, asimismo la salida inmediata del Ejército mexicano de esos pueblos y de las ciudades de Guerrero.
Llamó a las organizaciones sociales y organismos civiles y de defensa de derechos humanos a solidarizarse e integrarse a las acciones de denuncia y solidaridad con estas comunidades que están siendo hostigadas por los militares.

El Tadeco recibió la noticia del ataque a balazos; la familia Torres huyó al monte





La Jornada de Guerrero 17/02/2010
Denuncian nueva incursión del Ejército en La Morena; un herido
Los soldados llegaron acompañados por sicarios de Rogaciano Alba, señala Javier Torres
La agresión habría alcanzado a Rancho Nuevo y La Prodigia, en la sierra de Petatlán, indica
FRANCISCA MEZA CARRANZA
Efectivos del Ejército Mexicano atacaron las casas de habitantes de La Morena, comunidad de la sierra de Petatlán, e hirieron a Isaías Torres Quiróz, quien junto con su sobrino Javier Torres Cruz, denunció al narcotraficante Rogaciano Alba Álvarez –detenido recientemente por la Policía Federal– de ser el autor intelectual del asesinato de la abogada de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido.
El coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, detalló que, de acuerdo con la información que obtuvo del propio Javier Torres, ayer entre la 1:30 y 1:14 de la tarde un grupo del Ejército, acompañado por presuntos sicarios relacionados con Alba Álvarez, incursionó en los terrenos de la comunidad y dispararon contra las casas, hasta las comunidades Rancho Nuevo y La Prodigia.
Torres Cruz y otros de sus familiares huyeron al cerro, sin embargo, Torres Quiróz recibió tres balazos en diferentes partes del cuerpo.
En un principio, se dijo que dos niñas habían muerto y que una más estaba herida, además de que los adultos Adolfo Torres Rosas, Anselmo e Isaías Torres Quiróz y otra persona de nombre Húbert, estaban desaparecidos, pero más tarde la versión fue desmentida.
Monroy Hernández dijo que Torres Cruz le informó que como hasta las 5:45 de la tarde aún se escuchaban disparos, lo que les hacía suponer que habitantes de otras comunidades eran perseguidos.
Dijo a las 2:40 un soldado estableció comunicación con él mediante un aparato de radiofrecuencia y lo amenazó, le dijo que iban a subir por él, “lo que nos hace temer que en cualquier momento está incursión militar avance en busca del resto de la familia y del propio Javier Torres Cruz”, puntualizó.
El coordinador del Tadeco dijo que hasta ayer por la tarde las mujeres y los niños continuaban en la comunidad con el temor de que en la noche hubiera más incursiones militares; consideró que el ataque es para inhibir la denuncia de Javier Torres y de su tío para que Alba Álvarez responda por la autoría del asesinato de Digna Ochoa, entre otros crímenes que se le imputan.
Por lo anterior, integrantes del Tadeco exigieron un alto al hostigamiento en contra de la familia Torres y el otorgamiento inmediato de medidas cautelares; que se castigue a los agresores y la investigación contra los militares que atentaron contra los habitantes de La Morena, Rancho Nuevo y La Prodigia.
Asimismo, anunciaron una misión civil de observación que partiría este día, conformada por organizaciones sociales y medios de comunicación.

EL SUR 17/02/2010
Sí fue golpeado por militares ebrios el joven asesinado en Tlacotepec, según testigos: Codehum

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Juan Alarcón Hernández, informó ayer que ese organismo certificó y recibió testimonios de que Francisco Javier Martínez, uno de los dos jóvenes que fueron agredidos por militares la noche del viernes de la semana pasada en Tlacotepec, sí estaba lesionado por golpes.
Ello, luego de que el lunes el comandante de la 35 Zona Militar, Roberto de la Vega Díaz dijo a las autoridades municipales de Heliodoro Castillo y a familiares de los dos jóvenes que fueron agredidos, que ambos chocaron cuando huían en un auto ilegal al ver a los soldados, accidente en el cual habría fallecido Juan Alberto Rodríguez Villa.
El presidente de la Codehum Alarcón Hernández informó, asimismo, que la situación en materia de violaciones a los derechos humanos por parte de los militares ya es grave en Guerrero, puesto que han sido presentadas más de 200 quejas del 2009 a la fecha, por lo que exhortó al presidente de la República, Felipe Calderón para que analice y revise su estrategia en contra del crimen organizado, “porque se está afectando a mucha gente de la población que no tiene nada que ver con los hechos; hay sicosis, hay temor, estamos viviendo la sociedad del miedo en este país por todo lo que ha sucedido”, dijo.
Alarcón Hernández fue consultado sobre el tema al término del evento en el que se puso en marcha la Jornada de Difusión para la Prevención del Abuso Sexual en la Niñez y Adolescencia, que se realizó en el auditorio de la Escuela Secundaria Raymundo Abarca Alarcón de esta ciudad.
Explicó que él recibió la llamada a las 2 de la mañana de la misma noche del viernes que ocurrieron los hechos, y que al amanecer envió una brigada de abogados acompañados por un médico de la Codehum.
“Y
la versión de lo que recogieron de las primeras actuaciones en Tlacotepec son en el sentido de que fueron elementos del Ejército quienes golpearon a estos jóvenes, uno de ellos de 18 años quien falleció, (Juan Alberto Rodríguez Villa), el otro de 17 años, (Francisco Javier Martínez), fue lesionado”, dijo.

Añadió que los testimonios de la población confirmaron que fueron elementos del Ejército los que golpearon a los jóvenes, “inclusive que andaban en estado de ebriedad y que le pedían una cantidad al que murió para dejarlo en libertad y al no darles ese dinero lo asesinaron, según las versiones”.
–El médico de la Codehum corroboró que fue golpeado el muchacho?.
–Cuando menos en el lesionado si, inclusive declaró.
Alarcón Hernández señaló que todos los testimonios recabados ya fueron enviados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que proceda, por tratarse de militares los que cometieron los hechos.
Dijo que como presidente de la Codehum “lamenta que ocurran todas estas cosas, mucha gente me ha dicho que ya no saben de quien cuidarse, por eso elevo mi voz al presidente de la República, Felipe Calderón, para que se analice la estrategia, se revisen los métodos que se están aplicando para la persecución del crimen organizado porque se está afectando a mucha gente de la población que no tiene nada que ver con los hechos, hay sicosis, hay temor, estamos viviendo la sociedad del miedo en este país por todo lo que ha sucedido”, denunció.
El ombudsman consideró que por ello ya es tiempo de que el presidente de la República tome medidas sobre el particular para evitar que la sociedad siga en estas circunstancias de temor.
En cuanto a la versión que dio el comandante de la 35 Zona Militar, en el sentido de que los jóvenes chocaron cuando huían y que en el accidente falleció Juan Alberto, dijo que la información que tiene el organismo es otra, pero que se debe de investigar a fondo el caso, “nosotros no vamos a acusar a nadie, decimos la información que recogimos, ahora, si el Ejército toma medidas de investigación y si hay responsabilidad de los elementos a quienes señalan estas personas, que se castiguen, no estamos empecinados en acusar por acusar o señalar por señalar”, señaló el presidente de la Codehum.
Alarcón Hernández
informó que las denuncias en contra de los militares se han incrementado; informó que en lo que va de este año, son aproximadamente 10, “pero en lo general del 2009 y al inicio del 2010 tenemos más de 200 quejas”. Consideró que este número es “insólito” toda vez que el Ejército no había acumulado tal número de quejas.

Recordó que en el 2005 hubo aproximadamente 8 quejas y en el 2006 bajaron a 5; en 2007 a 4 y en 2008 había 3, “pero a finales del 2008, en diciembre para ser exactos, después de los militares decapitados –el 21 de diciembre– se inició una situación muy difícil, y a partir de entonces hubo muchas quejas”.
Alarcón Hernández, coincidió con el presidente municipal de Heliodoro Castillo, Olaguer Hernández Flores, en el sentido de que muchos casos no se denuncian por temor de las victimas, “entonces habrá algunas quejas por ahí que no se han presentado por ese miedo, y en consecuencia estaríamos hablando de un mayor número de quejas, si no fuese en estas circunstancias”.


EL SUR 17/02/2010.
Debe juzgar la justicia civil a militares asesinos de Tlacotepec, dicen sobrevivientes de Aguas Blancas


Aurora Harrison

Sobrevivientes y deudos de campesinos masacrados en el vado de Aguas Blancas solicitaron a las autoridades castigo a los efectivos de la 35 Zona Militar que asesinaron al muchacho Juan Alberto Rodríguez Villa, en Tlacotepec, porque consideraron que los soldados ya “no son bien vistos” por su represión a los luchadores sociales.
En conferencia de prensa, el asesor jurídico de los sobrevivientes y las viudas de Aguas Blancas, José Sánchez Sánchez pidió la salida de los militares y que este caso se lleve a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) para que sean juzgados los elementos castrenses, porque la justicia militar “esta plagada de impunidad”.
“Estamos pidiendo que (el presidente) Felipe Calderón deje de mandar las tropas porque no resuelve nada, Ciudad Juárez está militarizada y día a día se cometen ejecuciones; el problema del narcotráfico se va a resolver cuando haya empleos y desarrollo social, porque a los jóvenes no les dan otra alternativa que ser sicarios” aseveró.
En el Zócalo de Acapulco, Sánchez, acompañado de una decena de personas pidieron a las autoridades castigo a los militares que asesinaron al joven Juan Alberto Rodríguez Villa, además de que pidieron castigo para los asesinos de los luchadores sociales.
Abundó que el Estado mexicano está apostando mal al reprimir al pueblo, cuando debe de invertir en tecnología y en desarrollo; agregó que el gobierno lo que teme, ante un aumento de los niveles de pobreza, que la población se levante.
Sánchez recordó que a raíz de la resolución que emitió la Coidh en el caso de Rosendo Radilla, organismos internacionales pueden atraer esos casos, porque en el fuero militar su justicia está plagada de impunidad y no castiga a los militares que asesinan y comenten abusos.
Cuando se le cuestionó a Sánchez cómo queda el Ejército mexicano con esos hechos y constantes denuncias por abuso de autoridad, declaró que “mal parado, el Ejército no es el Ejército que decíamos en la primaria que un soldado en cada hijo te dio, nos dio palos y nos dio garrotes, no es bien visto desde la época de la Guerra Sucia”.
El abogado dijo que lo único que se reconoce a los militares es la ayuda que da a la población con el Plan DN-III, porque en el combate al crimen organizado “el Estado mexicano es parcial, lo que pretende es militarizar la zona”.
Añadió que las actuaciones del deceso del joven de Tlacotepec golpeado por militares, deben ser actuaciones del Ministerio Público apegadas a la ley y la medicina forense, porque no es lo mismo una muerte por choque que por golpes. 

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