Ciudad Perdida
Gobiernos estatales, instrumentos de la Iglesia
Miguel Ángel Velázquez
A
hora sí, con el clásico fuera máscaras, el cinismo es primero. Felipe Calderón se le fue encima a la ciudad de México. Cinco gobernadores de entidades que administra Acción Nacional, sumisos al mandato de Calderón, pero también atados a sus propios prejuicios, interpusieron una controversia constitucional al parecer contra la ley que permite el matrimonio de parejas del mismo sexo, con el fin de que esa unión civil no tenga efecto en los estados que representan. Esa es la fachada, lo que buscan los azules, con la desesperación que da el mirar que el poder se les va de las manos, es el apoyo de la Iglesia, a la que, por su parte, le urge meter las manos en la política de México.
En síntesis, como ya lo habíamos tratado en este espacio, de lo que se trata es de convertir a la política mexicana y a los actos de gobierno en acciones tuteladas, ordenadas por el Estado Vaticano y sus jefes políticos, y en ese sentido, intervenir de todas formas para que los gobernantes de México sean fieles a las doctrinas de la Iglesia. De eso se trata.
Por eso desde los gobiernos de Jalisco, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala y Sonora, a los cuales en términos reales no afecta lo que en la capital del país suceda respecto de ese tipo de uniones, se lanzan a buscar que las leyes que se aprueban en el DF no se cumplan en sus entidades, es decir, son los instrumentos que encontró la Iglesia, y que Calderón puso a su disposición para, además, darnos a saber que para ellos, como para el mismo Felipe Calderón, la laicidad es letra muerta.
De esa forma, en el hecho, por encima de la ley, se atiende, nada más, a la demanda de la Iglesia. Uno de los reclamos que esgrimen quienes quieren de cómplice a la jerarquía eclesial para mantenerse en el poder es que los diputados de la Asamblea Legislativa nunca realizaron una consulta para saber hasta qué punto la ciudadanía estaba de acuerdo con la ley que permite el matrimonio y la adopción entre, y por parejas del mismo sexo.
Esto es verdad, pero, ¿y los gobernadores de las entidades que ahora se van en contra de la ley en el DF hicieron la consulta entre los habitantes de los estados que gobiernan para saber si están de acuerdo con la controversia que alientan? No, cuando menos no nos lo hicieron saber.
Los azules de Acción Nacional han declarado ya una guerra santa en contra de las autoridades de la ciudad de México. El gobierno de Marcelo Ebrard, y también la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Alejandra Barrales, deberán tener lista la respuesta legal y política en ésta, que parece la más dura ofensiva del gobierno de Calderón y sus cómplices de la Iglesia contra la administración de la capital.
Si la Iglesia y el PAN logran doblar al Gobierno del DF, de allí en adelante su titular, Marcelo Ebrard, quedará en manos de los caprichos de los azules y de los súbditos del Vaticano. ¡Cuidado!
De pasadita
En el lío que produjo la renuncia de Fernando Gómez Mont al PAN –plática recurrente en toda la ciudad–, se argumentó que este funcionario debería renunciar al cargo toda vez que en sus acuerdos habría traicionado a Felipe Calderón al no mantenerlo informado de los cochupos que preparó con el PRI.
Aunque ese argumento –suficiente para que dejara el puesto– resulta dudoso, por imposible de comprobar con toda certeza, el asunto es que en sus acuerdos el secretario de Gobernación fue parcial en favor de una fuerza política, lo que podría ser violatorio del artículo 134 constitucional, que habla de la equidad que debe propiciar el gobierno tratándose de los partidos políticos, y como se sabe, Gómez Mont habría actuado, desde su función como secretario de Gobernación, para marginar a un organismo político, en ese caso el PRD, impidiéndole, a partir de las condiciones del cochupo, la posibilidad de competir, mediante la alianza con el PAN, en condiciones más equitativas, y con esto favorecía al PRI.
El artículo 134 constitucional advierte que los funcionarios públicos “tienen en todo tiempo –no sólo en momentos electorales, el apunte es nuestro– la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”. Ésa es la palabra de la ley, y los recursos del Estado no sólo son los económicos, así que el secretario de Gobernación podría haber violado la ley, y eso sí debería merecer su renuncia.
De cualquier forma, dejaremos el tema en manos de quienes sí saben de leyes, lo que significa la actuación del hombre encargado de la segunda cartera más importante en el gobierno federal, y ya veremos.
No comments:
Post a Comment