Ejercicio periodístico en México, sin garantías

En los primeros 16 meses de la administración de Felipe Calderón, al menos siete periodistas fueron asesinados y tres sufrieron desapariciones forzadas. Legisladores, académicos y defensores de derechos humanos advierten que las garantías para la actividad en México son casi nulas, mientras la PGR pone en duda la profesión de las víctimas y la relación de los crímenes con su trabajo

Paulina Monroy / Erika Ramírez

Del 1 de enero de 2000 al 31 de marzo de 2008, 38 periodistas fueron asesinados en México; siete de ellos –casi el 20 por ciento– en lo que va del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Los homicidios no son el único agravio contra los comunicadores y medios informativos: desapariciones forzadas, amenazas, intimidaciones, daño en propiedad ajena, “castigo” publicitario, detenciones arbitrarias, demandas por daño moral son apenas el principio de la lista.



En ocho años, del 1 de enero de 2000 al 31 de marzo de 2008, en México fueron asesinados 38 periodistas; siete de ellos en lo que va del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa

De los 219 casos que ha conocido la PGR de febrero de 2006 a la fecha, destacan 88 por amenazas; 25 por homicidios; 19 por “lo que resulte”; 17 por lesiones; 10 por privación ilegal de la libertad y 10 más por robo


Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, señala que “el tipo de agresiones que están sufriendo los periodistas ubican a este país entre los peores del continente y del mundo, en materia no sólo de censura o de amenaza sino de pérdida de la vida”.
En los 16 meses que van de la administración actual, al menos tres periodistas han desaparecido. El Estado mexicano y la omisión de la justicia generan este clima de inseguridad, explica Álvarez Icaza. Agrega que miembros de la delincuencia organizada suelen cometer este tipo de crímenes en contra de los reporteros: el problema es que nunca hay responsables ni culpables, por lo que el Estado manda un mensaje de impunidad, por omisión.
Gerardo Priego, diputado por el Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión Especial para Dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, va más allá: la delincuencia organizada y las malas autoridades son las dos principales fuentes de inseguridad para los periodistas, dice.
El Centro de Periodismo y Ética Pública ha documentado que cuatro de cada 10 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en México provienen del poder público, y que tres de cada 10 se le deben atribuir al crimen organizado.
De acuerdo con datos del Programa de Agravios a Periodistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de enero a agosto de 2007 las agresiones más frecuentes contra comunicadores fueron el ejercicio indebido del cargo y la violación al derecho a la libertad de expresión, al registrar 42 casos (21 por agravante). Al menos el primero –ejercicio indebido del cargo– implica a servidores públicos.
De 2005 a la fecha, dicho programa ha recibido 273 quejas que podrían constituir violación a los derechos humanos de los periodistas y medios de información.




Impunidad, principal riesgo

El respeto a los derechos asociados a las libertades de expresión, prensa y pensamiento es un indicador básico de la salud que guarda un régimen democrático; si se sigue ese criterio, la democracia mexicana tiene señales de alarma, explica el ombudsman capitalino. Álvarez Icaza añade que el Estado no está garantizando la libertad plena del ejercicio periodístico ni está cumpliendo las obligaciones internas y del derecho internacional de los derechos humanos.
En los primeros ocho meses de 2007, la CNDH documentó 13 agresiones contra periodistas por amenazas; siete detenciones arbitrarias; seis casos de integración irregular de la averiguación previa; cinco de intimidaciones, e igual número de casos por tratos crueles y degradantes. Dos de estos agravios –detenciones arbitrarias e integración irregular de la averiguación previa– involucran a funcionarios encargados de impartir justicia.
Para el diputado Gerardo Priego, no basta tener buenas leyes sino que éstas se cumplan, pues en México, indica, “impera la impunidad: 98 de cada 100 delitos no se castigan”. Aunque información de la CNDH y reportes periodísticos demuestran que de 2000 a la fecha fueron asesinados 38 periodistas, la Procuraduría General de la República (PGR) admite 35 muertes por homicidio.
Más aún, la PGR –de la que dependen la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas– pone en duda la profesión de las víctimas y la relación del homicidio con su labor.
“En México, tanto en el fuero común como en el federal, se tiene el registro de 35 asesinatos cometidos contra periodistas de 2000 a la fecha. Aunque se suman ahí personas que no se ha comprobado si son periodistas, como tampoco si el hecho ha tenido relación con su ejercicio profesional”, indica la ponencia “Crimen organizado y abuso de poder”, presentada el 27 de febrero pasado en la Cámara de Diputados por el subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, Juan de Dios Castro.
De los 35 asesinatos que la PGR reconoce, ocho son competencia del fuero federal y no presentan avances; al tiempo, de los 27 expedientes radicados en el fuero común, 16 están en trámite y sólo 11 han logrado la consignación o sentencia de los probables responsables, detalla el documento.
El diputado por el Partido de la Revolución Democrática Joaquín Conrado de los Santos Molina, secretario de la Comisión Especial para Dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, critica que la fiscalía presente “cifras que no cuadran” con el argumento de que en muchos casos no puede decir si se trataba o no de un periodista, porque no existe un padrón. Advierte que ni la CNDH ni la PGR tienen una cifra exacta de las agresiones.
—Lo grave es que la fiscalía no está avanzando. En la última reunión que tuvimos (a fines de febrero pasado) pedimos la renuncia del fiscal (Alberto Orellana Wiarco), porque ni tiene el perfil para el puesto ni un plan, ya no para descubrir a los agresores sino para prevenir y sentar las bases para reducir esas agresiones.
Del 15 de febrero de 2006 –fecha en que fue creada– al 15 de febrero de 2008, la fiscalía ha conocido 219 asuntos, de los cuales sólo investiga 72; el resto se distribuye de la siguiente manera: 124, Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; 22, Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, y uno, Visitaduría General.
De esos 219 casos, 88 son por amenazas; 25 por homicidios, sin aclarar a qué se refiere toda vez que en el mismo periodo la CNDH documenta sólo 17; 19 por “lo que resulte”; 17 por lesiones; 16 por abuso de autoridad; 10 por privación ilegal de la libertad; 10 por robo; ocho por daños en propiedad ajena; cuatro por violación a Ley Federal de Armas de Fuego; tres por difamación; tres por despojo; dos por tentativa de homicidio; dos por delitos contra la salud.
El resto fueron asuntos unitarios por: violación a la Ley de Imprenta, violación a la Ley de Amparo, delitos cometidos por servidores públicos, operación con recursos de procedencia ilícita, intervención de comunicaciones privadas, extorsión, ejercicio indebido del servicio público, disparo de arma de fuego, discriminación, calumnias, ataques a las vías de comunicación y acceso ilícito de sistemas y equipos de informática.
Para Beatriz Mojica Morga, exdiputada perredista y quien fuera coordinadora del Grupo de Trabajo de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación en la 59 legislatura, mientras no hayan castigos ejemplares para quien cometa un acto de violencia contra un periodista, difícilmente se va a disminuir el número de asesinatos: es el sistema de justicia el que está fallando en México, la impunidad hace que no se detengan estos crímenes.
Agresiones veladas
Además de las agresiones físicas y sicológicas, los periodistas mexicanos enfrentan agresiones veladas como las demandas por daño moral, difamación, calumnia y los “castigos” publicitarios.
—Cada vez que hay un momento crítico definitorio se incrementa la hipersensibilidad de la estructura de gobierno, que se refleja en más ataques a los periodistas: cuando hay una elección, un proceso crítico en el sistema. Esos ataques tienen distintos niveles, en algunas ocasiones se ha ido modificando esta pauta y en años recientes se ha trasladado de los golpes y amenazas burdos a los procesos judiciales –explica Emilio Álvarez Icaza.
Agrega que cuando esto ocurre, los reporteros tienen que invertir tiempo en demostrar su inocencia, que sus fuentes son fidedignas; tienen que protegerse y proteger a sus fuentes: en México falta avanzar en la vía civil, respecto de los delitos de prensa y evitar, como sucede en el ámbito interamericano, la vía penal.
El 2 de mayo de 2005, la esposa del entonces presidente Vicente Fox, Marta Sahagún, demandó a la periodista argentina Olga Wornat y al semanario Proceso, por el supuesto delito de daño moral.
El diputado Gerardo Priego dice que “desafortunadamente hay funcionarios de gobierno de los tres poderes que no tienen idea de la gran ventaja que es la libertad de expresión para México y creen que juzgarlos constantemente en sus acciones es una forma de chantajear y evidenciar, cuando lo que se está haciendo es una aportación a la libertad de expresión para tener mejores gobiernos, funcionarios y autoridades”.
—¿Cómo entender a los cárteles de la droga sin lo hecho por el semanario Zeta?, ¿cómo entender la red internacional de pederastia sin la investigación de Lydia Cacho?, ¿cómo entender la actual discusión sin la investigación que ustedes (Contralínea) hicieron respecto de los contratos de Petróleos Mexicanos y el posible conflicto de intereses en la Secretaría de Gobernación? Es una aportación valiosísima a la discusión democrática en México sobre cómo está el gobierno en los tres órdenes. Esos buenos periodistas que hacen investigación y denuncian ante la población lo que ven mal, ésa es una aportación enorme y los políticos debemos reconocerla –reflexiona el legislador panista.
Y agrega la fórmula para evitar ser exhibido: “Si no quieren que periódicos, revistas, televisión y radio los investiguen y descubran cosas negativas, pues simplemente que no las hagan. Del ejercicio periodístico no están conscientes ni la sociedad ni las autoridades, aunque estas últimas pueden estarlo, pero lo niegan por conveniencia. Ya en México estuvimos hace algún tiempo sin la información por desafortunadas razones de autoritarismo y hoy estamos en peligro de volver a eso, tanto por las agresiones de la delincuencia organizada como por estas malas autoridades que existen en todos niveles”.