Política de lucha de clases

Editorial de la edición al Nº 29 de Construyendo

Más temprano que tarde se instaló el jolgorio electoral. Sobre todo arriba. Entre los “políticos de vocación”, los que monopolizan la narración mediática, los que gobiernan.
Desde la oposición burguesa, blancos y colorados (los mismos que condujeron al país a su peor crisis socio-económica, convirtiéndolo en una inmensa fábrica de pobres), interpelan a ministros y se disfrazan de paladines inmaculados de la ética y la transparencia. Justamente ellos, que hicieron cátedra de la corrupción y el clientelismo. En su desesperación por volver a gestionar, directamente, los intereses de la clase dominante, prometen todo lo que el pueblo trabajador ya sabe no van a cumplir.
Desde el gobierno del Frente Amplio, el “miedo a perder” que alimenta el negocio de las encuestas, impulsa un lavado de cara. Relevos funcionales, pulido del discurso, operadores políticos que se mudan de tinglado, componen este “cambio” que apunta, sin embargo, en la misma dirección: asegurar la continuidad del programa social-liberal. Alcanza con ver el “Informe y Memoria Anual de la Gestión del Gobierno Nacional Correspondiente al Ejercicio 2007” (presentando por el presidente de la República el 25 de febrero), para deducir que van por más de lo mismo. Nada en ese documento, permite abrigar ilusiones sobre un “cambio” a favor de los trabajadores, los desempleados, los más pobres. Por el contrario, se ratifica el curso iniciado en marzo del 2005, en especial, el conjunto de la política económica.
Pero hay que hacer buena letra y empezar a juntar votos. Aunque en ciertos puntos haya que tomar una “prudente” distancia de Astori. Es el caso de los senadores Gargano y Mujica, quienes descubrieron al dejar sus cargos ministeriales que existe un “descontento” social, porque el gobierno “ha sido incapaz de revertir la creciente concentración de la riqueza”, y no avanzó en la “distribución del ingreso” pese a la “bonanza económica” que indican los números del PIB (Producto Interno Bruto). O sea, que aquel compromiso de terminar con los salarios y jubilaciones miserables y de ir rápidamente hacia una justicia social, todavía, pese a contar con un escenario económico favorable, “no se pudo” concretar. En todo caso, prometen agendarlo para el “segundo período de gobierno”.
Patético por donde se lo mire. Porque confirma que este concepto de la política, “como te digo una cosa te digo la otra”, no es muy distinto al de blancos y colorados. Porque más allá de los tonos (paisanos unos, profesorales otros), se inscribe en el paradigma de la “política de la modernidad”, mediática, parlamentaria, electoral, demagógica, liberal-burguesa. Donde el concepto de lucha de clases es vaciado de todo contenido antagonista. Esto es los que predomina muy ampliamente en el partido de gobierno, en sus grupos mayoritarios y en sus cuadros dirigentes. Esta hegemonía es la que impone el discurso, los hábitos, el programa y la estrategia. Para aquellas corrientes “críticas”, que incluso se reivindican del pensamiento “marxista-leninista”, apenas queda el papel de socios subalternos que adornan el envase de “unidad en la diversidad”. Como es el caso del Partido Comunista, defensor hasta ayer nomás de la tesis del “gobierno en disputa” y “opositor” al “neoliberalismo de Astori”. Hasta ayer nomás, decimos bien, porque ahora se trata de “garantizar la victoria” electoral en 2009. Para “profundizar los cambios”…en el 2010.
Tabaré Vázquez ya tomó su decisión. No sólo ha dicho que la conducción económica de Astori y su equipo ha sido “todo un éxito”, sino que lo impulsa como candidato preferido. ¿Habrá disidencias? ¿Candidaturas alternativas? Por las dudas, el senador Fernández Huidobro, uno de los incondicionales soldados del presidente, ya salió a votar por anticipado al ministro de Economía: “porque está haciendo una política de izquierda.” (La República, 3-3-08). Mujica no se quedó atrás: aseguró que hasta Marenales votaría por Astori. (El Observador Económico, 1-3-08)
De aquí en más, asistiremos al vale todo de la politiquería en su estado más puro. Que parecía patrimonio de los “partidos tradicionales”. Esa concepción antidemocrática que manipula a las personas, que las pone en juego cual quiniela, que decide por sí, quien es el mejor candidato, cuando y cuanto deben reclamar los de abajo, que derechos les corresponden y cuales no, y hasta donde deben esperar para tener una vida más digna. Es decir, esa politiquería que se arroga tanto la exclusividad de la narración, como la legitimidad de la “representación” política.
Pero los trabajadores no viven de esta politiquería, ni del jolgorio electoral por adelantado. Como tampoco se resignan a la gestión prosaica del “mal menor”. Piensan, discuten, intercambian experiencias, socializan sus condiciones materiales de existencia. Y concluyen que, pese a toda la retórica gubernamental, las cuentas no le cierran.
Allí está, para constatar esas cuentas que no cierran para los trabajadores, el reciente estudio “La distribución del ingreso en el período 2005-2007, con referencia a tendencias de más largo plazo”, producido por Joaquín Etchevers, integrante de la Red de Economistas de Izquierda (REDIU), y Profesor Adjunto de Estadística en la Facultad de Ciencias Económicas. En primer lugar, que el 90% de la recaudación impositiva corresponde al trabajo y sólo el 10% al capital. Por lo que la “redistribución del ingreso” contenida en IRPF “deja afuera al sector más rico de la población, integrado por pocos pero con ingresos muy superiores”. Ergo, el alcance “redistributivo” es casi nulo. En segundo lugar, que “en el período 2005-2007 se ha verificado una caída del 33% en la participación de la masa salarial respecto del producto por habitante. Hay una pérdida de participación de los salarios y de los ingresos en el PIB de amplísimos sectores de la población; el pronunciado aumento de la riqueza generada en el país ignoró a la inmensa mayoría”. Y tercero (como consecuencia de lo anterior), que el 50% del PIB (unos 22.000 millones de dólares en 2007), fue a parar a los bolsillos de las “rentas de capital”, es decir, que 11.000 millones de dólares fueron a hacer más ricos a los ricos. Un prueba irrefutable de la apropiación privada del trabajo social producido por los trabajadores. Para Etchevers no cabe ninguna duda: “la brecha vuelve a ensancharse en el último año”, generando “una pérdida del valor de los ingresos con relación a la riqueza que se crea”.
Pero hay más sobre esta verdadera expropiación a los trabajadores. Según el economista Jorge Notaro (Revista Caras y Caretas, 11-5-07), de mantenerse la actual política impositiva, “los asalariados perderán entre 2005 y 2007, unos 5.100 millones que serán apropiados por otros grupos sociales”. Notaro agrega, que la caída de la participación salarial en el Ingreso Nacional Bruto Disponible (INBD), contabilizándose desde 2004, significa que cada año, “aproximadamente 1.700 millones de dólares, que antes recibían los asalariados y sus familias, ahora son apropiados por otros grupos sociales”.
No haría falta decir más. Apenas, que luego de tres años de “gobierno popular”, la clase trabajadora (que en su amplísima mayoría votó al Frente Amplio en el 2004), es la principal víctima de una política económica que, ante todo, cuida de los intereses empresarios y cumple a raja tabla los compromisos firmados con el FMI y el Banco Mundial. Esto es, que asegura la reproducción del capital y prolonga el programa neoconservador del capitalismo en su fase imperialista. Y en esto están todos de acuerdo: gobierno, blancos, colorados, corporaciones patronales, Botnia, y la embajada norteamericana. Los “matices” y “diferencias” en este terreno, no enturbian las coincidencias de fondo. Porque la “gobernabilidad” - ya lo hemos dicho en otros editoriales - exige eso: un consenso sobre el “modelo” de acumulación capitalista.
La respuesta a este saqueo, solo puede venir de la rebeldía. De la organización, de la resistencia de la clase trabajadora y sus aliados populares. Es ese camino de lucha que recorren los maestros, profesores, clasificadores, peludos de Bella Unión, pescadores de Salto, y tantos otros que protestan, pelean y demandan. Un camino que, en definitiva, reivindica la política de lucha de clases. Esa otra política que, en contraste con la politiquería, no se resigna a “gestionar los asuntos corrientes”, ni se subordina a la voluntad anónima de los mercados. Sino que renace de las prácticas y las resistencias sociales, clasistas, radicales, combativas.