Ricardo Ravelo/ Agencia Proceso
(21-Sep-2008).-
MÉXICO.- Mediante "cañonazos" de dólares, las células del narcotráfico mantienen cooptadas a las policías y a miembros de las Fuerzas Armadas; figuran como fuentes de financiamiento en las campañas de gobernadores, legisladores locales y federales, así como alcaldes. Además, en algunas regiones han desplazado la presencia gubernamental, porque ya actúan como benefactores sociales, con lo que han logrado mayor dominio territorial y político.
Lo anterior forma parte de la radiografía del crimen elaborada por Edgardo Buscaglia, profesor visitante y coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), catedrático de la Universidad de Columbia y asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz, de la ONU.
Especialista en el estudio del narcotráfico a escala internacional, Buscaglia completa su análisis: en México el crimen organizado ya entró a la esfera política "creando estructuras patrimoniales y redes criminales" que está defendiendo, como lo muestran los crecientes índices de violencia en el País.
El peor episodio, dice, es el atentado en Morelia, Michoacán, la noche del grito de Independencia, cuando la población civil fue abiertamente agredida por primera vez con granadas de fragmentación, con un saldo de siete muertos y más de 100 heridos.
Para el investigador no hay duda: "Se trató de un acto terrorista" que coloca a México entre las preocupaciones internacionales por el grado de ingobernabilidad que se evidencia en su territorio.
Dos días después de este crimen, el Presidente Felipe Calderón, en una declaración insólita ante la cúpula de su partido, el PAN, dijo que las operaciones del crimen organizado obedecen a que existe "una cobertura de carácter político", y advirtió sobre los riesgos de que las campañas de los candidatos panistas y de otros partidos puedan ser infiltradas por dinero del narcotráfico.
"Porque esas plagas -dijo- sin duda han buscado servirse de asideros políticos en la vida de la nación. La complicidad que los cubre y que hace posible su operación tiene también una cobertura de carácter político, y esa cobertura debe ser rechazada por todas las organizaciones políticas nacionales".
Y agrega: "Si digo que esto es un reto para Acción Nacional es porque estoy convencido de que es un reto para todo el sistema político mexicano".
El Presidente parece haber asumido el reto demasiado tarde, pues el poder del crimen organizado sigue avanzando en el País. Buscaglia sostiene que en México las redes criminales han desarrollado comportamientos delictivos con los que se pueden acreditar unos 25 tipos penales, como secuestro, piratería, intercambio de personas por droga, asesinatos, extorsiones... y ahora, terrorismo.
De acuerdo con Buscaglia, el narcotráfico es la expresión más rentable y agresiva del crimen organizado y su presencia ya es una realidad en la esfera política del País a través de las presidencias municipales, pues afirma que poco más del 63 por ciento de las más de 2 mil 800 alcaldías "está infiltrado" por sus células operativas, y de éstas, un 8 por ciento "está totalmente bajo el control del narcotráfico".
En poco más de 15 estados, dice, las redes de la delincuencia están bien organizadas, y en buena parte del País operan bajo el cobijo del poder político; controlan sus estructuras patrimoniales y cuentan con grupos paramilitares para defender sus cotos de poder ante las arremetidas del Gobierno federal, que no dispone de más herramientas que la represión militar y política, insuficientes para destruir a las empresas del crimen.
-¿Cuáles regiones del País están dominadas por las células del narcotráfico? -se le pregunta.
"El narco ha dejado de ser un problema del norte de la República. Ahora está instalado en el sur, donde hay muchos municipios y regiones infiltrados y su clase política está capturada por esos intereses, pues los narcos disponen no sólo de impunidad, sino de infraestructura criminal visible para operar.
"En muchas regiones y municipios hay ganaderos, empresarios grandes y pequeños que pagan fuertes sumas de dinero y derechos patrimoniales que se traducen en una suerte de fiscalización criminal, para poder operar con cierta libertad sus negocios".
Con base en la información de que dispone, y en su experiencia como analista internacional del crimen organizado -ha estudiado el fenómeno en 50 países del mundo-, Buscaglia no duda que el Congreso (y las legislaturas de los estados) pueda estar infiltrado por las organizaciones criminales, y expone sus razones: "Los hombres del narco no sólo quieren impunidad sino poder político y algo más: el control del Estado, como pasó en Colombia y en Italia. Esto es propio en un sistema en transición, sin instituciones ni gobernabilidad que permitan los controles, lo que ha generado que los grupos criminales, en lugar de ser controlados por el poder político, como ocurría antes, ahora estén capturando al Estado y a los átomos políticos. Además, estos grupos criminales están peleándose entre ellos para tomar posiciones territoriales y el control de los bienes y servicios".
-Si los narcos controlan un municipio se explica que ganan impunidad y adquieren nuevas rutas de trasiego. ¿En qué le puede servir un diputado federal o local al narcotráfico?
"El narco quiere todo el poder. Avanza infiltrándose en las instituciones, corrompiendo actores políticos y finalmente feudalizando las estructuras públicas. ¿Para qué le sirve un diputado al narco? Para frenar la política pública, la promulgación de leyes y de instrumentos jurídicos; favorece al grupo criminal al que sirven en la medida en que entorpece al Estado para poder investigar, acusar y más tarde procesar causas".
Buscaglia advierte riesgos en la próxima reforma constitucional y de Seguridad Pública que comenzará a discutirse en este mes, pues afirma que las presuntas piezas del narco en el Congreso pueden bloquear, entre otras, la ley de extinción de dominio, con la que se podrán destruir los feudos patrimoniales del narcotráfico.
"Igual que pasó en Colombia, los barones de la droga también pueden invertir todo el dinero del mundo en corromper a legisladores para que las reformas no prosperen o no tengan los alcances adecuados", dice. Y añade que precisamente porque hay el riesgo de que el narco corrompa a legisladores, esas reformas y el cúmulo de leyes a modificar no pueden ser dejados sólo en manos de un grupo de senadores y diputados que a puerta cerrada decidan cuáles van a ser esos instrumentos legales. "Debemos asegurarnos que esa discusión sea amplia y abierta a la sociedad civil, para que no se capture al Estado a través de esas leyes secundarias que van a ser clave contra el crimen", apunta.
-¿Entonces, usted ve latente la posibilidad de que en las reformas constitucionales que vienen fluya dinero del narco en el Congreso?
"Es factible, sobre todo porque, como pasó en Colombia, al narco no le conviene la ley de extinción de dominio, porque implica despojarlos de su patrimonio. Y los señores del narcotráfico no sólo pueden corromper legisladores, sino a sus propios asesores para que las leyes sean débiles y no de amplio espectro como en otros países".
Buscaglia -quien, entre otras funciones, colabora en el proceso de selección de personal de la ONU, incluidos los Cascos Azules- sostiene que en la medida en que el Gobierno de Calderón imprime fuerza y represión al combate del crimen organizado, "mayor es la respuesta violenta de las células criminales".
-¿Por qué no se frena esta espiral de violencia?
"Lo que sucede es que cuando a estas empresas criminales se les ataca con ejércitos no van a bajar la guardia. Los criminales, y ésa es una de las fallas de Calderón, disponen de cientos de millones de dólares y otras fuentes de financiamiento que el Gobierno no está destruyendo. El dinero de los criminales se está usando, en plena guerra, para infiltrar al propio Estado.
"Según cifras del gobierno de Estados Unidos, el crimen organizado en México genera ganancias de entre 300y 400 millones de dólares anuales. Y conforme el Gobierno los ataca (a los criminales), ellos invierten cada vez más dinero para corromper niveles cada vez más altos del Estado. Es decir, en la medida en que aumenta la fuerza del Estado también se incrementa la corrupción.
"La violencia que se ve gradualmente aumentando en México en los últimos meses se manifestó en su momento en Rusia y en Colombia. Lo que a mi juicio se tiene que hacer es utilizar los operativos para rodear las asambleas y gobiernos municipales; atacar las redes patrimoniales que están alimentando la corrupción y la violencia".
Sostiene que en México llegará un momento en que el hartazgo social genere dolor al poder político, pero este fenómeno demorará por lo menos 10 años: "Debe haber organizaciones civiles auténticas y no extensiones gubernamentales. En Italia, los políticos ligados al crimen fueron incluso apedreados por la gente. En el seno del poder hubo dolor y el poder oficial entendió que es mejor subirse al caballo de la autolimpieza. En México aún no se manifiesta ese dolor entre la clase gobernante. Frente a este escenario tan complicado, el político que no demuestre transparencia no tendrá viabilidad electoral".
Así lo dijo
"La complicidad que los cubre y que hace posible su operación tiene también una cobertura de carácter político, y esa cobertura debe ser rechazada por todas las organizaciones políticas nacionales".
FeCal
Presidente Espurio de México.
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