PRONUNCIAMIENTO :
LA DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ES UN ELEMENTO QUE MANTIENE EN ESTADO DE INDEFENSIÓN A LA SOCIEDAD COAHUILENSE
El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C. ve con suma preocupación la lentitud con la que las autoridades del municipio de Torreón han tratado el caso de Jesús Torres Fraire, Director del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardo A.C.
Jesús Torres Fraire sufrió abuso de autoridad por parte de policías municipales de Torreón el pasado 26 de marzo. Alrededor de las 9:00 p.m. a la altura de Diagonal las Fuentes, a espaldas de “Ley Saulo”, fue interceptado por una patrulla con dos agentes de Seguridad Pública Municipal. Con el pretexto de revisar el carro, argumentando que podía traer alguna droga, el coche fue revisado completamente así como los documentos del vehículo. En el interior se encontraba una computadora portátil marca Thompson la cual contiene información confidencial del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C.
Posteriormente y sin fundamento los policías le obligaron, de forma violenta y portando armas largas, a cerrar el carro y dejar en el asiento trasero la computadora, para subirlo a la patrulla “paseándolo” por varias cuadras. Finalmente fue abandonado en una calle solitaria de una colonia desconocida, indicándole los mismos policías que caminara en sentido contrario de donde habían dejado el vehículo. Regresó a recoger su carro y se dio cuenta de que rompieron un vidrio de la parte trasera del lado derecho y la computadora había sido robada.
Desde el viernes 27 de marzo los miembros del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, la Parroquia de San Judas en la ciudad de Torreón, así como la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos”, han emprendido acciones concretas para exigir a las autoridades que sancionen conforme a derecho a los policías que incurrieron en delito.
El jueves 2 de abril Jesús Torres Fraire, José Castillo sj y miembros de las CEBs en Torreón fueron recibidos por el Alcalde José Ángel Pérez Hernández, quien expresó que estaba muy interesado en lo sucedido y le pidió al Director de Seguridad Pública, Karlo Castillo Gracia para que se hiciera cargo del caso.
El viernes 3 de abril el Director de Seguridad Pública del Municipio de Torreón, Karlo Castillo Gracia, acudió a las oficinas del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi. En dicha reunión participaron también miembros de la comunidad parroquial y representantes de la sociedad civil de la zona lagunera. Jesús Torres Fraile relata en un escrito lo que sucedió en la reunión: “Le pedimos acciones concretas al Director... y nos ofreció todo el apoyo, dio instrucciones precisas para detectar las patrullas que según la fecha, hora y el lugar donde ocurrieron los hechos... en 5 minutos teníamos el croquis con tres patrullas y los nombres de los agentes que en ese momento se encontraban en el perímetro señalado. Se imprimieron las fotos y rápido se identificaron a los policías... el mismo Director nos entregó las fotos para el trámite ante Asuntos Internos del Municipio... hoy entregamos las fotos y croquis al responsable de Asuntos Internos (el trabajo que él tenía que hacer) ahora nos toca insistir para que Asuntos Internos le de seguimiento lo más pronto posible...” Hasta la fecha que es emitido este pronunciamiento, 26 de abril, no se ha sancionado a los policías ni se ha notificado al Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C. de la ruta que han seguido las investigaciones del caso, cuyo expediente es: 192/2009.
Es importante anotar que el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C. ha interpuesto en los últimos siete meses tres denuncias por robo: dos por allanamiento de sus oficinas: LIRD3-7748/2008 (interpuesta el 9 de octubre de 2008) y L1-RN11-474/2008 (27 de octubre de 2008); y 192/2009 (27 de marzo de 2009) por lo ocurrido a Jesús Torres Fraile con los agentes de Seguridad Pública Municipal.
Lo denunciado por el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C. pone en evidencia que la dilación en la sanción a los agentes de policía que incurren en delitos abona el terreno de la impunidad y del estado de inseguridad e indefensión que sufre hoy en día la población del municipio de Torreón.
Las autoridades estatales y federales han declarado que están atendiendo los asuntos graves del narcotráfico y la delincuencia organizada; queremos subrayar y recordarles que la cadena de gravedad de la delincuencia inicia en los eslabones del abuso de autoridad y de la impunidad.
El hecho de que agentes de Seguridad Pública Municipal, aprovechando la investidura de su autoridad, obliguen a un ciudadano que abandone su vehículo y lo introduzcan en una patrulla sin razón alguna, después lo dejen abandonado en un lugar desconocido, ya es una acción que violenta sus derechos humanos, y se agrava con la sospecha fundada que la detención fue para robar las pertenencias que se encontraban en su vehículo.
El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C. exhorta:
• Al Alcalde de Torreón, José Ángel Pérez Hernández, que actúe oportunamente para sancionar a los funcionarios públicos bajo su mandato que incurran en delitos, de lo contrario, su omisión vulnera el estado de derecho y mantiene abierta la puerta al crimen organizado para introducirse en las estructuras de gobierno.
• Al Director de Seguridad Pública del Municipio de Torreón, Karlo Castillo Gracia, presente sin dilación y sancione conforme a derecho a los agentes de Seguridad Pública Municipal que hayan incurrido en robo con abuso de autoridad a Jesús Torres Fraile.
• A la ciudadanía, a seguir organizándose para presionar a las autoridades de cualquier nivel de gobierno para que cumplan con sus obligaciones y así lograr que sea una política de Estado la seguridad pública desde la perspectiva de los derechos humanos.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C.
26 de abril de 2009
Saltillo, Coahuila, México
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