Que “volteen la cara hacia los migrantes y que fijen la mirada histórica en esta caravana de gente que reclama un derecho” es lo que significa para el padre Pedro Pantoja Arreola, director de Belén, Posada del Migrante en la Diócesis de Saltillo, Coahuila, recibir el premio Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo.El sacerdote comparte que las víctimas de esta situación son quienes lo impulsaron a aceptar el reconocimiento y “que el premio ayude a que tengan personalidad legal, eso es lo más importante”, por eso, a nombre de ellas, lo recibirá el próximo 25 de abril en Cuernavaca, Morelos.
“Es necesario frenar los abusos, las persecuciones y las muertes”, dice el padre, originario de San Pedro del Gallo, Durango, un pueblo al que describe “de mucha pobreza”, por lo que, aún siendo pequeño, sus padres emigraron a Torreón, Coahuila para trabajar en los campos algodoneros.
Tiempo después su familia se instaló en Parras de la Fuente, Coahuila, de donde afirma, “los jesuitas me pescaron” y aunque finalmente no pertenece a esta congregación, recibió la formación para ser sacerdote en el Seminario de esa orden que estaba en Montezuma en Nuevo México, Estados Unidos.
Premio por valor
Es a este migrante y defensor de los migrantes a quien se entregará dicho premio con el fin de “reconocer, estimular y apoyar a las organizaciones, grupos y personas que se hayan destacado por su valor en la defensa y promoción de la cultura de respeto a los derechos humanos en nuestro país”.
El premio fue fundado a raíz de un decreto que emitió don Sergio Méndez Arceo, entonces obispo titular de Cuernavaca, Morelos, el 17 de abril de 1981, en contra de los “involucrados en la aborrecible práctica de la tortura”.
“Este decreto quiere ser ante todo una enérgica afirmación de la dignidad del hombre y de los derechos humanos. Es un llamado a la conciencia cristiana y una contribución a la paz pública en un estado de derecho como lo es México”, dice uno de los párrafos del escrito.
Agrega: (la tortura)…”constituye una violación y traición a la confianza depositada por el pueblo en sus autoridades, se hace en la clandestinidad y con visos de legitimidad, a pesar de que su práctica está condenada en la ley de los derechos humanos.
La primera entrega fue en 1993 y la recibió don Samuel García Ruiz, en ese entonces obispo titular de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.
Ahora, en la 17ava entrega, será el padre Pantoja quien reciba el premio que consiste, además del reconocimiento, en un apoyo económico que “dice mucho para nosotros porque estamos tan pobres, que cualquier subsidio nos alivia”.
Un hombre de lucha social
El padre Pedro recibió el ministerio del Orden Sacerdotal en 1972, cuando tenía 28 años de edad. Su inspiración para desarrollar una pastoral hacia los pobres fueron los documentos de “Medellín”, elaborados en Colombia en 1968; también el testimonio de algunos obispos que participaron en esa experiencia latinoamericana, así como las experiencias en el campo laboral que ha vivido a lo largo de su sacerdocio.
Entre ellas trabajar como migrante en Estados Unidos para “conocer el valle de la muerte y experimentar la situación, lo que fue sumamente crucial para reorientar a fondo un sacerdocio con una intencionalidad social muy fuerte”.
Posteriormente estar en el campo obrero en Saltillo, Coahuila, en donde fue testigo del momento histórico de la huelga de los trabajadores de Cinsa Cifunsa hace 35 años.
“Fue un paradigma esa lucha porque no se había presentado en este territorio y menos en esta diócesis tan tranquila un acontecimiento de tanta trascendencia y que causó una condenación del grupo empresarial de todo el Norte de México. Para muchos fue un pecado social sentar a los patrones en el banquillo de los acusados, eran intocables”, cuenta el sacerdote.
Agrega: “Ahí descubrí de lo que es capaz un pueblo pobre cuando aporta elementos tan creativos”.
Otra de las experiencias que marcó la vida de este sacerdote fue el trabajo que realizó en Tlanepantla, Estado de México. Ahí, como un asalariado más en la empresa metalúrgica “comprendí que no es un mito la explotación del obrero, es una realidad y no sólo rutinaria, sino permanente; al obrero no le queda otra mas que sufrir o reaccionar violentamente contra esto”.
Después de un año y medio de permanecer en esta empresa, tuvo la oportunidad de ir a estudiar a Ecuador por dos años, experiencia que le ayudó a tener mejores elementos pastorales.
En 1988-89, Monclova, Coahuila sufrió un decaimiento industrial y laboral cuando la empresa paraestatal Altos Hornos de México fue re-privatizada, por lo que toda la región carbonífera sufrió mucho daño al incluir el recorte de personal de miles de trabajadores, lo que alteró el sistema de vida en esa zona.
“Hubo despidos, marchas, protestas y también una experiencia muy fuerte en derechos humanos laborales…fue el término de una generación de obreros a los que se les utilizó sin ningún futuro…el obrero fue manipulado, fue víctima de un atractivo de reconvención y de recompensas económicas”, informa el padre.
Fueron seis años de una crisis muy fuerte y ahí comenzó el hundimiento de la región carbonífera y de Monclova, asegura el sacerdote.
Ante esta situación, el padre hizo una solicitud a la diócesis para trabajar con los mineros en la zona de Barroterán por ser un territorio “degradado” en todos los aspectos, tanto económico como social.
“La región carbonífera es una historia de explosiones. Desde 1969, año en que ocurrió una, la cual fue el principio de una crisis, han muerto cientos de mineros”, dice el padre.
Agrega que los llamados “pocitos” son territorios desde una hectárea hasta cientos que pertenecen a empresas privadas para extraer el carbón; es aquí donde los mineros reciben un salario mínimo y trabajan en condiciones infrahumanas.
Casas para migrantes
Recuerda que fue en ese tiempo cuando se inició el éxodo de muchos de ellos hacia la frontera, en este caso hacia Acuña y Piedras Negras.
“La gente huyó a la frontera, entonces, habría qué seguir a esa gente y fue cuando, en 1996, dejé la región carbonífera para estar en Ciudad Acuña”, explica el padre.
Fue allá donde fundó la Casa Emaús, Paso del Migrante y el proyecto Frontera y Dignidad. A partir de ahí inició vínculos con personas que trabajan con los migrantes, entre ellos los religiosos scalabrinianos.
En Ciudad Acuña estuvo por más de cinco años, sin embargo, la crueldad que muchos centroamericanos vivían en la capital del estado, hizo que el padre Pantoja regresara a Saltillo.
“En el 2001 iniciamos Belén, Posada del Migrante y el proyecto Frontera con Justicia porque se empezaron a dar violaciones, desapariciones, escándalos de represión por parte de la policía”, dice.
El proceso que se inició en este campo, acompañado de otros grupos dedicados a la causa, hizo que se viviera una “verdadera experiencia que revolucionó la comprensión de la migración”. Fue así que la migración se convirtió en un hecho histórico social.
¿Por qué quieren inmolar, por qué quieren desaparecer al migrante, por qué lo desconocen como un fenómeno humano y que tiene todos los derechos de caminar? Eran las preguntas a reflexionar.
“Así se hizo todo un proceso de cómo incidir en la sociedad, en la Iglesia, en la cultura, en la universidad, en las políticas públicas para abrir la brecha y tener una comprensión profunda interdisciplinaria; logramos abrir los espacios de tal manera que se dio la vinculación con experiencia y organismos nacionales e internacionales”, dice el padre.
Reconoce: “He sido sujeto de esta práctica social, pero al mismo tiempo he sido beneficiario para ejercer un sacerdocio que realmente sirva al pueblo de Dios, especialmente a los marginados”.
Finalmente sólo pide que sean ellos los protagonistas de este reconocimiento.
“Los migrantes piden que volteen la cara, que miren hacia esta comunidad que simplemente reclaman una supervivencia. Por eso digo que el premio es un reconocimiento a las víctimas”, afirma.
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