Hermann Bellinghausen

Para hablar del pasado nada mejor que el presente. Lo cual es bastante desafortunado, por cierto. El actual gobierno de Juan Sabines Guerrero en Chiapas ha demostrado una capacidad de “control”, gesticulación mediática y corrupción que supera a cualquiera de sus antecesores, lo cual es ya mucho decir. Mucho, pues esa tradición autoritaria es parte íntima del poder en la entidad, ese último rincón de la patria (y desde 1994 gran magnavoz del México real). De la mano, como siempre, vienen la represión y la mentira.
Gobernar Chiapas después de 1994 se convirtió en jugoso botín para la clase política local: el desafío nacional del alzamiento indígena estableció un estado de excepción y de guerra que se convirtió en buen negocio para los administradores y prevaricadores locales, beneficiados con recursos federales e internacionales a montones para caminos, publicidad, inversión invasiva, reparto de dádivas a discreción: todo lo que sirva a la contrainsurgencia. A la vez, la publicidad incontestada del régimen chiapaneco sostiene como método que sólo hay felicidad y plenitud de sarrollista, y si los indios no son felices es porque no quieren.
En este panorama, una cosa es cierta: hoy nadie está más solo que los pueblos indígenas de Chiapas (y del resto del país); fijos en la mira, con su existencia deliberadamente amenazada por acciones de gobierno (militares, económicas, educativas, agrarias, extractivas).
Cuando Sabines proclama que “Acteal es una herida que no ha cerrado”, lo que está reconociendo es que ni sus alegres recursos millonarios han podido “cerrarla”, pues no les ha llegado al precio a la asociación civil Las Abejas, víctima de la masacre, y mucho menos a los zapatistas, que por lo demás siguen despojados de sus tierras y casas en el municipio de Chenalhó, y nadie ha hecho nada por devolverlas a los miles de indígenas que las perdieron a manos de criminales formados y protegidos por el gobierno de Ernesto Zedillo, el Ejército federal y las policías estatales y federales. Las tierras de los zapatistas refugiados en Polhó y otros campamentos donde pasan frío y hambre y miedo, están en manos de los paramilitares asesinos priístas (y hoy también perredistas, pues esas minucias partidarias lo mismo dan en Chiapas). El gobierno estatal (ya no digamos el federal) no está interesado en hacer justicia ni siquiera en ese nivel. Sólo quiere la foto de la rendición.
Promovida por intelectuales con la conciencia a sueldo y abogados que comparten la denominación religiosa de los asesinos y están bajo el cobijo del think tank derechista y salinista llamado CIDE, la liberación de los autores materiales de la matanza es el último eslabón de una larga cadena de impunidad criminal con cómplices a todos niveles, destacadamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los medios de comunicación.
Abundan ejemplos de la incesante masa de mentiras. Tras la más reciente, el 26 de noviembre las cinco Juntas de Buen Gobierno zapatistas tuvieron que desmentir, en una excepcional (es decir sin precedente) serie de comunicados, la versión gubernamental de que ha brían solicitado “reconocimiento constitucional” al Congreso del estado, y éste se había mostrado muy diligente parar recibir la “petición” en su pleno (La Jornada, 25 de noviembre).
La falsedad de esta “petición” es sólo parte de toda una operación de montaje, con intenciones todo menos buenas y digna de los tiempos del exgobernador Roberto Albores Guillén, cuando se escenificaban hechos falsos y se transmitían en horario triple A, a nivel nacional y sin rubor. En algún nuevo episodio, montado recientemente, diversos sosias a modo se hicieron pasar por comandantes zapatistas para recibir dinero y recursos del gobernador Sabines —en un típico acto de “reparto de estímulos” a tres kilómetros de la ciudad de Ocosingo— llegados en helicóptero al rancho de un ganadero priísta de apellido Solórzano.
En la espera de otro episodio más vistoso todavía, esta escenificación no se hizo pública, pero fue “filtrada” por fuentes de inteligencia federal. Luego, fuentes estatales detallaron que en la operación participaron “dirigentes” de organizaciones fantasma de nombres tan sugerentes como rica (por organización Regional Indígena Campesina Autónoma) y su derivación ORUGA (Organización Rural de Uniones en Gestoría de Asociados), a cuyo nombre un tal Genaro López Bravo presentó a Pedro Gutiérrez Sánchez como supuesto “comandante” zapatista, bajo el nombre de “Pedro”. En ese encuentro se negociaron unos ranchos de la región, y se habría pedido como pilón un ya planeado “reconocimiento” de las Juntas de Buen Gobierno.
Hace cerca de tres meses, al tiempo que se preparaba el “encuentro” de los impersonadores de zapatistas con el gobernador (o su esposa), en el Con greso estatal se planteó la creación de una comisión para “negociar” con las autoridades zapatistas (una suerte de “Cocopa” local). Un proyecto sin futuro alguno. Si bien nunca se confirmó la existencia de tal comisión pluripartidista, al menos públicamente, ahora el propio Congreso afirma haber visitado las cinco Juntas de Buen Gobierno zapatistas, aunque ningún legislador esté en condiciones de probar tales “visitas” pues nunca ocurrieron. Cabe recordar que se trata del mismo Congreso que en septiembre pasado intentó a escondidas cambiar la ley para quedarse en el cargo hasta 2012. Son los mismos truhanes.
Según las versiones de inteligencia federal, el gobernador se habría reunido con individuos que se hacían pasar por comandantes rebeldes “encabezados” por el mencionado Guitérrez Sánchez. Según otra versión, “filtrada” por la delegación de Gobierno de Ocosingo (marginada de la operación), quien se reunió con los falsos comandantes fue la esposa del gobernador, junto con otros funcionarios.
Esto habría ocurrido el 6 de septiembre. Los funcionarios “repartieron” a encapuchados mil cobijas y mil colchones, cientos de paquetes de pollos, herramientas, equipo agrícola y cuatro cheques de cien mil pesos, uno para cada falso comandante. La fuente gubernamental de Ocosingo menciona que cobijas, colchones y herramientas habían estado conveniente almacenados en la cabecera municipal, en una bodega del ganadero Solórzano (además, “asesor” de los “comandantes” indígenas: un giro en el guión que ni Orwell hubiera imaginado). El gobierno se limitó a hacer lo que acostumbra: repartir dinero y “apoyos”. El falso comandante recibió del gobierno estatal una flamante camioneta Toyota de doble cabina. No extraña que los organizadores fueran los mismos que escenificaban “deserciones” zapatistas una década atrás.
El mareo mediático se acrecentó, a la luz de la sorpresiva incursión, la madrugada del 27 de noviembre, del gobernador perredista Sabines y su secretario de Gobierno Noé Castañón en las instalaciones del oficialmente satanizado Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, para negociar la solución de un conflicto (creado por el propio gobierno mediante acusaciones falsas y procedimientos ilegales) con una organización campesina, representada ante los tribunales por el Frayba.
Por lo demás, ni el PRD, ni el movimento lopezobradorista, ni su líder, se han pronunciado nunca contra los malos usos del perredismo chiapaneco (paramilitar, corrupto, represor). El generalizado silencio al respecto hoy viene cubierto por una sostenida operación mediática de desinformación.
El gobierno miente, acusa falsamente, y luego, cuando es desenmascarada su mentira, se contradice tranquilamente de sus propias versiones y pretende desmontarlas con boletines, notas periodísticas y golpes de mano y chequera. Justo es reconocer que se promueve todavía mejor con telenovelas millonarias y la presencia de programas en cadena nacional de chismes faranduleros, en escenarios naturales, zonas arqueológicas, callejones, oficinas de gobierno y templos de Chiapas, y un interminable desfile de vedettes de ambos sexos.
Así, antes de su “gran” pleito con la diócesis católica de San Cristóbal en meses recientes, el gobierno del estado había tenido que tragarse la negativa del obispo Felipe Arizmendi para permitir la grabación de la boda final de la telenovela Mi pecado, de Televisa, en la catedral coleta. El evento acabó llevándoselo a Xalatlaco, Estado de México, el gobernador Enrique Peña Nieto, según reveló a las revistas del corazón el productor de la serie Juan Osorio. No le gustó al obispo el “concepto” de regar pecaminosas manzanas del árbol de bien y del mal en el templo a su cargo para ornamentar el paso de los novios (y luego repartir las manzanas del piso entre los niños y las mamás presentes, “extras” del enlace, como sí ocurrió en Xalatlaco; el obispo Arizmendi al menos ahorró esa humillación a los feligreses coletos).
Eso sí que afrenta a un gobierno que ha difundido en sus boletines de prensa que “una de las principales misiones del gobernador” es apoyar telenovelas como Pasión morena,de Televisión Azteca (o Mi pecado, para el caso), al promover los municipios “de mayor auge turístico y cultural” (11 de noviembre).
Con tan dispendioso estilo de gobierno, heridas como la de Acteal no cerrarán, pues son verdaderas. Por el contrario, nuevas heridas podrían avecinarse, algo que niVentaneando, ni La Oreja, ni Hechos, ni las telenovelas, ni la mercadotecnia, ni los autocelebratorios informes de gobierno podrán maquillar.
Respecto a Chiapas, la verdad es lo de menos. Al cumplirse 16 años de rebelión indígena zapatista, la guerra no ha terminado. Pero el show debe continuar.