Dos veces en una semana el presidente Calderón criticó a los grandes empresarios por su rala aportación a los ingresos públicos, y consiguió con ello agrias respuestas de los representantes del mando empresarial. Al mismo tiempo, enfrentaba una rebelión en la bancada senatorial de su partido con motivo de la Ley de Ingresos. Y se habría enajenado también la buena voluntad de su aliado necesario, el PRI.
Calderón decidió ponerse frente a los grandes consorcios. Lo hizo primero de un modo ambiguo, pues su proyecto de reformas al régimen de consolidación fiscal incluía la aplicación retroactiva del cobro de impuestos diferidos, en un diseño que podría ser combatido en los tribunales con una previsible posibilidad de éxito. O sea que pudo tratarse de una añagaza para justificar el incremento de impuestos y la aplicación de nuevos gravámenes sin que se le reprochara dejar intactos los privilegios de las grandes corporaciones.
Pero después, como si apenas hubiera leído la justificación de la enmienda al régimen fiscal de excepción, dio un giro político a esa inesperada posición del fisco, que documentó ante los diputados la grave iniquidad que genera el tratamiento tributario a las empresas que consolidan en una sola operación fiscal las pérdidas y ganancias de sus varias empresas (y con eso ahorran voluminosas sumas pues disminuyen su base gravable) y pueden diferir su pago.
En una reunión de alcaldes, en Puerto Vallarta, Calderón inició el 28 de octubre su exhortación a esos grandes contribuyentes –así se les clasifica formalmente– que no lo son:
“Se le exigió al gobierno federal reducir su gasto y reducirlo palpablemente. Yo pido ahora a muchos sectores que, precisamente, asuman su responsabilidad en la gravedad de las finanzas públicas y del momento nacional.
“Es fundamental que todos, todos los mexicanos –salvo los que menos tienen, lo que viven en la pobreza extrema y los que no tienen verdaderamente ingresos–, todos quienes tenemos en menor o mayor medida, podamos aportar al gasto nacional.
“Y si esto es obligado para cualquier ciudadano en términos de la Constitución y de la justicia, lo es más para quien más tiene y más ha recibido. Y si esto es obligado para las empresas que más ganan, es más obligado todavía para las empresas que más ganan y que rara, rara vez pagan impuestos en el país.”
Al día siguiente subió el tono y precisó el reproche. Con vehemencia, y ahora directamente ante empresarios de la industria química, consideró “inaceptable (…) el que haya grandes corporativos que le exigen al gobierno que recorte su gasto y el gobierno lo recorta; que le exigen al gobierno que ponga impuestos sobre alimentos y medicinas de la gente más pobre, pero que a la hora de ver sus cifras, en promedio pagan el 1.7% de impuestos durante varios años. Esto ya no puede ser”.
Como era de esperarse, los aludidos contestaron de inmediato, con un argumento irrebatible. Ellos cumplen con la ley. No hacen nada al margen de ella. Aprovechan los resquicios que la legislación fiscal les brinda y los mecanismos especialmente diseñados para favorecerlos. En el mismo paquete fiscal que provoca el disgusto empresarial ante el cual se produjo la catilinaria presidencial, aparece un nuevo privilegio, esta vez para quienes inviertan en nuevos negocios en telecomunicaciones: no pagarán derechos sino hasta dos años después de otorgadas las concesiones que están a puno de ser licitadas.
Eso quiere decir que el presidente no ha roto con el sector privado de los negocios. Para saberlo basta recordar la ovación que los radiodifusores le brindaron en apoyo a su decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Pero notoriamente se ha apartado de ellos. Ha abierto una brecha que puede aún ensancharse.
Lo mismo ocurrió a Calderón con el PRI que lo apoyaba para sacar adelante el proyecto presidencial de Ley de Ingresos. Y aun con su propio partido, que se mostraba renuente a sostenerlo. El mismísimo César Nava, colocado en la presidencia del PAN para obrar en nombre y representación de su antiguo jefe, dinamitó a destiempo el acuerdo a que había llegado el PRI con Los Pinos. De esa manera, en una sola operación el Ejecutivo se distanció del partido tricolor, del que depende para casi todo, y de su propio partido.
Podrá calibrarse mejor la situación una vez que se hayan aprobado en las cámaras (esa aprobación se perfilaba ya en el Senado desde la noche del viernes 30 de octubre) la Ley de Ingresos y en San Lázaro el Presupuesto de Egresos. Pero ya desde ahora podemos conjeturar si el aislamiento del presidente nace de sus emociones u obedece a un cálculo político, a una medición de las consecuencias de apartarse de sus aliados, a un intento de reacomodar las relaciones de poder con el sector que, con otros factores, aseguró a Calderón su arribo a la Presidencia. Imaginemos que se trata de una reacción emocional, resultante de una conformidad consigo mismo. Si es un resentimiento contra los empresarios que no se contentan con las prebendas fiscales y de otro género y piden más (Calderón los denunció como instigadores a gravar con el Impuesto al Valor Agregado medicamentos y comida), estaríamos ante una peligrosa inestabilidad en el ánimo presidencial. Quizá se trate de eso por la frecuencia de sus arrebatos, muestra de una exasperación ante el cúmulo de problemas que no puede resolver.
La operación política más exitosa emprendida por Calderón hasta ahora, la liquidación de Luz y Fuerza, puede volverse en contra suya. Hasta este momento esa medida navega con el viento a favor. Crece cotidianamente el número de trabajadores que, vencidos por la necesidad y/o la codicia, aceptan las ilegales indemnizaciones ofrecidas para minar al sindicato. Pero es previsible que la celeridad con que aumenta el número de los indemnizados se contenga y quede al menos la mitad de los electricistas en trance de defender su sindicato y su contrato. Si se mantiene la resistencia y al mismo tiempo aumentan las dificultades para operar el servicio, como es previsible que ocurra porque no se da mantenimiento a instalaciones que lo requieren por su vejez, y porque las ventajas de que el suministro sea ofrecido por la Comisión Federal de Electricidad, de haberlas realmente, tarden en manifestarse, la operación contra el SME puede lindar en el fracaso o adentrarse en ese terreno.
Quizá por el conocimiento de condiciones adversas en ese u otro terreno se ha producido la alteración del ánimo presidencial. Sin que pueda afirmarse que padece problemas de carácter, es sabido que sucumbe con frecuencia a la emocionalidad, como cuando acometió la liquidación de Luz y Fuerza como un acto de valentía, de coraje y no como resultado de un largo y profundo análisis racional. De ocurrir esto último, estaríamos en el riesgo de que el presidente deponga la razón para insistir en los manotazos.
Por lo pronto, hoy se le ve aislado, con tendencia a la soledad, que es pésima consejera. Hace décadas, con ánimo adulatorio, en una suerte de falsa conmiseración, que revelaba admiración, se definía al jefe del Estado mexicano como “El gran solitario de Palacio”, porque a él y sólo a él le correspondía tomar decisiones de enorme trascendencia. Hoy las cosas han cambiado. Ya no es tiempo del gran solitario de Palacio. Si las cosas siguen así, si el proceso de aislamiento no se frena, Calderón será simplemente el solitario de Los Pinos.
Fuente: Proceso
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