mujeres y VIH, a la baja

Presupuesto 2010:

El recorte en el gasto público propuesto por el gobierno federal no sólo castiga rubros estratégicos como el de la salud, sino que afecta de manera particular al gasto destinado a las mujeres, además de soslayar la atención del VIH/sida al asignarle apenas lo indispensable. Rocío Sánchez

A diez años de haberse incorporado la perspectiva de género en el presupuesto de egresos del país, la propuesta de gasto para 2010 presenta una importante reducción en los recursos destinados a las mujeres y a la equidad de género con respecto al año pasado. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 (PPEF 2010), el Poder Ejecutivo plantea asignar 55 mil 480 millones de pesos para lo que llama “programas con perspectiva de género”. Sin embargo, la mayor parte de ese dinero, 83 por ciento, es para la operación de Oportunidades, programa de desarrollo social que ni siquiera presenta datos desagregados por sexo. sta es sólo la primera de varias inconsistencias que aparecen al buscar el Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género, categoría acuñada por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), perteneciente a la Cámara de Diputados. Investigadoras de este centro encontraron que en realidad sólo están identificables 5 mil 852 millones de pesos para las mujeres: alrededor de diez por ciento de lo que se afirma en la exposición de motivos del PPEF 2010 y 23 por ciento menos de lo aprobado para 2009. El CEAMEG define los presupuestos públicos con perspectiva de género como “presupuestos elaborados y ejercidos considerando las diferencias entre mujeres y hombres, sus distintas atribuciones sociales, la participación y aportación a la vida social, política y económica de cada género, así como las desigualdades existentes en el ejercicio de los derechos y en el acceso, uso y control de los recursos”. Es decir, no basta con que un programa tenga información desagregada por sexo, sino que debe atenderse todo el contexto social que crea desigualdades entre mujeres y hombres. Este elemento puede ser muy sutil. Por ejemplo, el PPEF 2010 destaca el programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y lo califica como un instrumento “para dar respuesta oportuna y efectiva a la población femenina” que trabaja o que busca emplearse. Esto porque el programa consiste en ubicar a mujeres que deseen habilitar su casa como guardería, servicio que se presta especialmente a mujeres trabajadoras. Para la antropóloga Graciela González Zetina, investigadora del CEAMEG, se presupone que por ser un programa enfocado en mujeres tiene una perspectiva de género, pero no es así pues naturaliza el cuidado de infantes como una actividad propia de las mujeres para la cual no se requiere capacitación profesional. Así, estas guarderías satisfacen necesidades prácticas de las mujeres, pero no contribuyen a su crecimiento laboral. Jerarquizar el gasto en mujeres La propuesta de presupuesto para 2010, que debe ser aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre, prevé invertir la mayor parte de los recursos para mujeres en programas de desarrollo social como el ya mencionado Oportunidades. En segundo lugar está la inversión en salud, rubro que se redujo en 39 por ciento con respecto a lo aprobado para 2009, y en tercero la educación, que representa sólo el 2 por ciento del gasto etiquetado para mujeres. En este último rubro, se reduce el monto del Programa de Becas de Apoyo a Madres Jóvenes, cuyo presupuesto sería de 52 millones de pesos, 3.2 por ciento menos de lo aprobado en 2009. Hay que considerar que, según el CEAMEG, en ningún año desde su creación en el sexenio pasado se ha logrado entregar el 100 por ciento de becas del programa. En 2008, otorgó sólo 54 por ciento de las ayudas disponibles. De acuerdo con Martha Chargoy Valdez, otra de las investigadoras del CEAMEG, el piso mínimo del gasto para mujeres debería ser de 9 mil 278 millones de pesos, considerando que tendría que ser por lo menos igual al del 2009 más la inflación. En caso de no poder aumentarse los recursos para alcanzar esa cifra, queda la posibilidad de que la Cámara de Diputados etiquete el gasto para que, en efecto, se destine a mujeres y niñas. Para la diputada Leticia Quezada, del Partido de la Revolución Democrática, el PPEF 2010 no sólo carece de perspectiva de género, sino que “me atrevería a decir que tiene una perspectiva misógina”, pues programas como el dirigido a mitigar la violencia intrafamiliar “no tienen ni un solo peso etiquetado”. Entrevistada en sus oficinas de San Lázaro, la integrante de la Comisión de Equidad y Género reconoció que, debido a ciertas facultades del Poder Ejecutivo, los recursos designados para mujeres pueden ser reasignados según las necesidades de cada dependencia. Por ello, afirmó que las diputadas buscarán etiquetar el presupuesto y trazar indicadores de evaluación. “Queremos que, cada tres meses, las instancias que vayan a ejercer este presupuesto estén obligadas por ley a decir en qué se gastó el dinero, dentro de lo etiquetado.” Recortes en VIH/sida La opacidad y ambigüedad con la que se propone el presupuesto no deja escapar a otro tema que debería ser prioritario: el VIH/sida. Felipe Varela, investigador de la organización civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación, platicó con Letra S sobre el PPEF 2010. De acuerdo con su revisión, se proponen 133.92 millones de pesos para el Programa Presupuestario Prevención y Atención al VIH/sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual, es decir, 59.41 millones de pesos menos que en 2009. Este monto incluye el presupuesto asignado a varios institutos de salud y hospitales y no sólo al Censida. La propia Secretaría de Salud estima que, para fines de 2010, el número de personas con VIH y sin seguridad social que requerirán atención habrá crecido de 33 mil a 38 mil. Por su parte, José Antonio Izazola, director del Centro Nacional para la Prevención y Control del Sida (Censida), explicó en entrevista que la dependencia a su cargo tendría programados poco más de 76 millones de pesos para gastos de operación. Descartó que vaya a desaparecer el rubro de apoyo a proyectos de la sociedad civil en poblaciones que se encuentran en mayor riesgo frente a la infección, como hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), usuarios de drogas inyectables (UDI) y personas dedicadas al trabajo sexual (TS); para ello se destinarían 29 millones de pesos, o sea, un millón menos que en 2009. Asimismo, 19 millones se usarán para la compra de condones tanto femeninos como masculinos. A esto hay que sumar el recurso para cubrir los sueldos de 99 personas, que ascienden a casi 25 millones de pesos. Es del Fondo para Gastos Catastróficos de donde sale el dinero para comprar los medicamentos antirretrovirales, los cuales consumen el 40 por ciento de dicho fondo, cifra que podría ascender a 2 mil millones de pesos, de acuerdo con el cálculo hecho por el Censida. Además, se pagan desde este rubro las pruebas clínicas para medir el número de células CD4 y de carga viral. Ante la contingencia sanitaria provocada por la influenza A H1N1, el funcionario aclaró que el fondo funciona como un fideicomiso que da dinero al rubro que los necesite, pero es necesario alimentarlo constantemente para que no se descapitalice. Atención diseminada   De acuerdo con el análisis de Fundar, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) vería mermado su presupuesto para VIH en 70 por ciento respecto al año pasado, justo ahora que se acaban de inaugurar instalaciones nuevas del Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas (CIENI), que da atención ambulatoria a casi mil pacientes cada año. Esta reducción de recursos, estimaron integrantes del Comité de personas con VIH/sida del nosocomio, se reflejará en un aumento en la mortalidad entre los usuarios del CIENI (cifra que ya se había logrado disminuir de 30 a 23 por ciento) pues no habrá dinero para medicamentos contra enfermedades oportunistas. Por su parte, Izazola anunció que se va a insistir de manera más enfática en que las personas que tienen derecho a la seguridad social hagan uso de esos servicios y evitar la duplicidad en la atención. “Esto es porque no sería correcto que una persona pudiera tener acceso al IMSS o al ISSSTE haga consumo del Fondo de Gastos Catastróficos mientras otra persona que no tiene seguridad social pudiera quedar fuera porque no nos alcanza el dinero.” Ante la escasez de recursos, México solicitó, por primera vez, un financiamiento del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria por un monto de 76 millones de dólares que serían ejercidos a lo largo de cinco años. Se prevé usarlos para trabajar en la prevención del VIH en poblaciones en mayor riesgo, como HSH de 44 ciudades y UDI de cuatro ciudades del país. El Fondo Mundial tiene la facultad de designar la cantidad que considere oportuna, la cual podría ir de los 55 a los 76 millones de dólares y que, al parecer, según fuentes consultadas, ya fue aprobada. Independientemente de lo anterior, la responsabilidad de modificar el presupuesto la tiene la Cámara de Diputados. Es ahí donde está la oportunidad de hacer que concuerde con las necesidades reales del país. En este sentido, la Comisión de Equidad y Género se ha ocupado de los rubros de mujeres y VIH/sida. Por ello, la diputada Leticia Quezada considera: “tenemos que hacer un excelente trabajo para el país, sobre todo porque la presidencia (de la comisión) está en el PRD”. Añadió que muchas y muchos diputados de esta LXI legislatura, que inicia, están “convencidos de que tanto las cuestiones de género como las de VIH/sida requieren mucha atención”, por lo que se abocarán a buscar mayor transparencia y eficiencia en el gasto público.