México de nuevo ante la CIDH

Miguel Concha

 

 

En el marco del 137º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tuvo lugar del 28 de octubre al 13 de noviembre, varias organizaciones civiles mexicanas e internacionales acudieron a Washington para exponer de nueva cuenta casos y temas de preocupación en materia de derechos humanos en el país. Dentro de las funciones de la CIDH está el recibir peticiones individuales que alegan violaciones a las garantías individuales, observar la vigencia de los derechos humanos en los estados miembros, publicar informes especiales sobre la situación en un país en particular, realizar visitas a las naciones con el fin de generar un informe y, en general, estimular la conciencia de los derechos humanos en América, realizando y publicando estudios sobre distintos temas.

En sus periodos ordinarios de sesiones, la CIDH realiza audiencias dos veces al año. En ellas se estudian casos o se analizan temas específicos. En esta ocasión se llevaron a cabo cinco audiencias sobre México. La primera de ellas fue sobre un caso, el de Ricardo Ucán Seca, a quien la falta de intérprete traductor, la ausencia de una defensa adecuada y la discriminación de que fue objeto, le impidieron demostrar que actuó en legítima defensa cuando fue procesado por homicidio en junio del año 2000, y finalmente sentenciado a 22 años de prisión. En dicha audiencia, y gracias al gran trabajo de Indignación, una organización de derechos humanos en Yucatán, el gobierno mexicano ofreció abrir mesas de trabajo para encontrar una solución al caso.
Otra de las audiencias fue la que presentó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, cuyos representantes denunciaron el desinterés del Estado mexicano para revertir el trato discriminatorio, deshumanizante y de explotación que padecen miles de indígenas de la montaña de Guerrero por parte de empresarios agrícolas, resaltando la muerte de niños en labores agroindustriales. Asunto que generó gran interés por parte de los comisionados de la CIDH.
La tercera audiencia, en torno a la situación de violencia institucional en contra de las mujeres en México, fue para la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos. En ella las agrupaciones participantes de la Red expusieron que el Estado mexicano, al no contar con una política integral que erradique la violencia contra las mujeres, tiene responsabilidad en el aumento de feminicidios en el país. Presentaron además información sobre la violencia que las mujeres sufren en situación de reclusión y en el contexto actual de militarización social, así como sobre el impacto que hoy tienen en los derechos de las mujeres las actuales reformas constitucionales estatales a propósito del aborto, y sobre la ausencia de armonización legislativa con los estándares internacionales en la materia.

Por su parte la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, junto con la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, plantearon en otra audiencia cuatro casos de tortura en contra de civiles y policías, perpetrados este año por el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en Tijuana, Baja California. Las organizaciones denunciaron el abuso que las autoridades hacen del arraigo, incluso en instalaciones militares, toda vez que propicia violaciones graves a los derechos humanos, como tortura; tratos crueles, inhumanos y degradantes; detenciones arbitrarias; allanamientos de morada; incomunicación de detenidos; violaciones al debido proceso y a la seguridad jurídica, entre otros. Ello no impidió que siguieran cometiéndose posteriormente aquí, en México, a pesar de que el segundo vicepresidente de la CIDH haya resaltado en la audiencia que el delito de tortura es fácil de encubrir, por lo que es indispensable una actitud proactiva del Estado para investigarlo y esclarecerlo con eficacia, además de una actitud proactiva para prevenirlo, sobre todo cuando hay condiciones, como las denunciadas, que la facilitan. Ni que los familiares de las víctimas hayan dejado de padecer amenazas e intimidaciones posteriores en el país para obligarlas a retirar sus peticiones, no obstante que el artículo 61 del Reglamento de la CIDH obliga al Estado a otorgar garantías a todas las personas que concurran a una de sus audiencias, o le suministren informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter.
La última audiencia sobre México fue con relación a los derechos políticos en el país. En ella se cuestionó el sistema electoral y el distanciamiento entre los partidos políticos y la sociedad. La respuesta del gobierno fue una defensa a ultranza del sistema electoral, sin hacer mención alguna de los fallos que pueda tener. En estos días también la Corte Interamericana de Derechos Humanos delibera y estudia en San José, Costa Rica, la posibilidad de dictar por primera vez sentencia sobre tres casos acumulados de feminicidio en Ciudad Juárez, paradigmáticos por la implicación de agentes del Estado y la cadena de hechos que hacen evidente su responsabilidad en su impunidad, que probablemente sentará jurisprudencia sobre esta forma extrema de violencia contra las mujeres. Y para la semana próxima se espera también la sentencia de la Corte sobre el famoso caso de Rosendo Radilla Pacheco, detenido ilegalmente en un retén militar en el estado de Guerrero, el 25 de agosto de 1974, y posteriormente desaparecido, sin haber esclarecido jamás su paradero, ni haber reparado a sus familiares por los daños producidos por su sensible pérdida.