Thursday, November 05, 2009

LA SECRETARÍA DE SALUD y EL CASO CAIFAC






                                       Dónde están…  Queremos ver sus caras!



El  día  de  hoy  diversas  organizaciones  de  la  sociedad  civil  acompañadas  de  varias  ciudadanas  y

ciudadanos solidarios hemos clausurado simbólicamente la Secretaría de Salud por sus graves omisiones

en el caso de las niñas y el niño desaparecidos del albergue CAIFAC. 



El pasado mes de octubre solicitamos a la Secretaria de Salud del Estado que nos informara de acuerdo

a  su ámbito de  competencia,  si personal  de  dicha dependencia había  llevado a  cabo alguna visita de

verificación a las instalaciones de CAIFAC en el periodo comprendido de enero de 2007 a diciembre de

2008. La Secretaría nos informó que en enero de 2005 se realizó una visita a CAIFAC y que el albergue

fue  suspendido,  sin  precisarnos  el tipo de irregularidades encontradas, informó  también que hasta  el

2007 se citó al responsable del albergue quien no acudió a la Secretaría, y que el expediente continúa

abierto.



Consideramos inadmisible que después de casi cinco años, la Secretaría de Salud no haya concluido un

expediente,   ya   sea   clausurando,   imponiendo   una   multa   o             levantándo   la   suspensión,   que   ésa

dependencia afirme no estar informada de que dicho albergue siguió funcionando, que mantenía una

relación  institucional  con  el  DIF  y  que  recibía  apoyos  económicos  del  Estado.    Nos  parece  también

inaceptable que a pesar de  tener un 10% de  la plantilla de verificadores en  inactividad  total,  se haya

dejado de verificar con la pertinencia necesaria dicho albergue.



Resulta sumamente grave que la Secretaría de Salud haga caso omiso de la Norma Oficial 167 que entre

otros  regula  los  Albergues  Infantiles  obligándoles  a  brindar  una  atención  integral  a  los  menores.  La

Convención  de  los Derechos  del  Niño,  de aplicación  obligatoria  en  México,  ordena  que  en  todos  los

casos  debe  ser  el  interés  superior  del  niño  el  que  funja  como  criterio  orientador  de  las  políticas  y

actividades  públicas  que  les  afecten,  es  reprobable  que  nuestras  autoridades  no  obedezcan  este

principio.



Con la nueva información queda aún más claro que el Estado tiene responsabilidad en el caso  de los

niños secuestrados, ya que sus instituciones no cumplieron con sus obligaciones legales y se apartaron

de los objetivos para los que fueron creadas, demostrándo que para ellas, la niñez no es una prioridad.

Consideramos que si esta autoridad hubiera llevado a cabo su función fiscalizadora tal y como estaba

obligada, Julio, Diana y Adriana probablemente no estarían hoy secuestrados.



Por ello desde aquí, exhortamos al C.  Rodrigo Medina Cruz, a que se pronuncie sobre este tema.

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