Dónde están… Queremos ver sus caras!
El día de hoy diversas organizaciones de la sociedad civil acompañadas de varias ciudadanas y
ciudadanos solidarios hemos clausurado simbólicamente la Secretaría de Salud por sus graves omisiones
en el caso de las niñas y el niño desaparecidos del albergue CAIFAC.
El pasado mes de octubre solicitamos a la Secretaria de Salud del Estado que nos informara de acuerdo
a su ámbito de competencia, si personal de dicha dependencia había llevado a cabo alguna visita de
verificación a las instalaciones de CAIFAC en el periodo comprendido de enero de 2007 a diciembre de
2008. La Secretaría nos informó que en enero de 2005 se realizó una visita a CAIFAC y que el albergue
fue suspendido, sin precisarnos el tipo de irregularidades encontradas, informó también que hasta el
2007 se citó al responsable del albergue quien no acudió a la Secretaría, y que el expediente continúa
abierto.
Consideramos inadmisible que después de casi cinco años, la Secretaría de Salud no haya concluido un
expediente, ya sea clausurando, imponiendo una multa o levantándo la suspensión, que ésa
dependencia afirme no estar informada de que dicho albergue siguió funcionando, que mantenía una
relación institucional con el DIF y que recibía apoyos económicos del Estado. Nos parece también
inaceptable que a pesar de tener un 10% de la plantilla de verificadores en inactividad total, se haya
dejado de verificar con la pertinencia necesaria dicho albergue.
Resulta sumamente grave que la Secretaría de Salud haga caso omiso de la Norma Oficial 167 que entre
otros regula los Albergues Infantiles obligándoles a brindar una atención integral a los menores. La
Convención de los Derechos del Niño, de aplicación obligatoria en México, ordena que en todos los
casos debe ser el interés superior del niño el que funja como criterio orientador de las políticas y
actividades públicas que les afecten, es reprobable que nuestras autoridades no obedezcan este
principio.
Con la nueva información queda aún más claro que el Estado tiene responsabilidad en el caso de los
niños secuestrados, ya que sus instituciones no cumplieron con sus obligaciones legales y se apartaron
de los objetivos para los que fueron creadas, demostrándo que para ellas, la niñez no es una prioridad.
Consideramos que si esta autoridad hubiera llevado a cabo su función fiscalizadora tal y como estaba
obligada, Julio, Diana y Adriana probablemente no estarían hoy secuestrados.
Por ello desde aquí, exhortamos al C. Rodrigo Medina Cruz, a que se pronuncie sobre este tema.
ciudadanos solidarios hemos clausurado simbólicamente la Secretaría de Salud por sus graves omisiones
en el caso de las niñas y el niño desaparecidos del albergue CAIFAC.
El pasado mes de octubre solicitamos a la Secretaria de Salud del Estado que nos informara de acuerdo
a su ámbito de competencia, si personal de dicha dependencia había llevado a cabo alguna visita de
verificación a las instalaciones de CAIFAC en el periodo comprendido de enero de 2007 a diciembre de
2008. La Secretaría nos informó que en enero de 2005 se realizó una visita a CAIFAC y que el albergue
fue suspendido, sin precisarnos el tipo de irregularidades encontradas, informó también que hasta el
2007 se citó al responsable del albergue quien no acudió a la Secretaría, y que el expediente continúa
abierto.
Consideramos inadmisible que después de casi cinco años, la Secretaría de Salud no haya concluido un
expediente, ya sea clausurando, imponiendo una multa o levantándo la suspensión, que ésa
dependencia afirme no estar informada de que dicho albergue siguió funcionando, que mantenía una
relación institucional con el DIF y que recibía apoyos económicos del Estado. Nos parece también
inaceptable que a pesar de tener un 10% de la plantilla de verificadores en inactividad total, se haya
dejado de verificar con la pertinencia necesaria dicho albergue.
Resulta sumamente grave que la Secretaría de Salud haga caso omiso de la Norma Oficial 167 que entre
otros regula los Albergues Infantiles obligándoles a brindar una atención integral a los menores. La
Convención de los Derechos del Niño, de aplicación obligatoria en México, ordena que en todos los
casos debe ser el interés superior del niño el que funja como criterio orientador de las políticas y
actividades públicas que les afecten, es reprobable que nuestras autoridades no obedezcan este
principio.
Con la nueva información queda aún más claro que el Estado tiene responsabilidad en el caso de los
niños secuestrados, ya que sus instituciones no cumplieron con sus obligaciones legales y se apartaron
de los objetivos para los que fueron creadas, demostrándo que para ellas, la niñez no es una prioridad.
Consideramos que si esta autoridad hubiera llevado a cabo su función fiscalizadora tal y como estaba
obligada, Julio, Diana y Adriana probablemente no estarían hoy secuestrados.
Por ello desde aquí, exhortamos al C. Rodrigo Medina Cruz, a que se pronuncie sobre este tema.
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