El Consejo Coordinador Empresarial y Televisa, culpables de la guerra sucia contra la Coalición por el bien de todos

Fox, junto con la televisora y el CCE, responsables de la guerra sucia, sin sanción alguna. México el país de la impunidad

■ Violaron la ley, pero no se podía sancionar a particulares, dice el IFE dos años después


■ A Fox y Calderón los halló responsables de no respetar la restricción publicitaria de finales de 2005

Alonso Urrutia

Casi dos años después de haber irrumpido en la campaña electoral con mensajes contra el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, el Consejo Coordinador Empresarial fue encontrado culpable de violar la ley por parte del Instituto Federal Electoral (IFE). También se halló responsabilidad de la empresa Televisa, por haber difundido los promocionales.

Asimismo, el organismo halló responsables al ex presidente Vicente Fox y al actual presidente, Felipe Calderón, de haber violado el marco legal y la tregua navideña de 2005.

De acuerdo con los proyectos de dictamen de la Junta General Ejecutiva del IFE, a pesar de la responsabilidad de todos ellos por haber transgredido la legislación, solamente se sancionará con 4 mil 500 días de salario mínimo –alrededor de 234 mil pesos– al PAN, por la conducta de Calderón, que realizó actos públicos y envió mensajes navideños durante la restricción publicitaria decretada previo a las campañas.

Sin embargo, destaca el caso del ex presidente Fox, que el documento propone que se dé vista al Senado y a la Cámara de Diputados dado el carácter de funcionario federal. La notificación se realizará para que el Congreso, “en el ámbito de su competencia, determine lo que a derecho corresponda”.

En el caso del CCE y Televisa, las consecuencias son nulas, pues aunque en ambos casos se les considera violadores de la legislación electoral, el IFE se encuentra impedido de aplicar sanción alguna ya que, de acuerdo al marco legal que regía en el proceso electoral de 2006, no es procedente sancionar a particulares.

Los proyectos de dictámenes serán discutidos hoy por la Comisión de Quejas, con el propósito de ratificarlos y que se presenten la próxima semana ante el Consejo General del IFE para su aprobación, como parte del desahogo de más de un centenar de quejas que finalmente serán resueltas por el organismo.

En el caso de Fox, la queja fue promovida por la coalición Por el Bien de Todos, relacionada con la campaña publicitaria gubernamental denominada “Si seguimos por el mismo camino”, en alusión a votar en favor del PAN. “Efectivamente, el IFE observa que las declaraciones de Fox oscilaron entre el ejercicio de la libertad de expresión y la intromisión en los procesos electorales, a través de mensajes indirectos o implícitos, que si bien no son a favor o en contra de candidato alguno, podían interpretarse en uno u otro sentido”.

La violación de Fox –que en su momento fue reconocida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– fue considerada como un hecho que pudo haber incidido en el electorado, pero el documento no acredita que el PAN pueda ser responsable de la conducta del entonces presidente.

Por lo que hace a Calderón, fue encontrado culpable de transgredir la tregua navideña, detectándose la difusión de mensajes en dos días distintos, a pesar de lo cual se consideró que no fue una actitud reincidente, por lo que la multa fue por una falta de gravedad ordinaria.

En cuanto al CCE, el IFE consideró que violó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) al difundir publicidad de contenido electoral –donde aludía que en la década reciente se había logrado una estabilidad que no debería ponerse en riesgo–, incidiendo en contra de la coalición y que, de acuerdo con la queja de ésta, pretendía beneficiar al PRI y al PAN.

El dictamen recoge también la renuencia de Televisa a entregar al IFE información relacionada con la contratación de los mensajes, censurando “su silencio o pasividad” que podían haber servido “para desvanecer indicios”. Si bien el organismo consideró fundada la queja, determinó que ni el PRI ni el PAN tenían responsabilidad en los posibles beneficios electorales, por lo que no los sancionó, lo que se suma a la imposibilidad de aplicar castigos a los organismos privados.

En las quejas también se fija una sanción de 2 mil 500 días de salario mínimo al PRI y al PVEM –alrededor de 130 mil pesos– por actos anticipados de campaña de su candidato, Roberto Madrazo.