En Pemex, Calderón intenta trampear la Constitución, advierten especialistas

■ Busca modificar leyes secundarias para privatizar la paraestatal, concluyen en foro del FAP


■ Él y los legisladores que aprueben esa iniciativa serían sujetos de juicio político, coinciden Lorenzo Meyer, Juventino Castro y Castro, Bernardo Bátiz, Manuel Bartlett y Jaime Cárdenas

Ciro Pérez Silva



En la imagen José Agustín Ortiz Pinchetti, Bernardo Bátiz Vázquez e Ifigenia Martínez, durante el simposio Petróleo y seguridad energética, realizado en la antigua Escuela de Medicina José Agustín Ortiz Pinchetti, Bernardo Bátiz Vázquez e Ifigenia Martínez, durante el simposio Petróleo y seguridad energética, realizado en la antigua Escuela de Medicina Foto: Guillermo Sologuren

El intento de Felipe Calderón de “trampear” la Constitución modificando leyes secundarias para privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex) lo hace sujeto de juicio político, advirtió el doctor en derecho Raúl Carrancá y Rivas, al participar en el simposio Petróleo y seguridad energética, que organiza el Frente Amplio Progresista (FAP).

En ese foro, ponentes como Lorenzo Meyer, Juventino Castro y Castro, Bernardo Bátiz, Manuel Bartlett y Jaime Cárdenas, coincidieron en que la propuesta presidencial de reforma intenta “un golpe de Estado constitucional”, y enfatizaron que la única forma de detener esta maniobra para privatizar Petróleos Mexicanos es la movilización social.

Luego de advertir que los mexicanos están en su derecho de reclamarle a Felipe Calderón el cumplimiento de la Constitución, los participantes convinieron en que también serían sujetos de juicio político aquellos legisladores que llegasen a aprobar dicha iniciativa pues, a juicio de Bernardo Bátiz, “ceder una posición estratégica como Pemex”, en la forma que pretende el Ejecutivo federal, “es o una tontería o un acto de traición”, mientras Jaime Cárdenas advirtió que los senadores del PRI Francisco Labastida, “responsable del Pemexgate”, y del PAN Juan Bueno Torio, ex funcionario de la paraestatal, o el diputado priísta Emilio Gamboa, entre otros, deben excusarse de participar en los debates sobre el tema, “por su evidente conflicto de intereses”.

En sus intervenciones, cada uno de los ponentes que participaron en la mesa de discusión denominada Expropiación petrolera y soberanía nacional, subrayaron que es imprescindible la movilización social para detener el “fraude constitucional” que pretende llevar a cabo el gobierno calderonista, al tiempo que el ex senador priísta Manuel Bartlett condenó el papel de los medios electrónicos, destacadamente de las televisoras, “que hacen una brutal labor de zapa en la conciencia nacional, transmitiendo el discurso mentiroso del gobierno y asegurando que la única salvación posible para México es que la ayuda venga de afuera”.

Al frente de la Comisión de Energía y Desarrollo del FAP, responsable de la organización del simposio, Porfirio Muñoz Ledo adelantó –al presentar a los integrantes de la mesa– que de prosperar la iniciativa de Calderón, México se encontraría “en el dintel de la ruptura del orden constitucional”, y confió en que el debate sobre la iniciativa de reformas a Pemex “no sea un debate a la antigüita en el que se oye a muchos, se escucha a pocos y no se hace caso a nadie”.

La apertura de las intervenciones ante el colmado auditorio de la antigua Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, estuvo a cargo del ex consejero del Instituto Federal Electoral Jaime Cárdenas, quien sostuvo que la pretensión de Calderón Hinojosa de violar la Constitución a través de cambios en las leyes secundarias, rompe el pacto social y político que dio origen al Estado mexicano.

Cárdenas, quien dijo haberse “espantado” ante la lectura de las iniciativas del Ejecutivo, destacó que la propuesta concede a un comité de transparencia y auditoría la facultad de legislar en materia de adquisiciones, contratos y obras, y al comité de remuneraciones la de fijar salarios, potestades ambas que son responsabilidad del Congreso; establece límites a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y otros órganos de control para que no fiscalicen las actividades de la paraestatal; crea consejeros al margen de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; permite la adjudicación directa de contratos y otorga facultades a la empresa petrolera para contratar deuda externa, entre otros ejemplos de violaciones concretas a la Constitución.

“Con esta reforma, el gobierno federal pretende dos cosas simultáneamente: maximizar la extracción del petróleo y traer inversión extranjera, que equivale a tener el pastel y comérselo”, señaló en su turno Lorenzo Meyer, quien sostuvo que en el tema del petróleo está en juego la naturaleza del nacionalismo mexicano.

Tras un breve recuento de la historia del petróleo en México, Meyer destacó que a diferencia de otras etapas, destacadamente las del siglo pasado, por primera vez se logró que antes de la aprobación de alguna ley se le abriera espacio a la opinión pública. “En el caso del Congreso, PAN y PRI dan la mayoría para aprobar la iniciativa de Calderón, y si no entra en el debate otro actor, que es la sociedad, que es el pueblo, esto no se podrá impedir.”

A su vez, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juventino Castro aseveró que cualquier reforma –“y en mi concepto ésta lo es”– que promueva que un área estratégica fundamental para el país acepte la intervención de particulares, debe clasificársele como inconstitucional, además de que en la iniciativa se propone claramente “trampear” a la Constitución.

Referendo y plebiscito

Al plantear vías de acción para la participación social en la defensa del petróleo, los ponentes recordaron que si bien no se contempla en la Carta Magna las figuras del referendo o plebiscito, sí se establece la obligación del gobierno de consultar al pueblo, particularmente en lo que toca a reformas como las que propone.

Mencionaron los ponentes que el artículo 26 constitucional encomienda al Estado mexicano la organización de “un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional”. Y para propiciar este encargo constitucional, el tercer párrafo ordena: “La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo.

“Los mexicanos deben honrar la sabiduría política de su Constitución: lo que se proponga para el mejor manejo de los recursos naturales del subsuelo, que son del exclusivo manejo de la nación, debe consultarse, analizarse y votarse directamente por la nación”, subrayó el ministro Castro y Castro.