Por primera vez en su larga vida clandestina de cuatro décadas, los mandos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) –con orígenes en el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP)-Partido de los pobres (Pdlp), fundados en 1969– propusieron una mesa de diálogo con el gobierno federal, refiere la edición 1644 de Proceso.El propósito: encontrar a sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 20 de mayo del 2007 después de haber sido detenidos por policías del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y entregados al Ejército, que los ha torturado para sacarles información, de acuerdo con las denuncias que, desde entonces, ha hecho el grupo armado.
Antes de hacer esa propuesta de diálogo, el EPR reveló a Proceso la ubicación de una decena de casas de seguridad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y del Ejército Mexicano en la Ciudad de México, donde posiblemente han mantenido cautivos a guerrilleros y dirigentes sociales como parte de la nueva guerra sucia que está desplegando el gobierno federal.
Al responder un cuestionario de Proceso que tardó dos semanas en devolver por razones de seguridad, el comité central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), Comandancia General del EPR, asegura que durante el gobierno de Felipe Calderón han desaparecido 30 líderes sociales, y sospecha que han sido torturados en las “cárceles clandestinas” mencionadas.
Dichas “cárceles” son departamentos, almacenes o casas ubicadas en colonias anexas al cerro del Ajusco o en medio de algunas colonias populares, que se caracterizan por tener protecciones al interior y no al exterior de las ventanas.
Respecto a las acusaciones de que se ha financiado con recursos del narcotráfico y a través de los secuestros, el EPR lo niega y dice que “es el Estado quien tiene estos vínculos” con el crimen organizado, auspiciado por políticos, policías y altos jefes militares.
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