El resultado del operativo en la discoteca News Divine no fue producto de un concierto de errores y sí de una política pública “en la que se criminaliza a los jóvenes, en particular a los más pobres”; política que se aplica de manera “sistemática e institucionalizada” y resulta “imprescindible desmontar”, señala el informe especial que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) realizó sobre los hechos del 20 de junio, cuando fallecieron 12 personas.Para el organismo, las “redadas” en contra de los jóvenes tienen como objetivo real “asegurar a un grupo numeroso de personas que se suponía estaban siendo víctimas de corrupción de menores”; sin embargo, los adolescentes no fueron tratados como víctimas del delito sino como presuntos delincuentes, se les violaron “de manera grave” sus garantías individuales y a pesar de las muertes provocadas, las autoridades “permitieron y continuaron con las violaciones a los derechos de las y los jóvenes que fueron trasladados a tres sectores de la policía y luego ante el Ministerio Público”.
Además del informe especial, se dio a conocer la recomendación 11/2008, la cual cuenta con 40 puntos recomendatorios, entre los cuales se encuentra una exhortación al gobierno capitalino para que ofrezca una disculpa pública no sólo a las víctimas, sino a la sociedad en general.
También se entregó un primer avance del expediente que se realiza en torno a las vejaciones cometidas durante el proceso de procuración de justicia y que advierten que la investigación que coordinó el ex procurador Rodolfo Félix Cárdenas ha sido parcial y diferenciada en cuanto a la aplicación de las reglas al debido proceso, al grado de que cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal fueron esposados a sus sillas al rendir su declaración, mientras que el personal de la procuraduría capitalina que estuvó involucrado en los hechos, acudió a declarar, se les permitió retirarse y sólo después fueron consignados los expedientes.
El informe fue presentado ayer al mediodía en la nueva sede de la CDHDF. El acto, al que acudieron familiares de las víctimas, se inició con un minuto de silencio por los adolescentes muertos.
El informe advierte que la tragedia “era totalmente evitable”, que en los días posteriores a los hechos las autoridades obstaculizaron “deliberadamente” la investigación y ocultaron datos, por lo cual se puso en riesgo el derecho a la verdad.
“A lo largo de todo el operativo las violaciones no se detienen, por el contrario, crecen, se multiplican y acentúan. Ni los procedimientos, ni la formación ni la ética sirvieron como contención a tan dolorosas muestras de brutalidad policiaca y abuso de autoridad, esto es muestra contundente de lo que se llama: violencia institucional”, indicó, durante su mensaje final el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza.
Con base en varios estudios que solicitó la CDHDF a especialistas, el video que presentó la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con por lo menos 50 cortes. Además de que existen elementos suficientes para presuponer que la cámara de video que presentaron ante el Ministerio Público no corresponde a la cámara con la que se tomaron las imágenes del operativo.
En torno a la actuación de la procuraduría capitalina, el organismo denunció que los adolescentes fueron “objetivizados” en virtud de que se les retuvo, no como sujetos de derechos, sino como medios de prueba para acreditar un delito; que los familiares fueron maltratados en las instalaciones ministeriales y que incluso se indujo la declaración de las víctimas y se inhibió su derecho a denunciar.
La CDHDF señaló los errores que a su juicio cometieron la procuraduría capitalina, la SSPDF y la delegación Gustavo A. Madero. Sobre esta última se dijo que fue la instancia responsable de que el News Divine funcionara sin las condiciones de protección civil necesarias.
“Sabemos que en ocasiones, en otros niveles de gobierno y en otras entidades, la respuesta a violaciones de los derechos humanos es la impunidad. Ese no puede ser el caso del Distrito Federal. Por su lucha democrática, por su papel como capital de la República, pero sobre todo en atención a las víctimas, no hay otro camino que la justicia”, aseveró el ombudsman local.
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