:: MEXICO ::
• La comunità internazionale è preoccupata per i diritti umani in Messico
• Oaxaca. La tragedia continua
• "Il dialogo è urgente, ma senza una pistola alla tempia"
Otros dos sucesos son dignos de consideración: la liberación del general Mario Arturo Acosta Chaparro y el amparo concedido al ex presidente Luís Echeverría.[26] Juzgado por delitos contra la salud (por los cuales pasó seis años y 10 meses en el Campo Militar Número Uno), el primero es uno de los máximos responsables de la guerra sucia de los años setenta. La sentencia le restituye todos sus derechos y el grado de general.
Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité ¡Eureka!, denuncia que esa resolución es signo de una injusticia enorme, pues numerosos testimonios prueban que el militar fue responsable de muchas desapariciones forzadas y actos de tortura en el Estado de Guerrero.[27]
A su vez, Echeverría fue juzgado por las matanzas de Tlatelolco (1968) y del Jueves de Corpus (1971), pero esas acusaciones han ido cayendo una tras otra. Obra maestra de incongruencia jurídica, el último fallo establece que los hechos considerados configuran, en efecto, el delito de genocidio pero, al mismo tiempo, exonera de toda responsabilidad a su principal organizador.
La impunidad de Echeverría y otros funcionarios –por ejemplo, el siniestro torturador Miguel Nazar Haro, ex jefe de la Dirección Federal de Seguridad, quien también salió libre- fue avalada incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver que, aun cuando fueron cometidos, los delitos por los que se les juzgaba ya habían prescrito según las leyes mexicanas.
El afán de rehabilitar a los peores represores de la historia reciente de México se embona con los constantes llamados del presidente Felipe Calderón a las fuerzas armadas para que “combatan las amenazas de quienes pretenden afectar la seguridad del país con acciones criminales” lo cual transmite la idea que el ejército es el mejor defensor de la legitimidad republicana. [28]
Es evidente que tales sermones dan vía libre a los atormentadores de Cruz Sánchez y Reyes Amaya -y a todos los torturadores que actúan en las cárceles clandestinas del país- para que sigan operando en la más total impunidad.[29]
Según el general disidente José Francisco Gallardo –quien purgó ocho años de prisión por haberse atrevido a exigir un ombudsman militar en México -, “Felipe Calderón gobierna en los Estados mediante los comandantes militares. (…) Estamos en los albores de llegar a un Estado de guarnición, donde el Ejército está en permanente confrontación con la sociedad civil y la tiene permanentemente bajo el miedo. Eso ocurre ya, cotidianamente, en el sur y la zona fronteriza.”.[30]
Sólo en este cuadro desconcertante -que corresponde al estado de excepción descrito por Agamben-, se entiende la detención, desaparición y tortura de los dos militantes del EPR. No se trata únicamente de un acto de barbarie, sino de una maniobra contrainsurgente ejecutada al más alto nivel. El objetivo es claro: forzar al EPR a cometer actos desesperados para después criminalizar al movimiento social.
Recordemos que el intento de vincular a los movimientos sociales con la guerrilla no es nuevo. En el transcurso del levantamiento protagonizado el año pasado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la entonces Procuradora General de Justicia de Oaxaca, Lizbeth Caña Cadeza denunció a esta organización por su actuación con tácticas “guerrilleras y subversivas”.[31]
Quienes ejecutaron los secuestros –el EPR denuncia directamente al general Juan Alfredo Oropeza Garnica, titular de la octava región militar con sede en Oaxaca y experto en lucha contrainsurgente [32]- pensaban, con toda probabilidad, que la respuesta de los guerrilleros sería local. Si esto fuera así, los atentados contra PEMEX fueron una desagradable sorpresa para los arquitectos de la guerra sucia, lo cual explica las discordantes declaraciones al respecto de los funcionarios gubernamentales.
Como parte de la misma campaña de intimidación, en los últimos meses se han multiplicado las filtraciones de inteligencia militar a periodistas complacientes que relacionan a ex presos políticos con el EPR abriendo el paso a la represión.[33] Uno de esos, Vladimir Galeana, escribió que en el Distrito Federal el grupo armado celebra sus reuniones en la sede del Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón, una colectivo de carácter público y abierto que no tiene absolutamente nada que ver con la lucha armada y que no comparte la ideología del EPR, pero tiene la gran culpa de haber llevado a cabo actividades solidarias con los presos políticos.[34] Aun cuando se trata de falsedades evidentes, el intento es claro: criminalizar la disidencia.
Y es que la definición de “subversivo” ya no incluye únicamente a quienes practican la lucha armada, sino que, según las necesidades, puede hacerse extensiva a militantes políticos, a periodistas incómodos (dos de ellos cayeron el año pasado en Oaxaca [35]), a fastidiosos defensores de los derechos humanos…
Es evidente que vincular a la APPO y a sus simpatizantes con la guerrilla proporciona una excusa inmejorable para justificar la represión contra el movimiento social. Así las cosas, cuando los grupos armados no actúan –el año pasado no lo hicieron- es necesario inventarlos.[36] Esto explica primero la aparición de guerrilleros postizos en Oaxaca y después la abierta provocación de secuestrar-desaparecer a dos dirigentes del EPR. Ahora como antes, el objetivo es, principalmente, la APPO que los órganos de inteligencia consideran una amenaza mucho más grave precisamente por ser “incontrolable”.
Una Guelaguetza ensangrentada
La “Guelaguetza” que se celebra oficialmente en Oaxaca es más una simulación que una fiesta popular. La tradición, sin embargo, es auténtica. Se remonta a la época prehispánica, cuando los pueblos del valle central rendían tributo a Centéotl, -diosa del maíz - en un templo situado en el actual cerro del Carmen Alto y dedicado a Tláloc, el señor de la lluvia. Con la conquista, el ritual se convirtió en la conmemoración de la Virgen del Carmen que se celebraba el domingo siguiente al 16 de julio y se repetía ocho días después en la llamada “octava”.
Consumada la ceremonia religiosa, el lunes -llamado “Lunes del Cerro”- iniciaba la fiesta profana con sus sincretismos y transgresiones carnavalescas. Los indígenas de la ciudad y de los pueblos vecinos acudían a bailar e intercambiar regalos al son de pitos, tambores y chirimías. El mezcal, el aroma de las comidas, el humo del copal y del cigarro se fundían en la comunión colectiva, el éxtasis y el tiempo destinado a la regeneración de la comunidad.
:: O A X A CA ::
Città di guerra
Oaxaca brucia
Colpita al cuore
( Indymedia )
Seguridad Pública de León enseña a policías a torturar
Un video difundido por El Heraldo de León muestra a uno de los agentes del Grupo Especial Táctico de la policía municipal en el momento en que vuelve el estómago, durante un entrenamiento en tácticas de tortura. El policía fue arrastrado sobre su propio vómito por uno de sus compañeros. En la siguiente toma, otro de los uniformados, atado y con los ojos vendados, está a punto de recibir un chorro de agua mineralizada por las fosas nasales (práctica conocida como tehuacanazo). Según el secretario de seguridad pública del ayuntamiento panista, Alvar Cabeza de Vaca Apendinni, los elementos de la corporación necesitan estar entrenados para cometer este tipo de vejaciones a fin de combatir la creciente presencia del crimen organizado en Guanajuato
■ Es necesario para combatir el crimen organizado, alega el titular de la dependencia
■ Tehuacanazos y el pocito forman parte de la “capacitación extrema” para agentes voluntarios
■ El procurador de Justicia del estado señala que estas prácticas son ilegales y anuncia investigación
Carlos García
León, Gto, 30 de junio. La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento de León, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), entrena a sus policías en técnicas de tortura.
En dos videos que tiene La Jornada y que fueron difundidos por El Heraldo de León, se puede ver el entrenamiento que recibe el Grupo Especial Táctico (GET) para obligar a los detenidos a proporcionarles información.
El secretario de Seguridad Pública del municipio, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, aceptó este lunes que los elementos del GET recibieron un “curso de técnicas de tortura, por la necesidad de tener grupos perfectamente preparados para combatir al crimen organizado”.
En el video se observa que las prácticas son conducidas por un extranjero, al parecer estadunidense, y elementos del cuerpo de elite de la policía de León se ofrecen como voluntarios para ser sometidos a tormentos.
Entre las enseñanzas que reciben los agentes leoneses está el famoso tehuacanazo, que consiste en inyectar agua mineral por las fosas nasales al interrogado.
También se instruye a los policías para que amarren a los detenidos, les cubran el rostro y los amenacen con meterles la cabeza a una fosa llena de excremento, técnica conocida como el pocito.
El video muestra que uno de los agentes participantes en el entrenamiento no aguantó la tortura, se desplomó y volvió el estómago. El instructor lo obligó a girar sobre el suelo hacia donde estaba su vómito y otro de los participantes lo arrastró sobre sus desechos.
“Sabían de qué se trataba”
El secretario de seguridad pública de León, Alvar Cabeza de Vaca, justificó que en su dependencia se entrene a los policías para torturar, porque “se requiere tener un grupo especial que responda a ciertas condiciones. Vemos claramente cada vez más la inclusión, no sólo en León, sino en todo el estado, del crimen organizado, y necesariamente hay que tener estos grupos”, afirmó
El funcionario municipal argumentó que el curso no fue obligatorio. Los participantes “sabían de que se trataba. Es una capacitación extrema para situaciones extremas”.
Al preguntársele a Cabeza de Vaca por qué una dependencia del gobierno municipal ofrece cursos sobre prácticas ilegales que violan los derechos humanos, respondió: “Pos si bien no está prohibido... Yo no sé al final de cuentas como llegó el video (a los medios de comunicación). El capacitador hace las grabaciones para observar y corregir con base en el ensayo”.
La tortura en Guanajuato es un delito: de acuerdo con el artículo 264 del Código Penal del estado, el servidor público que “intencionalmente ejerza violencia sobre una persona, ya sea para obtener información o que constituya una forma ilícita de investigación”, enfrentará una pena de prisión de dos a 10 años de prisión.
Alvar Cabeza de Vaca ha ocupado diversos cargos en el área de seguridad pública: fue director de la policía de León en la administración 2000-2003; posteriormente fue subsecretario de Seguridad durante la gubernatura del panista Juan Carlos Romero Hicks.
El cepo y la cruz
El funcionario que considera necesario enseñar a los policías a torturar organizó una misa el 8 de noviembre de 2006, oficiada por el obispo José Guadalupe Martín Rábago, para dar la bienvenida al nuevo director de policía, Carlos Tornero.
La invitación que se dirigió al personal operativo y administrativo para acudir a la misa mencionaba que se pedirían bendiciones para los agentes, para “ver si con la palabra de Dios entienden y evitan caer en la tentación”.
Mientras el ayuntamiento panista enseña a sus policías a torturar, hace unos días se dio de baja a tres policías que golpearon a un ciudadano, luego que Televisa Bajío difundió un video de la agresión.
El procurador general de Justicia del estado, Daniel Federico Chowell Arenas, anunció que se abrirá una averiguación previa.
“Rechazamos este tipo de conductas. Iniciaremos de oficio una averiguación previa. La autoridad no puede cometer esas conductas delictivas; la autoridad debe brindar tranquilidad y seguridad a la ciudadanía”, señaló el funcionario al finalizar un evento en el cual el gobierno estatal anunció el Plan de Inversión para la Competitividad de Guanajuato.
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