En América latina el régimen democrático es el modelo que permite una mejor organización y canalización de los conflictos sociales que se dan por las luchas del poder político y por las demandas de justicia. Este sistema garantiza y favorece los mecanismos de dialogo entre los diferentes actores sociales y abre espacios para la participación de los sectores mas desfavorecidos. Sin embargo, este modelo democrático está muy lejos de ser una realidad en nuestro país y en nuestro estado. En buena medida esta dicotomía se debe a que los partidos políticos no representan alternativas serias y opciones políticas sustanciales para el mejoramiento de nuestra democracia. Los partidos políticos se han perdido en luchas intestinas y se han transformado en empresas que lucran con el poder y que establecen una relación clientelar con los electores.El proceso de democratización que vivimos en nuestro estado, se ha desligado de los graves problemas de pobreza, exclusión y desigualdad social. La alternancia del poder no ha generado una mayor calidad democrática, por el contrario, se mantiene la constante de que los nuevos gobiernos reproducen los vicios de la corrupción y son incapaces de satisfacer las necesidades básicas de la población, en materia de protección social, salud, empleo y educación. Esto ha causado no solo una mayor desconfianza en las instituciones del estado, sino una crispación política que va de los gobernantes hacia la ciudadanía. Su actitud beligerante no sólo debilita el estado de derecho sino que abona a la crisis de legitimidad y representación que enfrentan las autoridades y los mismos partidos políticos.
La gran pregunta que flota en este ambiente turbio y turbulento es ¿cómo garantizar una gobernabilidad democrática en un estado donde los mismos partidos políticos son parte del engranaje institucionalizado de la corrupción y de los mismos actores que violan las leyes electorales y violentan la voluntad ciudadana?
En lugar de arribar a una gobernabilidad democrática que se caracteriza por cultivar la pluralidad política en un marco de respeto a las garantías individuales y sociales, los guerrerenses estamos navegando a contra corriente con los partidos políticos y sus corrientes que se han puesto por encima de los intereses de la sociedad. Son ellos los que han impuesto las reglas del juego electoral, ignorando a los verdaderos protagonistas del proceso democrático.
La debilidad en nuestras instituciones se manifiesta de manera patética en el instituto estatal electoral y en sus mismas autoridades que no han tenido el temple para hacer valer la ley e imponer el orden entre las corrientes partidistas, los precandidatos, el ejecutivo estatal, los titulares de las dependencias públicas y los presidentes municipales, quienes han asumido actitudes retadoras e intimidatorias, para que nadie se atreva a detener sus ímpetus electoreros.
A ochos días de realizadas las elecciones internas del PRD, lo que predomina en la opinión pública es el descrédito generalizado de este ejercicio electoral. Lo más grave es que gran parte de los electores no alcanzan a vislumbrar los grandes intereses económicos y políticos que están en disputa. Al igual que la dirigencia nacional del PAN, que han advertido que van a sacar las reformas de Pemex con el apoyo del PRI y que van por el “congreso azul” en el 2009, a nivel estatal, la corriente política del gobernador, le ha apostado a ganar el congreso en este año, visualizado como la antesala para la próxima gobernatura, y ganar Acapulco, para poder imponer el proyecto hidroeléctrico la Parota. Está claro que el voto ciudadano no es para democratizar a las instituciones, ni para empoderar a los ciudadanos, simplemente es un medio para consolidar el poderío económico y la hegemonía política de las elites. El ciudadano es un ser contingente que se vuelve imprescindible solo en los procesos electorales y es absolutamente prescindible cuando las autoridades electas ejercen el poder.
Este modelo de democracia electoral en la práctica, le da más poder al que ya lo tiene y despoja al ciudadano de su libertad para votar. Los sectores populares han sido orillados a vender su voto para poder alcanzar algún beneficio, que por las vías institucionales nunca obtendrían, como ha sucedido con los tinacos, las láminas, el fertilizante y hasta los 500 pesos el voto, para poder sobrevivir con la familia, durante una semana. Las necesidades básicas de la población contrastan con los intereses macroeconómicos de las elites políticas. Por ejemplo en Acapulco, ¿qué pueden representar decenas de tinacos comparados con la construcción de una presa hidroeléctrica? La gente se conforma con tener agua y un tinaco en su casa, y esto al político le agrada porque sabe que puede imponer el megaproyecto de más de mil millones de dólares, además de poder apuntalar políticamente la candidatura para el próximo gobernador.
¿Cuál es en realidad la diferencia que existe entre las plataformas políticas del PAN, del PRD y del PRI? ¿En realidad su disputa política se centra en las contradicciones que existen entre los intereses de clase? Los hechos cotidianos nos indican que las elites políticas comparten los mismos intereses, y por eso se han alineado al capital transnacional. Desde sus trincheras políticas trabajan para brindar las facilidades necesarias que permitan implantar los mega negocios en las regiones donde se encuentra las riquezas de todos los mexicanos. En Guerrero los votos importan, pero para poder despejar el camino para que entren las multinacionales especializadas en los ramos minero, turístico, inmobiliario, agropecuario y energético.
En esta geografía electoral se dibujan los intereses económicos de las elites que gobiernan el estado: Acapulco, Zihuatanejo e Iguala, son municipios estratégicos por el potencial económico, turístico, minero y electorero que tienen. La región de la Montaña es clave porque representa un voto cautivo que puede marcar la diferencia a nivel estatal. La plaza de Chilpancingo es importante no solo por el número de electores, sino por lo que simboliza la ciudad en términos políticos, donde se encuentra las sedes de los tres poderes. Los municipios de la Costa Grande se caracterizan por su potencial económico y por lo que representan algunos municipios en su lucha por la democracia. La región de la Tierra Caliente y la zona Norte han alcanzado un lugar preponderante en el estado por la alta migración internacional, que a través de sus remesas han inyectado recursos económicos a las familias campesinas que han podido sortear el desempleo y la crisis en el campo. La Costa Chica sigue siendo la piedra en el zapato junto con la Montaña, porque existe un sector del electorado que no fácilmente se deja domesticar por los intereses facciosos de los partidos y ha sabido mantener una actitud crítica e independiente que le han costado persecuciones encarcelamientos y muertes.
La Izquierda Renovadora y el Polo Guerrerense de Izquierda, se han obstinado por apoderarse de este pastel electorero. La utilización de los recursos económicos y el uso de artimañas son para conquistar la mayoría de las plazas municipales y distritales. El objetivo es alcanzar el poder para establecer negociaciones cupulares, y por ende, recuperar con creces lo que se invirtió en las campañas. Mientras tanto, la población guerrerense sigue siendo rehén de la delincuencia organizada y de la narcoviolencia; sigue buscando en otros estados un empleo para poder comprar lo básico para la sobrevivencia, los jóvenes siguen arriesgando su vida con el fin de cruzar la frontera y trabajar en la industria de la construcción y las marquetas de Nueva York ; los pueblos y las organizaciones sociales siguen luchando por sus derechos fundamentales y siguen enfrentando la represión policíaca, por atreverse a encarar al sistema y cuestionar un régimen que criminaliza la protesta social. Los pueblos indígenas no solo resisten sino que también construyen propuestas innovadoras para garantizar justicia y seguridad, como es el ejemplo de la Policía Comunitaria. El caso de los indígenas Na savi de Mini Numa es inédito, porque sin apelar a la movilización y a la protesta, lograron encauzar jurídicamente su exigencia para que el gobierno les garantice el derecho a la salud. La visión racista y burocrática de las autoridades de salud del Estado, ignoraron la demanda legítima de esta pequeña comunidad, que se transformó en un ejemplo nacional de cómo se pueden hacer exigibles los derechos económicos. Este caso de justicia elemental, obligó la intervención del mismo presidente de la República.
La lucha ciudadana por los derechos humanos, está ausente en las corrientes de los partidos políticos y de sus mismos candidatos, porque es una lucha que no genera ganancias ni dividendos políticos inmediatos, por el contrario, demanda compromiso y sacrificios, para que los de abajo alcancen la justicia.
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