Nota: Para efecto de contextualizar la respuesta de Raúl Trejo Delarbre, reproducimos al artículo de Jaime Sánchez Susarrey publicado por el Grupo Reforma al final de la respuesta de Raúl.
Viola el Artículo 27 de la Ley de Imprenta
La réplica tenía la misma extensión que el artículo de Sánchez Susarrey
Martes 8 de julio de 2008
Explicación del Autor:
Los editores del diario Reforma decidieron censurar la carta que dirigí a ese periódico en respuesta a un artículo del Sr. Jaime Sánchez Susarrey, en donde se me menciona de manera calumniosa y que apareció el sábado 5 de julio en ese y otros diarios del mencionado grupo editorial.
Aunque había convenido con un funcionario del diario el espacio que podría tener mi respuesta, los editores del periódico consideraron posteriormente que era demasiado extensa. La Ley de Imprenta, en su artículo 27, establece que los periódicos están obligados a publicar respuestas de las personas aludidas en artículos aparecidos en ellos siempre y cuando no tengan una extensión mayor al doble del texto en donde se hizo tal alusión. La respuesta que envié a Reforma tenía exactamente las mismas dimensiones del texto de Sánchez Susarrey.
Me parece que la decisión de Reforma es una acto de censura. Además, al negarse a publicar mi rectificación, los editores de ese diario convalidan las descalificaciones que me dirigió Sánchez Susarrey.
Creo que es muy preocupante que un diario con reputación de seriedad como la que ha querido construir Reforma viole la Ley de Imprenta de manera tan flagrante.
Al final de este texto reproduzco la carta censurada por Reforma.
Raúl Trejo Delarbre
México D.F., 7 de julio de 2008
Sr. Lázaro Ríos,
Director General Editorial
Periódico Reforma
Presente
Señor Director:
El profesor Jaime Sánchez Susarrey desparrama descalificaciones en su artículo del 5 de julio en Reforma dedicado a polemizar con el texto que a mi vez publiqué el día 3, como todos los jueves, en La Crónica. En su enjundioso artículo me llama totalitario, censor, delirante, severo y obtuso, entre otras cosas.
En mi artículo en La Crónica sostengo que no es verdad que la prohibición a que particulares o partidos compren espacios para propaganda en televisión y radio limite la deliberación democrática, como dicen los promotores de la demanda de amparo que Sánchez y otros 14 ciudadanos presentaron en diciembre contra uno de los aspectos de la reforma constitucional en materia electoral.
Esa taxativa ya existía en la legislación electoral pero no había sanciones para ella. Ahora Sánchez dice que con tal medida “la partidocracia confisca el debate político intelectual en tiempos electorales y deja a los ciudadanos en calidad de sujetos pasivos y mudos”. Pero ese debate, sobre todo cuando es de índole intelectual, jamás se realiza en spots como los que ahora no podrán ser pagados en medios electrónicos.
Sánchez confunde el debate de ideas con el marketing: le parece que en 20 segundos se puede expresar una formulación argumentada y lógica y ofrece varios lemas que cabrían en menos de ese espacio. Esos ejemplos permiten comprobar la enorme distancia que hay entre la deliberación y la propaganda. Cuando afirma “las FARC son una organización terrorista vinculada al narcotráfico”, “Octavio Paz tenía razón: el socialismo real fue una experiencia monstruosa” o “la estatización de la banca en 1982 fue una estupidez”, cita lugares comunes que solamente tienen sentido político y autoridad intelectual si son respaldados por hechos y razonamientos.
Hoy es posible condenar la complicidad de las FARC con otros grupos delincuenciales porque hay evidencias de ello. Paz fue pionero en la denuncia a las burocracias comunistas gracias a la información que supo comprender y compartir acerca de crímenes y abusos en Europa del Este. Y sobre la nacionalización bancaria, a la que es preciso entender en la circunstancia mexicana de hace 26 años, Sánchez repite una consigna manida pero discutible.
Si el debate público y la tarea de analistas como el propio Sánchez se limitaran a concebir y recitar frases contundentes, que para tener efecto tuvieran que transmitirse en anuncios de radio y televisión, quizá mi encrespado interlocutor tendría razón. Pero hasta donde tengo entendido él mismo, igual que otros colegas que analizan asuntos públicos, no se dedica a la propaganda sino a la reflexión. O eso esperan sus lectores y, supongo, el diario para el cual escribe.
La reforma constitucional del año pasado tiene numerosas aristas. Es imposible aplaudirla o descalificarla toda. Yo mismo he señalado sus contraluces. En el artículo que desató la cólera de Sánchez hasta enceguecerlo, recordé que así como la prohibición a la compra de propaganda me parece pertinente, hay aspectos de esa reforma que suscitan excesos y confusiones. De manera expresa me referí a la proscripción, en la propaganda de los partidos, de expresiones que “denigren a las instituciones y a los propios partidos”. Esa prohibición me parece innecesaria y riesgosa. En la discusión política es inevitable que haya discrepancias y cuestionamientos. Por eso considero que tratar de impedir “denigraciones” traerá más problemas que los que pretende evitar.
Por eso escribí: “Otro tema que Los 15 no impugnaron en su demanda de amparo aunque varios de ellos lo han mencionado como si formase parte de ella, es la proscripción, consecuencia de la misma reforma, a las expresiones que en la propaganda de los partidos…” etcétera. Sin embargo Sánchez, pródigo desautorizador pero pésimo lector, me reprocha no haber percibido “ninguno de esos peligros” y asegura que con un ordenamiento así Hitler habría tenido completa impunidad en Alemania. Allá él con sus forzadas comparaciones. Pero ofuscado en ese tono tremendista, me recrimina no tomar en cuenta el asunto de la propaganda denigratoria cuando fueron él y sus compañeros de amparo quienes lo ignoraron en su demanda.
También he considerado que los promotores del amparo han soslayado las consecuencias políticas de esa acción judicial, entre ellas el interesado respaldo encontraron en las televisoras. Desaforado porque señalé esas implicaciones, Sánchez tilda mi argumentación de “estalinista” y rememora las burdas acusaciones que algunos despistados le hacían a Octavio Paz al decir que estaba al servicio del imperialismo.
Ahora resulta que advertir las implicaciones de una acción pública, de carácter político, significa incurrir en prácticas estalinistas. Me inquietan la pobre concepción que Sánchez tiene del análisis político y, también, esa paranoia entreverada con cierto delirio de grandeza. En una de las glosas que hace de mi texto, se refiere a él y sus compañeros de demanda como “los 15 notables”. Pero ese es un término que no utilicé, porque estoy convencido de que entre esos ciudadanos hay escritores y pensadores en efecto muy destacados. Y otros, pues no.
Sánchez, desde luego, no es Octavio Paz. Y nadie ha quemado su efigie (sería inaceptable, pero además resulta improbable) ante embajada alguna. Quien se chamusca solito es él, atareado en adjudicar dicterios. Es incontrovertible que las televisoras aprovecharon la demanda de Los 15 para respaldar sus propias quejas contra la reforma constitucional. Por eso escribí, refiriéndome a Televisa y TV Azteca: “vale la pena preguntarse por qué esos consorcios, que han conculcado, expropiado y acaparado como ningún otro organismo o institución la libertad de expresión en este país, ahora respaldan a quienes están convencidos de reivindicar esa libertad”.
En mi artículo recordé que el día anterior en Milenio Héctor Aguilar Camín, uno de los firmantes de la demanda, “publicó un claro deslinde respecto de Televisión Azteca en donde se ha dicho que la reforma constitucional convierte a México en una dictadura”. Sánchez me llama totalitario por señalar alcances de la demanda de amparo que otros promotores de ese proceso judicial también han advertido.
Además difama: “Trejo tiene convicción de que los ciudadanos deben ser tutelados por la autoridad”. Jamás he dicho eso. Garantizar la equidad electoral no implica que la autoridad, ni nadie, nos diga qué debemos o podemos saber, opinar o discutir. Sánchez también falla como inopinado intérprete de mis convicciones las cuales, por lo demás, no son nuevas y son públicas.
En la misma línea de reprobación gratuita sentencia: “No entiende ni entenderá jamás el derecho a la libertad de expresión”. El autor de esa terminante frase es el mismo que me tilda de censor y otras cosillas. Por fortuna mi capacidad de entendimiento y mi compromiso con la libertad de expresión no están supeditados al reconocimiento de Sánchez Susarrey.
Atentamente:
Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.ccom
El profesor Trejo
Jaime Sánchez Susarrey
5 Jul. 08
"Inquietos intelectuales", así titula Raúl Trejo su artículo en La Crónica, el pasado 3 de julio. Contra su estilo parsimonioso y prudente, el profesor de la UNAM elaboró en esta ocasión una diatriba para descalificar el amparo que han solicitado 15 intelectuales a la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la reforma electoral aprobada el año pasado. La irritación lo llevó, incluso, a desempolvar un viejo mecanismo mental y argumentativo que usaba recurrentemente la izquierda comunista en la era stalinista. Pero, además, hay una serie de aberraciones, imprecisiones y confusiones en el texto que merecen un examen detallado.
El profesor Trejo inicia su alegato con un señalamiento malicioso: "No les ha inquietado (a los 15 intelectuales) -dice- los nada desinteresados respaldos que esa causa ha encontrado en los consorcios comunicacionales. Tratándose de ciudadanos tan inteligentes y atentos a los asuntos públicos, esa coincidencia tendría que estarles preocupando pero no parece que ocurra así".
¡Exacto! No importa lo que se reclama, sino quién apoya y a quién le favorece. Stalin redivivo. Es lo mismo que se decía de las críticas a la URSS y, luego, al régimen de Fidel Castro en los años sesenta y setenta. Las consecuencias políticas de denunciar los crímenes y la opresión bajo el socialismo real beneficiaban al imperialismo yanqui. No verlo y no pensar en las consecuencias políticas de semejantes posicionamientos era, en el mejor de los casos, un acto de ingenuidad y, en el peor, una forma de complicidad.
Fue, justamente, con ese tipo de razonamientos que Octavio Paz fue calificado como un intelectual de derecha que estaba al servicio del imperialismo. Por eso su efigie fue quemada en un acto de protesta en 1984 frente a la embajada de Estados Unidos al grito de "¡Reagan, rapaz, tu amigo es Octavio Paz!". Y poco antes esa misma izquierda, que defendía la estatización de la banca en 1982, señaló a Paz y a quienes se opusieron a la medida, como cómplices de los banqueros y enemigos del Estado y del pueblo mexicano.
Pero el profesor Trejo no sólo recicla este mecanismo mental totalitario, también innova y lleva más lejos su argumentación: "El apartado que inquieta a Los Quince, lejos de trastocar los valores de esa democracia los solidifica. Se trata de que el peso del dinero de quienes podrían contratar espacios en radio y televisión no se convierta, como ya ha sucedido en México, en un factor disruptivo de tal equidad". Y más adelante: "A los quejosos no se les limitan sus posibilidades de expresión en ningún medio. Lo único que no podrán hacer es pagar dinero por opinar en medios electrónicos".
Hay que señalar, de entrada, la imprecisión. El que a algunos de los "quejosos", como dice el profesor, que laboran en medios de comunicación no se les limite la libertad de opinar, no modifica el hecho de que ese derecho se le conculca al resto de los ciudadanos. Y si, por alguna razón, esa relación contractual de algunos de los "quejosos" con los medios se rompiera, los intelectuales en cuestión perderían el privilegio de manifestar sus ideas en la radio y la televisión.
Y eso, justamente, es lo que resulta inaceptable. ¿Con qué derecho la partidocracia confisca el debate político intelectual en tiempos electorales y deja a los ciudadanos en calidad de sujetos pasivos y mudos? No menos falaz es la idea de que el dinero será el que rompa la equidad. Las elecciones recientes demuestran que los empresarios, como todos los ciudadanos, son plurales y no se alinean en un solo sentido.
Pero eso no es lo peor. La ley que el profesor Trejo defiende le hubiera conferido a Hitler en Alemania completa impunidad. Y algo más. Porque esa misma ley prohíbe que otros partidos y candidatos lancen acusaciones y críticas contra sus adversarios. Así que en 1933 nadie hubiera podido decir pío contra la afirmación de la supremacía de la raza aria ni contra la existencia de una conspiración mundial de los judíos. De hecho, cualquier spot en el radio (dado que no había televisión) del partido socialdemócrata, o de la comunidad judía, denunciando el peligro que Hitler representaba para Alemania y el mundo hubiese sido sacado del aire por violar la Constitución.
Pero Trejo no reconoce ni percibe ninguno de esos peligros. Muy al contrario, él se erige a sí mismo en el censor de lo que es bueno y malo para la democracia: "Y en los espacios -dice- que no se podrán contratar podría haber no sólo mensajes edificantes y nobles, sino, antes que nada, de acuerdo a la experiencia mexicana reciente, muy lejanos de los principios democráticos".
Don Raúl no tuvo el espacio suficiente, o la bondad, para comunicarnos cuáles son esos principios democráticos que deben regir el contenido de la propaganda política. Supongo que entre ellos está, como lo señala la ley, que ningún partido puede deslustrar (nótese bien: quitarle brillo) a los otros candidatos o al resto de los partidos. Pero el contrasentido de semejante disposición cae por su propio peso: para que haya debate y confrontación de proyectos y programas debe quitársele lustre al adversario y denunciar que su propuesta no sirve o es inviable.
Y ya en el colmo del delirio, el profesor hace un reconocimiento y formula un reproche: "Es una pena que demeriten indirectamente ese notable trabajo (que han hecho los 15 notables, JSS) al sostener que la falta de spots en la televisión y radio impedirá la circulación de ideas en la sociedad mexicana: como si las ideas y la creatividad que varios de ellos han aportado a la cultura y la deliberación mexicanas pudieran reducirse a 20 segundos en la televisión".
¡Wow! Don Raúl no puede ser más severo, pero tampoco más obtuso. Porque no en 20 segundos, sino en menos, se puede decir: E=mc al cuadrado, Hitler consumó el holocausto, Stalin asesinó a millones de kulaks, Hugo Chávez es un peligro para América Latina, las FARC son una organización terrorista vinculada al narcotráfico, Octavio Paz tenía razón: el socialismo real fue una experiencia monstruosa, la estatización de la banca en 1982 fue una estupidez, etcétera, etcétera y etcétera. Ninguna de esas frases es falsa, si bien todas son breves. Pero aun cuando fueran falsas, ni los profesores ni un grupito de burócratas (atrincherados en el IFE) tienen el derecho de impedir que los ciudadanos las escuchen, las vean y disciernan por sí mismos la verdad o mentira que encierran.
En suma, el profesor Trejo tiene convicción de que los ciudadanos deben ser tutelados por la autoridad. No entiende ni entenderá jamás el derecho a la libertad de expresión.
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