Nueva Castilla en el municipio priísta de Gral. Escobedo, N.L.

El conflicto social en Nueva Castilla ha convocado a ciudadanos solidarios con la causa. En el estacionamiento del Sindicato de Teléfonos de México, ayer viernes 4 de Julio. Ahí se reunieron ciudadanos libres en contra el despojo materializado por instancias gubernamentales de la actual administración, presidida por Natividad González Parás.
Por lo observado, la solidaridad crece, Francisco Barrios El Mastuerzo, fue el plato fuerte de una velada política-musical que convocó a gente comprometida con las luchas sociales y contra el autoritarismo.

JUAN GERARDO ARMENDÁRIZ GARCÍA

¡ ESTA ENCARCELADO !

ALICIA GUTIERREZ FUENTES

¡ ESTA ENCARCELADA !

JUAN BALDERAS PERALES

¡ ESTA ENCARCELADO !

JOSÚE OBED FLORES

¡ESTA ENCARCELADO !

GABRIELA BAUTISTA VALDOVINOS

¡ ESTA ENCARCELADA !

Todos ellos dentro de la causa 72/2008 radicada en el Juzgado Segundo de lo Penal del Tercer Distrito Judicial en el Estado (ubicado en CEDECO, San Nicolás de los Garza), en donde están siendo inculpados del delito de Despojo de Inmueble en relación con los artículos 397 Fracción I y 401 del Código Penal vigente en el Estado.

Las irregularidades existentes durante la Averiguación Previa llevada por las Agencias del Ministerio Público 1ª y 2ª del municipio de Escobedo, auxiliadas por la segunda de San Nicolás, el día de la detención, el 16 de Mayo de 2008 fueron las siguientes:

Cuando se llevó a cabo la detención de las 31 personas que se encontraban dentro del predio, a las 9:30 am, no existió una orden de detención dictada por autoridad debidamente fundada y motivada para que se hubieran podido llevar a cabo dentro de los marcos de la legalidad burguesa las detenciones, sin embargo es preciso aclarar que la flagrancia en la comisión del delito ha sido totalmente planeada por las autoridades y que por tanto tienen elementos para culparlos por eso.

Entre las personas detenidas se encontraban personas mayores de edad, como una señora de 73 años, así como una niña de 6 años.

Las declaraciones de los detenidos ante el Ministerio Público se realizaron sin el derecho a designar un abogado o persona de confianza, a pesar de que muchos se acogieron al artículo 20 constitucional, lo cual es un derecho legal de cualquier ciudadano, y que le permite esperar a un abogado por temor a declarar e inculparse; este derecho no se dio, y las propias autoridades una vez más demostraron para quien trabajan las leyes.

Mientras se daban las declaraciones, el acusador, el sicario Adrián Marcelo Marroquín, quien en ocasiones se presenta como funcionario del instituto de la vivienda y en otras como representante de Scotiabank, se encontraba presente en las declaraciones, obligando a los declarantes a inculparse y contraviniendo las declaraciones de las personas, en una cínica y vil violación de la ley.

Adrián Marcelo Marroquín, en el transcurso de la toma de declaraciones, que duró más de 15 horas entre todos los detenidos, llevó de comer a los funcionaros del Ministerio Público, que, a decir del Fiscal Lic. López, se encontraban solamente cumpliendo su “labor”, de manera imparcial. Siendo común que los agentes se refirieran al porro de Marroquín como “Jefe”.

Tras las 72 horas de rigor en las que se encuentran a disposición del MP, la consignación ante el juez se produjo el 18 de Mayo 2008 a las 9:55 horas, con el Juzgado Segundo en Materia Penal del Tercer Distrito Judicial en el Estado.

Durante el termino constitucional de 72 horas que empieza con la consignación, y que fue duplicado por solicitud de la defensa, se dieron en la ciudad diversas movilizaciones de decenas de compañeras y compañeros de organizaciones, colectivos, o como individuos que han acudido valientemente a solidarizarse con los compañeros detenidos y con los colonos de Nueva Castilla.

A pesar de las marchas, plantones y movilizaciones, a pesar de las declaraciones de numerosas personas ante los medios de comunicación, a pesar de que diversos diarios han publicado lo que se esconde detrás del juicio, no solo no han salido nuestros compañeros, sino que además ha aumentado el hostigamiento.

Diversos colonos han sido amenazados de muerte, luchadores sociales que han apoyado también han sido amenazados, a los familiares de los detenidos al entrar al penal a visitarlos se les ha dicho que si “no dejan de chingar van a desaparecer a los detenidos”. Defensores de derechos humanos también han sido amenazados de muerte y hostigados. Los teléfonos de muchos han estado intervenidos.

El sábado 24 en la madrugada fue dictado el auto de formal prisión contra los 5 detenidos, y fueron trasladados al penal de Topo Chico, donde actualmente permanecen.

Dentro de los primeros 15 días del auto, los detenidos deben de elegir la estrategia legal para su defensa. Las Posibilidades legales que deben de escoger los detenidos antes del día 7 de junio son:

Presentación de un Amparo Indirecto contra el Auto de Formal Prisión, lo que supondría la liberación de al menos dos de los inculpados, los menos señalados por la fiscalía, y se concedería para efectos de pronunciar un nuevo auto de formal prisión para 3 de ellos. Este procedimiento tarda alrededor de los 4 meses. Y en caso de que se dispusiera a la Juez a volver a dictar autos, tardaría otro mes más. Es preciso aclarar que un amparo se presenta ante autoridades federales, y que la juez que ve el caso es estatal, razón por la cual hay menos desconfianza de “línea” o corrupción de un juez federal que de un juez de distrito o local, cuyo trabajo depende del Gobierno Estatal, en este caso, la parte acusadora.

La vía del Procedimiento Abreviado, si bien es cierto que no asegura una sentencia reducida, pues se habla 3 años 6 meses la mínima, hasta 10 años la máxima, sin embargo los inculpados no tienen antecedentes penales y esto es tomado en consideración para considerarlos como reos de baja peligrosidad y dictar una sentencia que en promedio se encontraría en los 5 años lo que les permitiría alcanzar fianza. Para que esto suceda, deben de estar los 5 de acuerdo, y quedarían marcados de por vida con los antecedentes penales. Por lo que el Lic. Juan Balderas no podría volver a ejercer.

La apelación es una vía también posible. En esta se sigue el proceso, atacando las inconsistencias de la acusación. De seguirse el proceso, se tienen que presentar por la defensa las testimoniales y los careos, lo que significa que es un termino muy largo, ya que los acusadores van a demorar en asistir a declarar hasta que por ley sean obligados, lo cual sería algo muy tardado, aproximadamente un año. En este caso, se tendría que esperar a la sentencia de la Juez , y esperar que sea de inocencia.

De fallar todo y dictar la juez sentencia, las penas van de 3 a 10 años de cárcel, suponiendo que la media fuera de 6 o 7 años.

Por esta razón es de suma importancia la presión y la movilización, ya que esto es lo que más importa a las autoridades, quines ya han demostrado que para los trabajadores, los colonos, los campesinos y en general para el pueblo pobre, y particularmente para los que luchan la ley se aplica en función de desarticular la lucha social, sin embargo, estas mismas leyes se vuelven “garantistas” y flexibles cuando se trata de poner tras las rejas a Mario Marín, a Ulises Ruiz, a los policías violadores de Atenco, a Acosta Chaparro, a Echeverría, a salinas, a los Bibriesca y un largo etc, y en este caso a las constructoras por irregularidades y fraudes, así como por el conflicto de intereses y nepotismo en el caso del gobernador y su familia.

Los verdaderos autores intelectuales y materiales del despojo andan sueltos gozando de sus sueldos de funcionarios y de la riqueza generada de contratos inflados y fraudulentos, así como por el trabajo de albañiles, topógrafos y arquitectos de sus constructoras.

A nuestros compañeros se les mantiene cautivos por luchar por lo que es justo y solidarizarse con una causa noble contra el gobierno y los empresarios. Nuestros camaradas son PRESOS DE LA LUCHA DE CLASES, luchadores tras las rejas por un conflicto antagónico entre los intereses de los explotadores y los explotados.

Liberarlos es nuestra tarea y responsabilidad. Es desgastar al enemigo y demostrarle que sus amenazas y represión no nos acobardan. La lucha por vivienda digna, es una sola con las luchas por mejoras salariales, por un salud accesible y popular, por una educación gratuita y científica, contra los tratados hambreadotes como el ASPAN y el TLC, por la aparición con vida de los desaparecidos políticos, por el castigo a los represores, por cancelar las ordenes de aprehensión contra luchadores sociales y por tirar abajo los barrotes de las celdas que mantiene cautivos a nuestros compañeros presos políticos y de conciencia.

Es decir, la lucha ascendiente de nuestro pueblo por alcanzar su liberación. Una lucha que la represión no puede detener, una constante batalla por construir una sociedad sin opresores ni oprimidos, basada en la justicia, la igualdad y la libertad.






Despojo y delincuencia organizada, sociedad entre especuladores, funcionarios y dependencias gubernamentales como el Instituto de la Vivienda de Nuevo León, han evidenciado prácticas conocidas y vistas como forma lícita de hacer negocio desde siempre en el estado, donde se ha institucionalizado el abuso de poder y ya no se sabe quienes son más voraces: los panistas o los priístas, que utilizando sus buenos oficios y los privilegios manejados desde el poder, roban impunemente a ciudadanos indefensos.

Un poco de historia


Propiedad adquirida a una empresa quebrada denominada Inmobiliaria Nueva Castilla en 1967 por el militar retirado Leopoldo Bautista, el predio en cuestión tiene una extensión de 187 hectáreas y es padre de Gabriela Bautista, una de las cinco detenidas y recluidas en el Penal del Topo Chico.
El Sr. Bautista, debido a la falta de recursos económicos decidió vender fraccionado el predio en terrenos de 300 metros cuadrados a un costo de 60 mil pesos, sin embargo, según testimonio de su esposa la Señora María Guadalupe Valdovinos, “ alguien ” se dio cuenta que el predio no estaba escriturado, aunque es importante destacar que efectivamente la operación de compra venta si fue realizada entre la inmobiliaria en bancarrota y el militar retirado, y se inició una escalada para despojar a sus dueños.

Poco antes de iniciar la administración actual presidida por José Natividad González Parás, se constituyó el Instituto Estatal de la Vivienda, quien negocio con el Infonavit para adquirir terrenos en ese sector y que el organismo federal poseía en el municipio. Cabe mencionar que el Infonavit ya había hecho intentos por adueñarse, sin éxito, así el Instituto Estatal de la Vivienda inició un proceso por despojo en contra de la familia de la familia Bautista Valdovinos, sin resultados favorables para su causa, ya que en todos los embates de carácter legal, la familia quedó exonerada de esa acusación. Sin embargo, el IEV siguió buscando formas de adueñarse del predio bajo el amparo del actual gobernador y todo indica que se saldrán con la suya, ya que hay fuertes intereses y la indiferencia y protección a favor de especuladores de tierras, constructoras y organismos estatales es una realidad en un estado donde el derecho no existe.
Hay antecedentes en el Registro Público de la Propiedad donde consta que mediante escritura pública el Notario Eduardo Adolfo Manautou Ayala, donde empresas diversas han pagado al IEV diversas cantidades por partes del predio y claro, ahora la delincuencia organizada cuenta con la participación de empresas que con toda seguridad conocían el origen de la colonia 119 del Municipio de General Escobedo, al norte del Área Metropolitana de Nuevo León.
Grupo Prohabimex, Urbanizadora del Campestre e Inmobiliaria Trayectos, propiedad de Ernesto Milmo Rangel, obtuvieron el 15 por ciento de la tierra.
Ingeniería y Obras de Carlos Enrique Acosta Valle, GP Espacios inmobiliarios de José María Garza Ponce y Javier de Salomón M.
Inmobiliaria Valle Rey de Gonzalo González Ayala y Maple Urbanizadora de Ramiro Guzmán, quien pretende también construir Valle de Reyes, completan el cuadro de inversionistas en esta zona.
La fiduciaria es Scotiabank Inverlat. En total se pagaron 396 millones 845 mil 560 pesos por los terrenos que incluían, aparte de otros predios en la zona, la colonia Nueva Castilla.

A un mes de que 31 colonos de Nueva Castilla en Escobedo incursionaron, cobijados por un amparo federal, a los terrenos de los que fueron despojados por el Instituto Estatal de la Vivienda. Un día después fueron desalojados por la policía del estado y municipal, perros entrenados, todos, hasta los perros, fuertemente armados. De los 70 propietarios, 30 fueron detenidos y finalmente solamente cinco de ellos fueron trasladados al Penal del Topo Chico y se les dictó auto de formal prisión.

Todos ellos dentro de la causa 72/2008 radicada en el Juzgado Segundo de lo Penal del Tercer Distrito Judicial en el Estado (ubicado en CEDECO, San Nicolás de los Garza), en donde están siendo inculpados del delito de Despojo de Inmueble en relación con los artículos 397 Fracción I y 401 del Código Penal vigente en el Estado.
Las irregularidades existentes durante la Averiguación Previa llevada por las Agencias del Ministerio Público 1ª y 2ª del municipio de Escobedo, auxiliadas por la segunda de San Nicolás, el día de la detención, el 16 de Mayo de 2008 fueron las siguientes:
Cuando se llevó a cabo la detención de las 31 personas que se encontraban dentro del predio, a las 9:30 am, no existió una orden de detención dictada por autoridad debidamente fundada y motivada para que se hubieran podido llevar a cabo dentro de los marcos de la legalidad burguesa las detenciones, sin embargo es preciso aclarar que la flagrancia en la comisión del delito ha sido totalmente planeada por las autoridades y que por tanto tienen elementos para culparlos por eso.
Entre las personas detenidas se encontraban personas mayores de edad, como una señora de 73 años, así como una niña de 6 años.
Las declaraciones de los detenidos ante el Ministerio Público se realizaron sin el derecho a designar un abogado o persona de confianza, a pesar de que muchos se acogieron al artículo 20 constitucional, lo cual es un derecho legal de cualquier ciudadano, y que le permite esperar a un abogado por temor a declarar e inculparse; este derecho no se dio, y las propias autoridades una vez más demostraron para quien trabajan las leyes.
Mientras se daban las declaraciones, el acusador, el sicario Adrián Marcelo Marroquín, quien en ocasiones se presenta como funcionario del instituto de la vivienda y en otras como representante de Scotiabank, se encontraba presente en las declaraciones, obligando a los declarantes a inculparse y contraviniendo las declaraciones de las personas, en una cínica y vil violación de la ley.
Adrián Marcelo Marroquín, en el transcurso de la toma de declaraciones, que duró más de 15 horas entre todos los detenidos, llevó de comer a los funcionaros del Ministerio Público, que, a decir del Fiscal Lic. López, se encontraban solamente cumpliendo su “labor”, de manera imparcial. Siendo común que los agentes se refirieran al porro de Marroquín como “Jefe”.
Tras las 72 horas de rigor en las que se encuentran a disposición del MP, la consignación ante el juez se produjo el 18 de Mayo 2008 a las 9:55 horas, con el Juzgado Segundo en Materia Penal del Tercer Distrito Judicial en el Estado.
Durante el termino constitucional de 72 horas que empieza con la consignación, y que fue duplicado por solicitud de la defensa, se dieron en la ciudad diversas movilizaciones de decenas de compañeras y compañeros de organizaciones, colectivos, o como individuos que han acudido valientemente a solidarizarse con los compañeros detenidos y con los colonos de Nueva Castilla.
A pesar de las marchas, plantones y movilizaciones, a pesar de las declaraciones de numerosas personas ante los medios de comunicación, a pesar de que diversos diarios han publicado lo que se esconde detrás del juicio, no solo no han salido nuestros compañeros, sino que además ha aumentado el hostigamiento.
Diversos colonos han sido amenazados de muerte, luchadores sociales que han apoyado también han sido amenazados, a los familiares de los detenidos al entrar al penal a visitarlos se les ha dicho que si “no dejan de chingar van a desaparecer a los detenidos”. Defensores de derechos humanos también han sido amenazados de muerte y hostigados. Los teléfonos de muchos han estado intervenidos.
El sábado 24 en la madrugada fue dictado el auto de formal prisión contra los 5 detenidos, y fueron trasladados al penal de Topo Chico, donde actualmente permanecen.
Dentro de los primeros 15 días del auto, los detenidos deben de elegir la estrategia legal para su defensa. Las Posibilidades legales que deben de escoger los detenidos antes del día 7 de junio son:
Presentación de un Amparo Indirecto contra el Auto de Formal Prisión, lo que supondría la liberación de al menos dos de los inculpados, los menos señalados por la fiscalía, y se concedería para efectos de pronunciar un nuevo auto de formal prisión para 3 de ellos. Este procedimiento tarda alrededor de los 4 meses. Y en caso de que se dispusiera a la Juez a volver a dictar autos, tardaría otro mes más. Es preciso aclarar que un amparo se presenta ante autoridades federales, y que la juez que ve el caso es estatal, razón por la cual hay menos desconfianza de “línea” o corrupción de un juez federal que de un juez de distrito o local, cuyo trabajo depende del Gobierno Estatal, en este caso, la parte acusadora.
La vía del Procedimiento Abreviado, si bien es cierto que no asegura una sentencia reducida, pues se habla 3 años 6 meses la mínima, hasta 10 años la máxima, sin embargo los inculpados no tienen antecedentes penales y esto es tomado en consideración para considerarlos como reos de baja peligrosidad y dictar una sentencia que en promedio se encontraría en los 5 años lo que les permitiría alcanzar fianza. Para que esto suceda, deben de estar los 5 de acuerdo, y quedarían marcados de por vida con los antecedentes penales. Por lo que el Lic. Juan Balderas no podría volver a ejercer.
La apelación es una vía también posible. En esta se sigue el proceso, atacando las inconsistencias de la acusación. De seguirse el proceso, se tienen que presentar por la defensa las testimoniales y los careos, lo que significa que es un termino muy largo, ya que los acusadores van a demorar en asistir a declarar hasta que por ley sean obligados, lo cual sería algo muy tardado, aproximadamente un año. En este caso, se tendría que esperar a la sentencia de la Juez , y esperar que sea de inocencia.
De fallar todo y dictar la juez sentencia, las penas van de 3 a 10 años de cárcel, suponiendo que la media fuera de 6 o 7 años.
Por esta razón es de suma importancia la presión y la movilización, ya que esto es lo que más importa a las autoridades, quines ya han demostrado que para los trabajadores, los colonos, los campesinos y en general para el pueblo pobre, y particularmente para los que luchan la ley se aplica en función de desarticular la lucha social, sin embargo, estas mismas leyes se vuelven “garantistas” y flexibles cuando se trata de poner tras las rejas a Mario Marín, a Ulises Ruiz, a los policías violadores de Atenco, a Acosta Chaparro, a Echeverría, a salinas, a los Bibriesca y un largo etc, y en este caso a las constructoras por irregularidades y fraudes, así como por el conflicto de intereses y nepotismo en el caso del gobernador y su familia.
Los verdaderos autores intelectuales y materiales del despojo andan sueltos gozando de sus sueldos de funcionarios y de la riqueza generada de contratos inflados y fraudulentos, así como por el trabajo de albañiles, topógrafos y arquitectos de sus constructoras.
A nuestros compañeros se les mantiene cautivos por luchar por lo que es justo y solidarizarse con una causa noble contra el gobierno y los empresarios. Nuestros camaradas son PRESOS DE LA LUCHA DE CLASES, luchadores tras las rejas por un conflicto antagónico entre los intereses de los explotadores y los explotados.
Liberarlos es nuestra tarea y responsabilidad. Es desgastar al enemigo y demostrarle que sus amenazas y represión no nos acobardan. La lucha por vivienda digna, es una sola con las luchas por mejoras salariales, por un salud accesible y popular, por una educación gratuita y científica, contra los tratados hambreadotes como el ASPAN y el TLC, por la aparición con vida de los desaparecidos políticos, por el castigo a los represores, por cancelar las ordenes de aprehensión contra luchadores sociales y por tirar abajo los barrotes de las celdas que mantiene cautivos a nuestros compañeros presos políticos y de conciencia.
Es decir, la lucha ascendiente de nuestro pueblo por alcanzar su liberación. Una lucha que la represión no puede detener, una constante batalla por construir una sociedad sin opresores ni oprimidos, basada en la justicia, la igualdad y la libertad.