Hugo A. Garcia Rañó
Este año dimos un paso “adelante” hacia la transición energética al aprobar la nueva ley de bioenergéticos. Lo dimos desviando la mirada para no observar la realidad que tenemos enfrente. Pero la realidad nos cobrará la factura. Lo importante es saber cuál será el costo, quién tendrá que cubrirlo y quién se beneficiará de esto.
Para comprender mejor estas palabras es necesario que tomemos en cuenta algunos elementos. La nueva Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos favorece la producción de tres biocombustibles: bioetanol, biodiesel y biogas (ver su decreto, Diario Oficial de la Federación , uno de febrero de 2008). Y en este marco legal se impone el bioetanol. En el discurso oficial esto se muestra como una oportunidad que nos permitiría utilizar los excedentes de azúcar que producimos y en menor medida otros cultivos (maíz, sorgo, jatropa, yuca, etcétera).
Pero ¿por qué necesitamos producir bioetanol como combustible? El destino inicial del bioetanol es ser sustituto de los éteres (MTBE y TAME), los cuales sirven como oxigenantes al mezclarse con la gasolina, principal insumo del sector transporte. Hay distintos problemas asociados al consumo de estas sustancias, entre ellos la emisión de gases contaminantes y, de acuerdo con investigaciones recientes, de sustancias potencialmente cancerígenas. El consumo total de éteres como parte de la gasolina asciende a siete millones de barriles anuales (tres mil 200 litros diarios); la oferta nacional de éteres cubre 45 por ciento del consumo total y el resto es importado con costos superiores a mil millones de dólares. Este monto consumido resulta de la mezclar en la gasolina de 5.7 por ciento de éteres (equivalente a la norma ambiental de dos por ciento de oxígeno en el peso de la gasolina), y se distribuye en 44 por ciento del total de gasolina consumida.
En este contexto se argumenta la necesidad de producir bioetanol para eliminar de forma sustentable la dependencia de ambos éteres. Sin embargo, no es tan simple pensar en una solución para este problema, si consideramos la naturaleza del sector transporte y su tendencia. El sector representa poco más de 30 por ciento del consumo energético nacional y genera 38 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero; su principal insumo es la gasolina, que equivale a 75 por ciento de los combustibles consumidos, aproximadamente 279 millones de barriles anuales (122 mil litros diarios). Algunas proyecciones conservadoras esperan una demanda de gasolina de 350 millones de barriles anuales en 2014, de 443 millones de barriles en 2025, y en 2050 de 800 millones de barriles (350 mil litros diarios). Suponiendo la misma estructura de uso de éteres, el consumo de MTBE y TAME ascendería a 20 millones de barriles (ocho mil litros diarios) en 2050.
Hay actualmente varios proyectos de producción de bioetanol en México con los que se espera producir 20 millones de barriles anuales antes de 2015. Esto iguala la demanda de MTBE y TAME de las próximas décadas, mas no es equivalente. En realidad la producción de bioetanol sólo cubriría la demanda de oxigenantes en la gasolina hasta el año 2035, bajo las condiciones actuales. Y aunque el potencial de producción de bioetanol en México se pondera cuatro veces mayor (estudio sobre biocombustibles de la Secretaría de Energía), una norma que amplíe el porcentaje de la mezcla en la gasolina y lo aplique al total de la gasolina consumida generaría un incremento sustancial en la demanda de bioetanol y ejercería presión sobre su oferta.
A medida que nos acerquemos más a la frontera de producción de bioetanol, encontraremos conflictos importantes. Tres en particular. El primero, la competencia de mercado con California, el usuario de combustibles más importante en Estados Unidos, y cuya política de expansión del uso de bioetanol en los próximos años genera fuertes expectativas (años antes de la consolidación del mercado mexicano de bioetanol). El segundo es la competencia de precios entre biocombustibles y alimentos, que a pesar de la negación de este conflicto en el discurso oficial, es real; simplemente hay que voltear a ver el comportamiento del azúcar en el escenario mundial y darse cuenta de que el productor de caña no dudará en abastecer al sector de edulcorantes si éste paga un mejor precio. Esto invariablemente se traducirá en una competencia de precios, que afectará primero la canasta básica y el ingreso de las familias que menos tienen. Y el tercer conflicto: habrá competencia por suelo y agua entre la producción de insumos para biocombustibles y la de ganadería y alimentos.
La adopción de bioetanol conlleva fuertes implicaciones en el futuro, principalmente si no se consideran alternativas tecnológicas para su producción. Así que cuando el mercado de bioetanol nos alcance y llene usted su tanque con un E5 o un E10, piense también en ¿qué es lo que está mezclando en ese tanque?
Este artículo resume puntos centrales del documento, Biocombustibles en México: Efectos sociales y ambientales, elaborado por el propio autor, con el apoyo de Oxfam Internacional y Rostros y Voces AC.
Investigador del Programa sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo, El Colegio de México hugoagar@colmex.mx
A la derecha de la derecha
Plan anticarestía de Calderón, muy atrás de lo que recomienda el Banco Mundial
Mientras que en México el famélico programa emergente contra el encarecimiento de los alimentos apuesta abiertamente por las importaciones, ofrece capitalizar más a los agricultores ya capitalizados e incrementa el subsidio a los pobres del campo en alrededor de 100 pesos anuales (no para que puedan producir alimentos sino para que los puedan comprar), mientras que por debajo del agua el gobierno pacta con hambreadores como Cargill el incremento de los subsidios que reciben y al alza programada de los precios del maíz para lo que resta del año, el Banco Mundial (BM) y otros adalides multilaterales del neoliberalismo, rectifican sus tradicionales recomendaciones descampesinizadoras y llaman a fomentar decididamente la pequeña y mediana producción agropecuaria.
Dice el World development report 2008 , del BM: “El ajuste estructural (…) desmanteló un sistema de agencias públicas que proveía a los campesinos con acceso a la tierra, al crédito, a los seguros, a los insumos y a las formas cooperativas de organización (... el saldo fue) crecimiento que se frustró y pérdidas en bienestar para los pequeños productores amenazando su competitividad y (…) su sobrevivencia (…) Es necesario volver a colocar a este sector en el centro del programa de desarrollo”.
Vergüenza debería de darnos
¿ fomentar la producción
o administrar la carestía ?
* Aplica Calderón recetas neoliberales y omite fomento a la producción
Demagógico, insuficiente, tardío y amañado –inmerso en la visión neoliberal que beneficia sólo a las grandes corporaciones importadoras–, fueron los calificativos usados por las organizaciones campesinas en su reacción a las “acciones en apoyo a la economía familiar” anunciadas por el presidente Felipe Calderón el 28 de mayo frente a la crisis alimentaria.
La Campaña Sin Maíz no hay País, la Confederación Nacional Campesina (CNC), y en grupo el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, criticaron tales acciones, pues en esencia liberalizan las importaciones desde cualquier origen de cultivos básicos, como el trigo, arroz, maíz y sorgo, en lugar de generar un programa agresivo de fomento a la producción y a la productividad de los campesinos de pequeña escala, mismos que, a decir de la CNC , son “los que han constituido la única reserva estrategia de alimentos que existe en el país”.
Asimismo las “acciones” incrementan –aunque modestamente– los apoyos asistenciales a la población más pobre, inscrita en Oportunidades, Liconsa y Diconsa.
Lineamientos. El programa presidencial se apega en lo fundamental a las recetas que los organismos globales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas) dictan para enfrentar la crisis: reducción de aranceles y subsidios focalizados a ciertos sectores. Pero hace caso omiso al planteamiento que estas mismas instituciones están haciendo insólitamente, de impulsar políticas de mediano y largo plazos destinadas a incrementar la oferta y la productividad de manera sustentable.
Y es que estos organismos saben bien de qué magnitud es la crisis. Las agencias que integran el equipo de Naciones Unidas en México difundieron que en 2006 el encarecimiento mundial de los precios de alimentos fue de 9 por ciento, en 2007 de 23, y este 2008 las cifras se han disparado. “En marzo de 2008 el trigo estaba 140 por ciento más caro que un año antes y el maíz 30. El arroz subió 9 por ciento en 2006, 17 en 2007, en febrero de 2008 subió 10 por ciento y en marzo otro 10. En 36 meses los alimentos han subido un 86 por ciento”.
La Campaña sin Maíz no hay País está elaborando una propuesta de “programa emergente para el campo mexicano”, para el que espera respaldo del Congreso.
En su base prevé, entre otras cosas, programas de fomento a la productividad campesina, con objetivos concretos de sustitución de importaciones para el 2012; un mecanismo de administración del comercio exterior de alimentos básicos y estratégicos; una reestructuración consensuada de los programas e instituciones del sector rural; renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) para poner a salvo la soberanía alimentaria; prohibición al uso de alimentos para la producción de agrocombustibles y a la siembra de maíz transgénico (para evitar daños a los maíces nativos); una reserva estratégica de maíz, frijol, trigo, arroz y leche en polvo (lo cual difiere de la que plantea el Ejecutivo, que es una farsa, pues considera reserva a las compras de maíz que tradicionalmente hace Diconsa para venta a población pobre). Y el establecimiento de una canasta alimentaria básica con precios controlados con productos nacionales.
Asimismo, que el Poder Legislativo destrabe la minuta de Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional y la minuta por la cual se eleva a rango constitucional el derecho a la alimentación. Y que los excedentes petroleros vayan a un fondo nacional para garantizar la soberanía alimentaria.
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