Nota: aunque se trata de Argentina, es asombroso como los gobiernos en todo el planeta, utilizan las capacidades diferentes o discapacidad, como lo identifican muchos, como un vehículos para expiar culpas. En México son días del Teletón, donde una empresa televisora conduce los hilos del sentimentalismo ramplón para hacer negocio con los discapacitados.
Prof. Juan Carlos Sánchez en ARGENPRESS 04/12/2008
3 de diciembre, un día en el cual las personas con discapacidad deberían festejar su plena inclusión en materia social, económica y política. Pero ello no es posible. La continuidad de las violaciones hacia sus Derechos Humanos los lleva más a protestar que a manifestar su alegría.
Mientras los discursos siguen vacíos de contenido y las acciones perpetúan su exclusión, este colectivo social continúa buscando los medios para subsistir en el medio de un neoliberalismo que no perdona el hecho de tener una discapacidad. Se suceden actos oficiales en donde lo discursivo continúa en pose declamatoria mientras que el accionar estatal sigue la línea política del no hacer, en plena consonancia con el paradigma de la inutilidad que, en parte, ha sobrevivido a los tiempos desde Esparta.
Las causas aún continúan haciendo estragos entre las grandes mayorías. El flagelo del hambre y la implementación de políticas sanitarias focalizadas, tal como prescribe el Banco Mundial, cuya praxis preventiva está centrada en el fin último del clientelismo político, impiden prevenir numerosas patologías discapacitantes en nuestro país.
La pobreza y la indigencia, provocadas por la desocupación y la ausencia de oportunidades laborales para los jefes y jefas de familia, originadas en las políticas neoliberales que nos acompañan desde la dictadura militar, constituyen la causa eficiente de la discapacidad junto a los accidentes viales y laborales, la contaminación ambiental y las secuelas derivadas de tragedias, como las de Cromagnon y las provocadas por genocidas y represores a los sobrevivientes del horror de un pasado reciente que aún nos acompaña a todas y a todos.
Sus consecuencias afectan a un 10% de la población argentina; muchas y muchos de ellos, ni siquiera poseen el Certificado Nacional o Provincial de Discapacidad, documento que acredita la condición de persona con discapacidad y que permite acceder a los derechos establecidos por las Leyes Nacionales Nº 22.431 y 24.901, y sus modificatorias y complementarias, con el objeto de alcanzar una vida digna y en plena autonomía.
Por otro lado, los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad continúan siendo violados sistemáticamente gracias a la invisibilización existente en la sociedad y en el Estado, cualquiera sea su jurisdicción. Sin embargo, a ello también contribuye el desconocimiento de esta categoría de derechos por gran parte de un colectivo que se encuentra en un estado de vulnerabilidad absoluta, debido a la ausencia de oportunidades laborales para su subsistencia, las barreras arquitectónicas y comunicacionales que obstaculizan su formación y la atención sanitaria que demandan sus patologías. Sin dudas, nos encontramos ante la falta de conciencia acerca de su condición de sujeto de derecho, lo cual incrementa sustancialmente la comisión de la violación de estos derechos tan simples como humanos.
Las políticas estatales, pese al reconocimiento de derechos iniciado en 1981, durante el horror de las desapariciones y las torturas del período 1976 – 1983, cuya gran paradoja es el secuestro y asesinato de José Poblete, persona con discapacidad motriz y militante de los derechos de las personas con discapacidad durante la década del `70, han seguido el derrotero del incumplimiento sistemático en todos los órdenes. Solamente aquellas y aquellos cuyas familias poseían, y poseen, los medios económicos para la defensa de sus derechos vulnerados pudieron, y pueden, hacer frente a los desatinos del poder con la finalidad de cercenar su derecho a una vida con dignidad y con autonomía para autovalerse por sí mismo.
La década de los `90, con la impronta de los organismos multilaterales de crédito, dejó la herencia de los planes focalizados, los cuales se limitaron a la atención de patologías en particular mediante programas destinados a ellas. Por otra parte, aún hoy, nos encontramos con algunas que todavía no han recibido un mínimo reconocimiento oficial como la Hepatitis C y la reclamada por los celíacos, cuyos afectados siguen reclamando por ello a las autoridades nacionales.
Nada ha cambiado. Todo sigue igual. El paradigma de la inutilidad y el paradigma médico aún continúan operando sustantivamente en la acción estatal y social, junto al proceso de invisibilización, lo cual impide la concreción de proyectos de vida a los integrantes de un colectivo sistemáticamente excluído del banquete social.
Tanto el Estado Nacional como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al igual que muchos gobiernos provinciales, continúan retaceando el acceso al empleo público en forma significativa para estimular el autoempleo, en forma mayoritaria, a través de diversos programas. Dicha estimulación no contribuye a la construcción de un proyecto de vida, si tenemos en cuenta la escasa escolarización, causada por el desconocimiento de sus progenitores como también por la desidia e inacción estatal, la que no puede ser remediada mediante cursos de capacitación a tal efecto. Por otra parte, la incorporación a las plantas de personal estatal, a pesar de su obligatoriedad establecida por la Ley Nacional Nº 25.689, aún no reglamentada y por la Ley de la Ciudad Nº 1.502, la cual no contempla a los estatutos particulares vigentes en los ámbitos sanitarios y educativos porteños, es un sueño para pocas y para pocos, para las y los privilegiados que tienen la mirada de un dirigente o puntero político antes que la verdadera valoración de sus habilidades y capacidades.
Hoy, las personas con discapacidad en la Argentina continúan siendo invisibles para muchas y muchos. Desde lo estatal a lo social, no existe una solución concreta a sus problemáticas más urgentes y solamente se trata de mostrar una faceta artística, antes que la protección y promoción que ellas merecen.
Solamente un cambio paradigmático desde la sociedad y el Estado permitirán hacer realidad los sueños de muchas y muchos que ansían vivir en forma autónoma y con un proyecto de vida. Ello se producirá cuando la plutocracia comprenda que su inclusión en lo político, económico y social produce más beneficios que el actual esquema, pues sus aportes como personas útiles para la vida y el trabajo permitirán su sustento como también la atención de sus necesidades insatisfechas. Desde luego, también cuando cambie la mirada de una sociedad que soslaya a un colectivo, sin tener en cuenta sus particulares circunstancias y la posibilidad que, en algún momento de la vida de sus integrantes, pueden adquirir alguna patología que los lleve a esta tragedia tan invisible como evitable.
Es hora de comenzar a cambiar la mirada hacia la discapacidad. Desde lo social, contribuyendo a la inclusión en los más diversos ámbitos, como clubes y asociaciones; desde lo económico, permitiendo su paulatina incorporación al mercado laboral de la mano de una política estatal que la aliente, junto a un Estado que cumpla con sus obligaciones porque, bien sabemos, es el ejemplo que sigue el empresariado y desde lo político, comenzando a reconocer su participación efectiva en la cosa pública.
Será cuestión de comenzar a construirla, partiendo desde lo cotidiano y llegando a lo institucional, mediante la implementación de políticas públicas que promuevan la participación efectiva de las personas con discapacidad y no, solamente mediante marchas y maratones que solamente sirven para beneficio de una dirigencia aliada a la plutocracia. De igual modo, la protección efectiva por parte del Estado y la paulatina concientización del colectivo permitirán allanar el camino hacia una sociedad más justa para poder decir lo contrario que el título de esta nota.
Imagen: Símbolo internacional de Discapacidad.
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