FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL, MONCLOVA, COAHUILA
El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C. con sede en la ciudad de Saltillo, Coahuila, manifiesta que recibió queja por parte de los habitantes del Fraccionamiento Valle de San Miguel con ubicación en el sector oriente de la ciudad de Monclova, Coah. Con relación a los siguientes:H E C H O S
En los dos últimos meses, se les apercibió a más de 40 familias de ser desalojadas de sus viviendas con auxilio de la fuerza pública por orden del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como por despachos particulares, como SCRAP II, mismos que dicen haber comprado la cartera al INFONAVIT, en tanto que otras familias están siendo amenazadas con la misma acción. Recordemos que la finalidad de este Instituto es el que los trabajadores tengan acceso a una vivienda digna. Reprobamos que dicha Institución no acceda al pago justo y apegado al Contrato de Compraventa, mismo que fue entregado a cada familia con la leyenda al calce “Título de Propiedad”, hace más de tres años en acto solemne, por el ex Gobernador del Estado de Coahuila, Lic. Enrique Martínez y Martínez.
Algunas familias actuando de buena fe y con la confianza de tener en sus manos el “Título de Propiedad” y la solemnidad del acto en que se les fue entregado el contrato de compraventa, creyeron haber tenido la Propiedad de sus viviendas, pagando las aportaciones por parte de sus patrones al INFONAVIT; otras tantas familias dejaron de hacer aportaciones por falta de trabajo y oportunidades; mientras que existen otras que están en posesión pacífica y de buena fe de su vivienda. En todos y cada uno de los casos mencionados, las familias están dispuestas a la reestructuración del crédito y realizar los pagos contando o no con empleo. Las familias durante los últimos años buscaron un acercamiento con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ahora éste exige el pago de enganche y un alto costo de la vivienda sin respetar el costo inicial establecido en el contrato de compraventa, tomando a las familias en general como posesionarios sin fundamento alguno.
Del 15 al 19 de octubre, autoridades del Ayuntamiento de Monclova ofrecieron ser mediación entre las familias del Fraccionamiento San Miguel e INFONAVIT y SCRAP II. El lunes 20 de octubre, después de casi dos horas, en espera de ser atendidas por el Secretario del Ayuntamiento, Josué Martínez Cortés, con la finalidad de seguir en el proceso de negociación, las familias no fueron recibidas. Por tal motivo, se manifestaron de manera pacífica y pública bloqueando las calles Zaragoza y Carranza de la ciudad de Monclova, Coahuila en demanda de justicia por las amenazas del despojo de viviendas y por la nula respuesta que han recibido por parte de autoridades municipales ante la problemática que atraviesan. Posteriormente llegaron al lugar aproximadamente 50 elementos de la Policía Municipal de ambos sexos para retirar de manera violenta a las mujeres que protestaban. El enfrentamiento terminó en golpes por parte de las y los policías que agredieron físicamente a las mujeres, quienes se mostraron indefensas e indignadas ante la reacción de los preventivos.
El pasado miércoles 22 de octubre del año en curso, el Subsecretario de Gobierno Sigfrido Macias acudió al Fraccionamiento para escuchar a las familias afectadas, a quien le solicitaron que el Gobierno del Estado promueva las gestiones para que se pueda reestructurar la deuda de los créditos que les otorgó INFONAVIT, mismo que hoy en día les está exigiendo pagos mensuales muy elevados. Las jefas de familia hicieron entrega al Subsecretario de Gobierno los oficios de notificación de embargo que han recibido de SCRAP II. Por su parte, el Subsecretario señaló que el INFONAVIT no depende del gobierno estatal, sin embargo se comprometió a gestionar conforme a derecho ante autoridades y compañías correspondientes en bien de las familias afectadas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios ha dado acompañamiento al proceso del derecho a una vivienda digna, que asesora sistemáticamente Voces de Esperanza A.C. y que enfrentan desde hace varias semanas las colonas y los colonos del Fraccionamiento San Miguel.
El Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios ve con suma preocupación que la titular del Ayuntamiento de Monclova haya usado la fuerza pública como camino para resolver una inconformidad ciudadana, y hacemos de su conocimiento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que “los sectores más empobrecidos de nuestro hemisferio confrontan políticas y acciones discriminatorias, su acceso a información sobre la planificación y ejecución de medidas que afectan sus vidas diarias es incipiente y en general los canales tradicionales de participación para hacer públicas sus denuncias se ven muchas veces cercenados. Ante este escenario, en muchos países del hemisferio, la protesta y movilización social se han constituido como herramientas de petición a la autoridad pública y también como canales de denuncias públicas sobre abusos o violaciones a los derechos humanos”.
El Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios se pronuncia a favor de los Derechos Humanos con fundamento en el artículo 4, párrafo 5to., de nuestra Carta Magna que a la letra dice: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.” Así como los artículos 3 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a la letra dicen: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Y “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
Por todo lo anterior, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, solicita a los respectivos niveles del poder Ejecutivo:
PRIMERO.- Se investigue exhaustivamente respecto a la situación de cada familia afectada del Fraccionamiento San Miguel, y se brinde la protección en pro del patrimonio familiar y el derecho a la vivienda digna.
SEGUNDO.- Se respete la protesta social al no criminalizarla, y se sancione a los funcionarios públicos que utilizaron a las fuerzas policíacas en contra de la población civil que se manifestó el 22 de octubre, en las calles de Zaragoza y Carranza, en la ciudad de Monclova, Coahuila.
Silvia Canto Celis
Directora
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C.
24 de Octubre de 2008
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