Matilde Pérez U.
Por el incremento de 65 por ciento en el costo de los fertilizantes, 43 en combustibles y 30 por ciento en semillas –entre abril del año pasado y de 2008–, reducción de los créditos y cambios en las reglas de operación que prácticamente paralizaron el acceso de los campesinos a los recursos de los programas productivos, un millón 100 mil hectáreas de maíz se dejaron de sembrar, según datos de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA).“De seguir en un escenario inercial, es decir, sin aplicar los principios establecidos en la Constitución y en sus leyes derivadas, como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la dependencia de las importaciones agroalimentarias será cada vez mayor, además de que en lo interno, el gran riesgo está en el desabasto y en un gran descontento de amplios sectores sociales de la sociedad mexicana”, sostuvo Octavio Jurado Juárez, coordinador técnico de AMSDA.
Las importaciones de maíz, arroz, soya y sorgo provienen en casi su totalidad de Estados Unidos; en 2005, se compraron en el exterior 47.6 millones de toneladas de granos y oleaginosas frente a una producción interna de casi 30 millones; para 2010 se estima que las importaciones ascenderán a 51.4 millones de toneladas y la producción interna será de 30.5 millones de toneladas, la cual en los próximos dos lustros se incrementará en medio millón de toneladas, en tanto el volumen de las compras externas se elevará en casi 4 millones de toneladas.
“Por la escasez de granos en el mundo, México se acerca peligrosamente a padecer hambruna, pues ha perdido su autonomía e independencia alimentarias”, dijo el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Senadores, Heladio Ramírez López.
Asentó que la producción nacional de alimentos únicamente cubre las dos terceras partes de la demanda interna, y eso ha llevado a que la importación de granos básicos – maíz, arroz, trigo y sorgo– sea “una realidad y obligación, y además hay un impacto en los precios finales de dichos productos con una espiral inflacionaria de pronóstico reservado”.
En esta crisis alimentaria, agregó, los perdedores no solamente son los productores, sino también los consumidores, pues han reducido el consumo de los alimentos hasta el límite de su capacidad adquisitiva, siempre por debajo del crecimiento de los precios y de la inflación.
Jurado Juárez expuso que en diciembre de 2007 la inflación general –de acuerdo con el Banco de México– fue de 3.76 por ciento y la de alimentos de 5.83; en junio de este año, la general fue de 5.26 por ciento y la de alimentos de 9.51. Se pronunció en favor de una política integral para atender la emergencia alimentaria en el país, que contemple legislar sobre la temporalidad de los programas, definiendo mínimos de tres a cuatro años e identificando con precisión a qué van dirigidos y su ciclo de ejecución; vincular los programas sustantivos a esquemas de acceso al financiamiento; establecer fondos de contingencia dirigidos a la población de menores ingresos, y promover mesas de trabajo entre sociedad, Federación y gobiernos de los estados para definir el ámbito de atribuciones y facultades que permitan una mejor atención a la sociedad rural.
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