“En el mundo tendrán tribulación,
pero ¡ánimo!: yo he vencido al mundo” (Jn 16,33)
Ante el escenario tan delicado que vivimos en Coahuila y en vísperas de un proceso electoral para la renovación del Congreso Estatal, los agentes de Pastoral Social de las Diócesis de Piedras Negras y Saltillo quienes formamos la Pastoral de la Movilidad Humana, Pastoral Laboral, Pastoral Penitenciaria, Proyectos Alternativos y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C., que participamos en la Asamblea Provincial de Pastoral Social, acompañados por Fr. Raúl Vera, O.P. miembro de la Coordinación de esta Área, y los integrantes del Centro de Derechos Humanos Juan Geradi, A.C. queremos expresar lo siguiente:Consideramos que un proceso electoral para renovar el Congreso local que estamos viviendo, es una oportunidad para fortalecer nuestras estructuras democráticas como entidad federativa.
Los procesos electorales ofrecen a los partidos políticos espacios estratégicos para aportar su contribución al fortalecimiento de la democracia en el Estado, y preparar así al pueblo coahuilense un camino seguro hacia la paz, que pasa por la justicia y el respeto al estado de derecho.
La próxima legislatura tiene ante sí el vasto horizonte de la transformación social y política que el Estado requiere, con reformas legislativas audaces que restablezcan la seguridad, y garanticen un verdadero progreso en la entidad.
Con preocupación vemos que del presente proceso electoral no están ausentes las clásicas estrategias de compra del voto y la coerción. Los coahuilenses fueron testigos de precampañas políticas de funcionarios todavía en el ejercicio de sus cargos, usando los recursos públicos para ese propósito; se ha venido formalizando el compromiso del voto cautivo en distintos ambientes, aprovechando la vulnerabilidad en la que el mismo sistema político ha colocado a la ciudadanía. Está por ejemplo el caso de la utilización de los jóvenes en esta campaña, que ante un futuro incierto están recibiendo la promesa de becas, siempre y cuando participen en las campañas y por supuesto den su voto a determinado candidato; a los burócratas que tienen la urgente necesidad de conservar un puesto de trabajo, bajo la amenaza de perderlo, se les obliga no sólo al voto para un determinado candidato, sino al proselitismo político; inclusive está sucediendo esto en algunos espacios de trabajo en la iniciativa privada.
Estas prácticas no sólo atentan contra el Derecho Constitucional que garantiza la plena libertad de participación y un ambiente sin presiones al ir a votar, sino que reflejan una concepción muy pobre de la política y de lo que es el Estado. Quienes acuden a este tipo de estrategias entienden el quehacer político como búsqueda de poder, prescindiendo de todo marco ético. La característica más generalizada de un sistema de este tipo es la corrupción, sus resultados son el estancamiento social y la ausencia de los valores propios de la democracia: el espíritu de servicio, el respeto de la dignidad humana, la verdad y la libertad, la equidad y la justicia que garantizan el progreso integral a cada persona y a todo el conjunto social, el respeto a los derechos humanos, etc.
Aún cuando los procesos electorales no constituyen el único elemento de la democracia, son momentos significativos para que los electores participen en una auténtica construcción de ciudadanía, que trace un proyecto de estado y de país que mejore las condiciones sociales, económicas y culturales, especialmente de los más desfavorecidos.
En este momento crítico de la realidad de nuestro estado, delante de este proceso electoral, debemos tener claridad acerca de la función de los diputados. No les toca proporcionar bienes materiales, ni bienestar con la construcción de avenidas, ni pozos, ni alumbrado, ni servicios de este tipo. Lo que sí les corresponde como legisladores es supervisar a los poderes ejecutivo y judicial, pedirles cuentas para que no cometan abusos, aprobar los presupuestos y supervisar que se administren nuestros recursos con honestidad y equidad para toda la ciudadanía. Tienen que presentar iniciativas de ley y proyectos a largo, mediano y corto plazo para recuperar la seguridad en el Estado, para readquirir la calidad de la educación, para superar la pobreza, abatir el desempleo, etc. Proyectos que contengan las estrategias que se van a poner en práctica para alcanzar los fines que se proponen, no promesas vacías y demagógicas.
No podemos callar un aspecto que constituye una verdadera amenaza contra la paz social y contrarresta totalmente la finalidad que tiene la renovación del poder legislativo local, nos referimos a la intervención del crimen organizado en las campañas electorales cuando los partidos y los mismos candidatos lo permiten. Hablamos de esto en base a los signos evidentes de que en Coahuila está creciendo la presencia de este tipo de grupos.
Los análisis realizados en los países donde estos grupos se han ido apoderando del control social y político, sustituyendo la autoridad de los funcionarios públicos, demuestran que uno de los caminos que utilizan son los procesos electorales, a través del financiamiento de las campañas políticas, aprovechando el poco o nulo control que las autoridades electorales tienen, para identificar la procedencia de los recursos financieros utilizados en dichas campañas.
Ante este riesgo, hacemos un llamado a todas las instancias electorales y a los dirigentes de los partidos políticos a nivel estatal, a ser los primeros en preocuparse de que en Coahuila este proceso electoral no se ponga al servicio de la impunidad y la violencia, y que con actitud patriótica responsable sancionen con el debido rigor al candidato que resulte cómplice del crimen organizado, aún cuando haya salido electo, y a las personas del partido respectivo que resulten implicadas en la complicidad. A los candidatos a los puestos de elección popular les decimos que si han recibido apoyos de dinero proveniente de la delincuencia organizada y salieran electos, van a someterse ustedes mismos y toda la ciudadanía, a los intereses de esos grupos.
A la ciudadanía le pedimos que no acepten las clásicas dádivas y los regalos con los que se intente comprar su voto, pues pueden estar contribuyendo al establecimiento de estructuras corruptas que provocan la inseguridad y el caos social. También los exhortamos a que presten atención a las evidencias probadas de algún candidato que desde otro puesto público haya permitido el crecimiento de la delincuencia organizada, pues de esos compromisos muy difícilmente se va a liberar, aún cuando aspire a un puesto de mayor influencia.
Para los electores el presente proceso es un desafío a la madurez ciudadana, es una oportunidad de participar en la construcción social, ejerciendo sus derechos cívicos con espíritu crítico, con un discernimiento serio sobre la calidad moral y capacidad de las personas que los Partidos Políticos presentan como candidatos. Primero tienen que obedecer la voz de su conciencia, por eso el voto es libre y secreto.
En estos momentos encomendamos a todo el Estado de Coahuila a la intercesión poderosa de Nuestra Señora de Guadalupe, para que Dios nos llene a todas y todos de la fortaleza y la sabiduría necesarias para enfrentar este compromiso histórico.
Saltillo, Coahuila a 12 de octubre de 2008
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