Vista virtual del proyecto promovido por el especulador de tierras Abel Guerra, siendo funcionario del gobierno priísta de José Natividad González Parás, que acaba de refrendar su presencia entre el electorado al encumbrar a su delfín: Rodrigo Medina.
Ahora que se conoce el levantamiento de la suspensión de actividades
del Arco Vial Sureste (AVS), realizada por la Profepa, se debe tener
presente que las Denuncias Populares contra el AVS tienen relación con
el incumplimiento de las condicionantes para mitigar el impacto
ambiental (por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales), el
incumplimiento en la rendición de informes, el inicio de actividades
de cambio de uso de suelo sin efectuar medidas de mitigación, la
ampliación indebida de la vigencia de la autorización de impacto
ambiental, así como diferencias en el área autorizada para el cambio
de uso de suelo y la requerida por el gobierno de Nuevo León.
Por su parte, la Profepa suspendió el AVS, ignorando los hecho
denunciados por personas interesadas, suspendiendo el proyecto por "no
acreditamiento de propiedad y no exhibición de los permisos para
cambio de uso de suelo de terrenos forestales", además de las
diferencias en el área autorizada para el cambio de uso de suelo; como
se observa, esa Procuraduría nunca atendió la totalidad de las
irregularidades señaladas en las denuncias ciudadanas.
La Procuraduría solo se intereso en que el Gobierno local acreditara
la posesión de los terrenos afectados ubicados en la Sierra, y nunca
en el daño ambiental realizado en ese territorio, donde fueron
removidos kilómetros de vegetación forestal con alto grado de
conservación, sin perturbaciones o impactos negativos.
Las personas denunciantes allegaron a la Procuraduría evidencias
gráficas y documentales donde se evidenció que el Gobierno de Nuevo
León inició obras en la zona, que no realizó medidas de mitigación
previas a los desmontes, que la Semarnat amplio la vigencia de la
autorización de impacto ambiental indebidamente y esas irregularidades
fueron ignoradas por esa autoridad.
Para suspender el proyecto, la Profepa nunca consideró el daño
ambiental que se ocasiono en la Sierra de la Silla, haciendo a un lado
su responsabilidad de sancionar cualquier acción que afecte los
recursos naturales; el AVS fue un pretexto para afectar a rivales
políticos, la suspensión nunca fue para establecer medidas preventivas
que protegiesen la diversidad de vida en la Sierra de la Silla y si
para el interés partidista de quienes promovieron la inhabilitación.
Hay un engaño por parte de la Profepa hacia las personas que
interpusimos las Denuncias Populares, porque se comunicó públicamente
que el AVS se suspendía en atención a denuncias ciudadanas, mentira
que se descubre cuando ninguno de los delitos denunciados ha sido
sancionado, cuando el daño ecológico no fue castigado.
¿Cuales son las medidas de restauración ecológica que la Profepa dictó
para resarcir los kilómetros de vegetación forestal removida?.
¿Que sanciones aplicó esa dependencia por el incumplimiento de las
medidas de mitigación del impacto ambiental?
Ninguna, por que la protección de ecosistemas o de recursos naturales,
en este caso, no es prioridad para la Profepa, ellos tienen la
información en su posesión para sancionar a los promotores de ese
proyecto, y no celebrar simulaciones en las que se "castiga" para que
ulteriormente a las elecciones, todo siga como si nada ocurriese y los
permisos sigan vigentes.
Las personas interesadas seguimos organizadas sobre el asunto del AVS,
es una realidad que la reactivación del proyecto no tiene sustento,
así se ha demostrado claramente, la Profepa es una autoridad que no
realiza correctamente su trabajo, escudándose en que son pocas
personas para atender las denuncias, pero la ciudadanía ha cubierto
esa deficiencia, sin encontrar respuesta por parte de esa autoridad;
engaño y burla se han recibido de esos oficiales del gobierno federal,
nunca han tenido la capacidad y voluntad de proteger la diversidad de
vida en la Sierra de la Silla, otros son sus intereses, siempre
políticos y totalmente distanciados de la exigencia ciudadana y de lo
que debe ser su objetivo de trabajo.
Antonio Hernández Ramírez.
del Arco Vial Sureste (AVS), realizada por la Profepa, se debe tener
presente que las Denuncias Populares contra el AVS tienen relación con
el incumplimiento de las condicionantes para mitigar el impacto
ambiental (por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales), el
incumplimiento en la rendición de informes, el inicio de actividades
de cambio de uso de suelo sin efectuar medidas de mitigación, la
ampliación indebida de la vigencia de la autorización de impacto
ambiental, así como diferencias en el área autorizada para el cambio
de uso de suelo y la requerida por el gobierno de Nuevo León.
Por su parte, la Profepa suspendió el AVS, ignorando los hecho
denunciados por personas interesadas, suspendiendo el proyecto por "no
acreditamiento de propiedad y no exhibición de los permisos para
cambio de uso de suelo de terrenos forestales", además de las
diferencias en el área autorizada para el cambio de uso de suelo; como
se observa, esa Procuraduría nunca atendió la totalidad de las
irregularidades señaladas en las denuncias ciudadanas.
La Procuraduría solo se intereso en que el Gobierno local acreditara
la posesión de los terrenos afectados ubicados en la Sierra, y nunca
en el daño ambiental realizado en ese territorio, donde fueron
removidos kilómetros de vegetación forestal con alto grado de
conservación, sin perturbaciones o impactos negativos.
Las personas denunciantes allegaron a la Procuraduría evidencias
gráficas y documentales donde se evidenció que el Gobierno de Nuevo
León inició obras en la zona, que no realizó medidas de mitigación
previas a los desmontes, que la Semarnat amplio la vigencia de la
autorización de impacto ambiental indebidamente y esas irregularidades
fueron ignoradas por esa autoridad.
Para suspender el proyecto, la Profepa nunca consideró el daño
ambiental que se ocasiono en la Sierra de la Silla, haciendo a un lado
su responsabilidad de sancionar cualquier acción que afecte los
recursos naturales; el AVS fue un pretexto para afectar a rivales
políticos, la suspensión nunca fue para establecer medidas preventivas
que protegiesen la diversidad de vida en la Sierra de la Silla y si
para el interés partidista de quienes promovieron la inhabilitación.
Hay un engaño por parte de la Profepa hacia las personas que
interpusimos las Denuncias Populares, porque se comunicó públicamente
que el AVS se suspendía en atención a denuncias ciudadanas, mentira
que se descubre cuando ninguno de los delitos denunciados ha sido
sancionado, cuando el daño ecológico no fue castigado.
¿Cuales son las medidas de restauración ecológica que la Profepa dictó
para resarcir los kilómetros de vegetación forestal removida?.
¿Que sanciones aplicó esa dependencia por el incumplimiento de las
medidas de mitigación del impacto ambiental?
Ninguna, por que la protección de ecosistemas o de recursos naturales,
en este caso, no es prioridad para la Profepa, ellos tienen la
información en su posesión para sancionar a los promotores de ese
proyecto, y no celebrar simulaciones en las que se "castiga" para que
ulteriormente a las elecciones, todo siga como si nada ocurriese y los
permisos sigan vigentes.
Las personas interesadas seguimos organizadas sobre el asunto del AVS,
es una realidad que la reactivación del proyecto no tiene sustento,
así se ha demostrado claramente, la Profepa es una autoridad que no
realiza correctamente su trabajo, escudándose en que son pocas
personas para atender las denuncias, pero la ciudadanía ha cubierto
esa deficiencia, sin encontrar respuesta por parte de esa autoridad;
engaño y burla se han recibido de esos oficiales del gobierno federal,
nunca han tenido la capacidad y voluntad de proteger la diversidad de
vida en la Sierra de la Silla, otros son sus intereses, siempre
políticos y totalmente distanciados de la exigencia ciudadana y de lo
que debe ser su objetivo de trabajo.
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