El recurso preveía encarar brotes como el de A/H1N1, denuncia Transparencia Nacional
Lo ocurrido en México, “descuido imperdonable” de sus encargados de salud, clama la ONG
La omisión y falta de diligencia en el desarrollo y creación de antivirales para enfrentar brotes cíclicos de enfermedades respiratorias, como el ocurrido en mayo pasado con la cepa A/H1N1, fue el signo de la actuación, durante dos años, de Juan Molinar Horcasitas al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y su director de Planeación y Finanzas, Daniel Karam, denunció Gabriel Reyes Orona, presidente de la organización Transparencia Nacional.
“El exceso de las medidas adoptadas por el gobierno de Felipe Calderón para enfrentar los efectos de la enfermedad, en ningún otro lugar del mundo se han observado, porque los países afectados cuentan con la infraestructura y medicamentos suficientes para resolver los casos que se les presentan. ¿En qué país se han paralizado las actividades económicas y productivas de los ciudadanos? Lo que ha sucedido en México es un descuido imperdonable de sus encargados de salvaguardar la salud y seguridad social de la población. Si estuviéramos en Noruega, Estados Unidos, España o Francia, los responsables de una omisión como ésta ya estarían en la cárcel ipso facto”, refirió el abogado.
Recursos suficientes para investigación
La probable responsabilidad de los funcionarios en cuestión se fundamentaría así: en junio de 2002 la Ley de Ciencia y Tecnología contempló canalizar recursos suficientes para investigación y articular esfuerzos con la comunidad científica para preparar al país ante brotes de enfermedades contagiosas que, según la Organización Mundial de la Salud, se presentarían en la primera década del siglo XXI.
En 2004, el secretario de Salud, Julio Frenk, señaló que era la necesaria la creación de reservas de antivirales, y la compra de vacunas para el anunciado brote cíclico de enfermedades respiratorias.
Y, con fundamento en el artículo 251 de la Ley del IMSS, se obligaba al instituto a promover y propiciar la investigación en salud y seguridad social.
El contrato 16332-3 –del cual se tiene copia– del fideicomiso para la constitución y administración del Fondo de Investigación en Salud, suscrito en agosto de 2008, da cuenta de que el Consejo Técnico del IMSS dictó el acuerdo número 21/2006, del 25 de enero de 2006, mediante el cual determinó autorizar al director general para que, por conducto del director de Prestaciones Médicas del instituto, se instrumentaran las acciones necesarias para que el Fondo para el Fomento de la Investigación Médica, bajo responsabilidad de la Coordinación de Investigación, en Salud, “opere bajo la figura jurídica de fideicomiso”, conforme a la Ley de Ciencia y Tecnología, e instruir a la Dirección de Planeación y Finanzas a efecto de emprender los trámites administrativos necesarios y determinar la institución que resultara más conveniente para la constitución del fideicomiso del fondo y a la Dirección de Prestaciones Médicas, a fin de que en coordinación con la Dirección Jurídica se elaboraran los instrumentos jurídicos necesarios para la formalización de la operación.
Una vez que los órganos de dirección fueron mandatados por el Consejo Técnico para impulsar con recursos públicos el levantamiento de laboratorios, investigación sobre epidemias y acumulación de antivirales y vacunas, el consejo aprobó las reglas de operación de los Fondos de Investigación en Salud.
Trasparencia Nacional advierte que “no obstante la alerta sobre posibles brotes epidemiológicos, ni Fernando Flores, ni Juan Molinar ni Daniel Karam hicieron nada en dos años para cumplir con las instrucciones del Consejo Técnico, a sabiendas de la inminente epidemia cíclica de enfermedades respiratorias virales”.
Fue hasta el 15 de agosto de 2008 cuando finalmente se formalizó el contrato entre el fideicomitente, el IMSS, y la fiduciaria, que recayó en Banamex. Desde entonces “el gobierno de Felipe Calderón mantuvo intactos los recursos públicos en un fideicomiso administrado por un banco privado, el más favorecido por los gobiernos panistas, y del cual no se ha movido, hasta ahora, para impulsar y promover la investigación en el área de antivirales”.
Pese a que el IMSS intentó ocultar que la fiduciaria era Banamex, el hecho se confirmó una vez que Transparencia Nacional solicitó la información.
“No se ha informado cuánto dinero le entregaron a Banamex, ni qué ha hecho el banco con el dinero. Se autorizó que los recursos destinados pudieran ser invertidos en instrumentos en favor de Banamex.”
Aun así, la naturaleza del fideicomiso se omitió en los meses anteriores al brote de influenza, sin que los recursos allí existentes se ocuparan para la investigación, como lo refiere el contrato:
“El fideicomiso tiene como finalidad administrar los recursos a efecto de que se destinen a canalizar los apoyos financieros otorgados para actividades de investigación científica, tecnológica y de salud; innovación y desarrollo tecnológicos, así como para la formación de recursos humanos especializados, becas, divulgación científica y tecnológica, creación, fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos y la infraestructura relacionada con la investigación científica y el desarrollo tecnológico en salud”.
Lo ocurrido en México, “descuido imperdonable” de sus encargados de salud, clama la ONG
Un instante en la central de autobuses de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, durante la contingencia sanitaria por el rebrote del virus A/H1N1">Foto Moysés Zúñiga Santiago
Roberto Garduño
La omisión y falta de diligencia en el desarrollo y creación de antivirales para enfrentar brotes cíclicos de enfermedades respiratorias, como el ocurrido en mayo pasado con la cepa A/H1N1, fue el signo de la actuación, durante dos años, de Juan Molinar Horcasitas al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y su director de Planeación y Finanzas, Daniel Karam, denunció Gabriel Reyes Orona, presidente de la organización Transparencia Nacional.
“El exceso de las medidas adoptadas por el gobierno de Felipe Calderón para enfrentar los efectos de la enfermedad, en ningún otro lugar del mundo se han observado, porque los países afectados cuentan con la infraestructura y medicamentos suficientes para resolver los casos que se les presentan. ¿En qué país se han paralizado las actividades económicas y productivas de los ciudadanos? Lo que ha sucedido en México es un descuido imperdonable de sus encargados de salvaguardar la salud y seguridad social de la población. Si estuviéramos en Noruega, Estados Unidos, España o Francia, los responsables de una omisión como ésta ya estarían en la cárcel ipso facto”, refirió el abogado.
Recursos suficientes para investigación
La probable responsabilidad de los funcionarios en cuestión se fundamentaría así: en junio de 2002 la Ley de Ciencia y Tecnología contempló canalizar recursos suficientes para investigación y articular esfuerzos con la comunidad científica para preparar al país ante brotes de enfermedades contagiosas que, según la Organización Mundial de la Salud, se presentarían en la primera década del siglo XXI.
En 2004, el secretario de Salud, Julio Frenk, señaló que era la necesaria la creación de reservas de antivirales, y la compra de vacunas para el anunciado brote cíclico de enfermedades respiratorias.
Y, con fundamento en el artículo 251 de la Ley del IMSS, se obligaba al instituto a promover y propiciar la investigación en salud y seguridad social.
El contrato 16332-3 –del cual se tiene copia– del fideicomiso para la constitución y administración del Fondo de Investigación en Salud, suscrito en agosto de 2008, da cuenta de que el Consejo Técnico del IMSS dictó el acuerdo número 21/2006, del 25 de enero de 2006, mediante el cual determinó autorizar al director general para que, por conducto del director de Prestaciones Médicas del instituto, se instrumentaran las acciones necesarias para que el Fondo para el Fomento de la Investigación Médica, bajo responsabilidad de la Coordinación de Investigación, en Salud, “opere bajo la figura jurídica de fideicomiso”, conforme a la Ley de Ciencia y Tecnología, e instruir a la Dirección de Planeación y Finanzas a efecto de emprender los trámites administrativos necesarios y determinar la institución que resultara más conveniente para la constitución del fideicomiso del fondo y a la Dirección de Prestaciones Médicas, a fin de que en coordinación con la Dirección Jurídica se elaboraran los instrumentos jurídicos necesarios para la formalización de la operación.
Una vez que los órganos de dirección fueron mandatados por el Consejo Técnico para impulsar con recursos públicos el levantamiento de laboratorios, investigación sobre epidemias y acumulación de antivirales y vacunas, el consejo aprobó las reglas de operación de los Fondos de Investigación en Salud.
Trasparencia Nacional advierte que “no obstante la alerta sobre posibles brotes epidemiológicos, ni Fernando Flores, ni Juan Molinar ni Daniel Karam hicieron nada en dos años para cumplir con las instrucciones del Consejo Técnico, a sabiendas de la inminente epidemia cíclica de enfermedades respiratorias virales”.
Fue hasta el 15 de agosto de 2008 cuando finalmente se formalizó el contrato entre el fideicomitente, el IMSS, y la fiduciaria, que recayó en Banamex. Desde entonces “el gobierno de Felipe Calderón mantuvo intactos los recursos públicos en un fideicomiso administrado por un banco privado, el más favorecido por los gobiernos panistas, y del cual no se ha movido, hasta ahora, para impulsar y promover la investigación en el área de antivirales”.
Pese a que el IMSS intentó ocultar que la fiduciaria era Banamex, el hecho se confirmó una vez que Transparencia Nacional solicitó la información.
“No se ha informado cuánto dinero le entregaron a Banamex, ni qué ha hecho el banco con el dinero. Se autorizó que los recursos destinados pudieran ser invertidos en instrumentos en favor de Banamex.”
Aun así, la naturaleza del fideicomiso se omitió en los meses anteriores al brote de influenza, sin que los recursos allí existentes se ocuparan para la investigación, como lo refiere el contrato:
“El fideicomiso tiene como finalidad administrar los recursos a efecto de que se destinen a canalizar los apoyos financieros otorgados para actividades de investigación científica, tecnológica y de salud; innovación y desarrollo tecnológicos, así como para la formación de recursos humanos especializados, becas, divulgación científica y tecnológica, creación, fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos y la infraestructura relacionada con la investigación científica y el desarrollo tecnológico en salud”.
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